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Es costumbre, en nuestro despacho profesional, invitar a las partes a que se tomen su tiempo antes de decidir “romper con todo”. Hay veces en las que no hay vuelta atrás, son ya demasiadas discusiones en presencia de los hijos menores y las lineas rojas se han cruzado muchas veces. Sólo en este caso es cuando procede apostar por la separación o por el divorcio. En el primer caso, el matrimonio “sigue vivo”. Es decir: Los cónyuges siguen unidos en matrimonio pero viven legalmente separados. Es preciso establecer medidas temporales para regular la convivencia con los hijos menores y/o medidas de carácter económico en caso de desequilibrios graves. «¿Cómo me veré yo en un techo distinto y cómo me las apañaré para ver a los niños?» Si optamos por ésta vía, lo ideal, es que vayamos “de la mano” a un abogado con una idea preconcebida de «¿cómo me veré yo en un techo distinto y cómo me las apañaré para ver a los niños?» De ser imposible el acuerdo, siempre acudir a un abogado de confianza para sentar unas lineas directrices para regular vida por separado, medidas con los hijos, y destino del patrimonio común —casi nada—. Si es evidente que no hay vuelta atrás en una relación “hiper-deteriorada”: Hay que romper el vínculo conyugal a través del divorcio. De nuevo: Mejor tener clara la hoja de ruta; y, si no es posible, tu abogado de confianza la diseñará. En los tiempos que corren no es tan traumático como hace veinte años romper con la relación matrimonial. Gracias que ya no existen estigmas sociales que señalaban a la mujer como culpable “por destrozar una familia”. Un recorrido a nuestro derecho penal anterior a 1973 nos puede llegar a dar escalofríos. Ya no existen estigmas sociales que señalaban a la mujer como culpable “por destrozar una familia”. Una de las mejoras legislativas de la “era Zapatero”, siendo absolutamente imparciales y objetivos, fue la posibilidad de solicitar el divorcio sin necesidad de “dar explicaciones a un Juez”. Se dejaron sin contenido algunos artículos del código civil relativos a las causas de la separación y divorcio, lo que, desde luego, con el transcurso del tiempo ha demostrado ser un acierto legislativo. No tenemos que probar que nos divorciamos, por ejemplo, por que el padre “corrompía a nuestros hijos o se fue de casa”. En la práctica, cuando asistimos a un juicio de divorcio contencioso ninguno de los progenitores lo pasa bien. Se entremezclan cuestiones jurídicas con asuntos muy sentimentales. Imagínense si, además, hay que demostrar la culpa del otro por “haberse portado mal”. Hoy, Dios gracias, lo que le preocupa tanto al legislador, como al Fiscal, como al Juez, es “el bienestar del menor”. Esa es la luz que hay que buscar cuando naveguemos por estas aguas.

Vivo en un inmueble con varios copropietarios ¿Quién debe pagar? Conforme a lo dispuesto en el artículo 392, esta situación se da cuando la propiedad de una cosa o un derecho pertenece pro indiviso a varias personas. Sin embargo, determinadas partes de un edificio o local pueden ser objeto de un aprovechamiento independiente. En nuestro caso, la terraza forma parte del inmueble con distintos copropietarios, pero por tener un acceso propio a este espacio, me corresponde el uso privativo de la terraza. Asimismo, esta terraza tiene la doble condición de ser un elemento comunitario con uso privativo. ¿Quién debe responder de las reparaciones en caso de humedades en una terraza de uso privativo? La Ley 49/1960 de propiedad horizontal menciona en su artículo 9.1 b) que corresponde a cada uno de los propietarios el deber de “mantener en buen estado de conservación su propio piso o local e instalaciones privativas, en términos que no perjudiquen a la comunidad o a los otros propietarios, resarciendo los daños que ocasione por su descuido o el de las personas por quienes deba responder.” Se deduce que corresponde al propietario las cargas derivadas del mantenimiento del espacio privado. Por otro lado, la conservación y el mantenimiento de los elementos comunes corresponden a la comunidad de propietarios (artículo 10 1. Ley de Propiedad Horizontal). . .   