Reclamaciones a la Administración Pública

Cómo y cuándo reclamar. Requisitos y proceso.

La Administración debe responder por los daños y perjuicios que ocasionen a los ciudadanos por el funcionamiento de los servicios públicos,todo ciudadano tiene derecho a reclamar ante la Administración y también a que esta le indemnice, si le causa un perjuicio. Pero esto no es fácil, hay que saber cuándo y cómo reclamar o ir a los tribunales para interponer un recurso contra la Administración Pública.

La obligación de indemnizar por el daño que sufran (en bienes o derechos) recae sobre cualquier tipo de administración pública, ya sea Administración General del Estado, comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos y cualquier entidad vinculada o dependiente de otras administraciones públicas.

Los perjuicios que puede causar la Administración son de muy diversa índole y tienen la consideración de un funcionamiento anormal de un servicio público. En estos casos, el ciudadano debe reclamar y dirigir la reclamación contra el órgano administrativo que les haya perjudicado, ya sea el ayuntamiento, la diputación, etc.

Para poder reclamar, el daño o perjuicio sufrido por un ciudadano tiene que ser evaluable económicamente e individualizado en una persona o grupo de personas, debe proceder directamente de una actuación negligente de la Administración Pública y se tiene que probar la relación de causalidad entre el daño y la Administración Pública.

Para reclamar, hay que presentar una reclamación de responsabilidad patrimonial ante el organismo administrativo que se crea que es responsable del daño en el plazo de un año desde que se produce el hecho. Si hay un daño físico o psíquico, este periodo empieza a computarse desde la curación o desde el momento en que se determine el alcance que tienen las secuelas del daño. En esta debe identificar con claridad a la persona que sufrió la lesión y especificar cuál fue el daño o lesión concretos que padeció. Junto a ella hay que adjuntar todas las pruebas de las que se disponga, según el tipo de daño que haya causado la Administración y se presentará en los registros de cualquier órgano administrativo de la Administración General del Estado o de cualquier administración de las comunidades autónomas (puede hacerse asimismo por correo o en las oficinas consulares en el extranjero).

La Administración tiene que resolver el expediente en el plazo máximo de seis meses desde que el escrito de la reclamación entra en el registro. Si la Administración no resuelve el expediente en este plazo, se debe entender que se trata de un silencio administrativo, es decir, que la pretensión de la persona ha sido desestimada.

Si desde la Administración se deniega la indemnización, se puede interponer un recurso ante los juzgados y tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa a través de un abogado. El plazo para hacerla será de dos meses desde que se produjo la notificación de la resolución.

Nuestra recomendación es que, ante cualquier duda, consulte a su abogado de confianza.