A quien corresponde el pago Entonces, para determinar a quien corresponde el pago de las reparaciones, la jurisprudencia ha realizado una distinción según la causa que ha originado el daño, como lo afirma la siguiente sentencia, dictada por la Audiencia Provincial de Huelva, sección 1ª, de 11 de enero de 2001: “Como suelo de la terraza y el perímetro que delimita, es una parte de cada vivienda y por lo mismo, es privativa. Pero como parte integrante de la estructura del edificio, como techo del piso que tiene debajo, es elemento común. De ahí que para determinar quién debe financiar la reparación, sea preciso, en cada caso, determinar la índole, la causa, o la razón de la avería. Si de lo que se trata es de reparar el suelo de la tenaza, o la barandilla, deteriorados por el transcurso del tiempo y por efecto de la intemperie, sin duda alguna será cuestión del propietario. Pero si el defecto es estructural, si afecta a la propia configuración de la terraza como elemento de la construcción, es evidente que afecta a lo común, y debe ser reparado a costa de los fondos comunes.” Como consecuencia, habrá que determinar la causa de las humedades: si proviene de un defecto estructural, las reparaciones corresponderán a la comunidad. Por lo contrario, las reparaciones debidas al propio uso de la terraza por su propietario tendrán que ser pagadas exclusivamente por éste. La determinación del responsable según el origen de la causa del daño, que se trate de la falta de mantenimiento del comunero o de un defecto estructural, podrá ser confiada a un perito especialista. ¿Cubre la comunidad los daños estéticos? Primero, hay que ver si la comunidad de bienes tiene un seguro que cubre estos daños estéticos. Si no existe, solo corresponderá a la comunidad la obligación de pagar el importe correspondiente de la retirada y reposición de elementos con características económicas similares a los elementos de origen.

Existe una gran diferencia entre ambos conceptos, y es que por contingencia común entendemos que es aquella situación en la que un trabajador, por causa de un accidente o enfermedad común no laboral, se encuentra imposibilitado para el desarrollo de su trabajo. Mientras que, la contingencia profesional se trata de un concepto que incluye la enfermedad o accidente en el ámbito laboral y por causas laborales. La Ley General de la Seguridad Social, en sus artículos 156 y 157 establece lo que se entiende por accidente y enfermedad laboral. Entendiéndose por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena, existiendo una presunción legal de que serán constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo, salvo prueba en contrario. Es decir, se traslada la carga de la prueba a la parte que alega la inexistencia de accidente laboral, teniendo que probar los extremos por los que no puede existir tal consideración.   Si sufres un accidente mientras vas o vuelves del lugar de trabajo, se considerará accidente de trabajo Por ejemplo, en el caso de que sufras un accidente mientras vas o vuelves del lugar de trabajo, se considerará accidente de trabajo. O, incluso también, será accidente laboral aquel que sufra un trabajador con ocasión del desempeño de tareas que, aun siendo distintas a las de su grupo profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa. Y, en relación a la enfermedad profesional, será la contraída a consecuencia del desarrollo de ciertas actividades laborales incluidas en el cuadro elaborado por la normativa específica y que esté provocada por la acción de los elementos que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional. Es importante analizar el caso concreto con sus circunstancias y características, y determinar si estamos ante un accidente o enfermedad laboral, ya que existen diferencias entre una prestación por incapacidad temporal de la Seguridad Social por contingencia común y una prestación por incapacidad temporal por contingencia profesional. En el supuesto de que el Instituto Nacional de la Seguridad Social mediante resolución entienda que se trata de una incapacidad temporal por contingencia común, y el trabajador considere que el accidente sufrido o enfermedad reúne carácter de laboral y no sea por circunstancias ajenas a sus funciones y puesto de trabajo, podrá impugnar dicha resolución.   Es un requisito esencial para poder acudir a la vía social, realizar previamente la reclamación administrativa Siendo requisito esencial para poder acudir a la vía social, que previamente a la interposición de la demanda se lleve a cabo una reclamación administrativa previa al organismo que dictó el acto impugnado, en nuestro caso, ante el Instituto Nacional de Seguridad Social. En todo caso, te aconsejamos acudir a tus abogados de confianza para recibir un asesoramiento completo y adecuado a tu caso particular.   ESTE TEXTO ESTÁ ELABORADO POR EMMA KADAYAN Y SUPERVISADO POR DAVID JUAN LÓPEZ.

El procedimiento monitorio se encuentra regulado en los artículos 812 a 818 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Es un procedimiento judicial idóneo para reclamar las cantidades dinerarias impagadas por cualquier deudor. Para poder iniciar un procedimiento monitorio deben concurrir ciertos requisitos, y es que, en primer lugar, la deuda debe de ser dineraria, líquida, determinada, vencida y exigible conforme al artículo 812.1 de la LEC.  En segundo lugar, se exige que se acredite la existencia de tal deuda bien mediante documentos de cualquier clase firmados por el deudor o, a través de facturas, albaranes de entrega, certificaciones, telegramas, telefax o cualquier otro documento que exprese la deuda y relación entre el acreedor y el deudor. Un pequeño esquema de lo que te puedes encontrar ante un procedimiento monitorio: El mencionado procedimiento se inicia con una petición del acreedor, si cumple con los requisitos se admite y en caso contrario se inadmite. También se puede entender que la cantidad reclamada es incorrecta, ante ello se dicta un auto planteando una propuesta de requerimiento por cantidad inferior. Al aceptarse esta propuesta se admite. En caso de no aceptarse o no pronunciarse en el plazo de 10 días, se le entiende por desistido. Al producirse la admisión, se da traslado a la parte deudora para que en el plazo de 20 días bien pague la deuda y lo acredite o bien presente escrito de oposición. En el caso de que el deudor no pague voluntariamente ni se oponga dentro del plazo concedido, el procedimiento finaliza automáticamente mediante una resolución que permitirá al demandante acudir directamente a la ejecución forzosa, en la que se podrá acordar el embargo de los bienes del demandado suficientes para abonar el total de la deuda. En relación a la oposición, la encontramos regulada en el artículo 818 LEC, lo primero que se determina es que si el deudor presenta escrito de oposición al procedimiento monitorio el asunto se resolverá en el juicio que corresponda según la cuantía de la deuda (bien ordinario, bien juicio verbal). En el escrito de oposición se podrá hacer referencia tanto a las cuestiones procesales como a las de fondo, además de aportar toda la documentación acreditativa de la pretensión que estemos ejercitando; es decir, la base documental de nuestro argumento de defensa. Podemos reconducir nuestra oposición alegando la existencia de cláusulas abusivas y, por lo tanto, nulas. Respecto a esto, tendremos en cuenta la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. Ésta entiende que todas aquellas cláusulas que favorezcan al desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes y que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas. El artículo 3.2 de la mencionada Directiva determina que: “se considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido influir sobre su contenido”. Entendiendo que hace referencia a las condiciones generales no pactadas individualmente con el deudor. Si el deudor no pagua voluntariamente, el procedimiento finaliza automáticamente mediante una resolución que permitirá al demandante acudir directamente a la ejecución forzosa Las condiciones generales incorporadas en el contrato deben cumplir una serie de controles para que no sean consideradas por ningún juez o tribunal como abusivas. La Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación hace referencia a los siguientes: Control de redacción: que exista una transparencia, claridad, concreción y sencillez para que las cláusulas puedan llegar a formar parte del contrato. Es decir, que no sean ilegibles, ambiguas o incomprensibles. Tal y como manifiesta la SAP de Zaragoza, Auto 17.10.17. Control de transparencia: exige la existencia de buena fe. Control de contenido: atendiendo a la legalidad de las cláusulas. Para finalizar, hacemos referencia a algunas sentencias que reconocen cláusulas contractuales como abusivas y nulas, no aplicables. Es el caso de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 16 de abril de 2018, EDJ 2018/528811, declara nula la cláusula de vencimiento anticipado por impago del deudor de una sola cuota, entendiendo que dicha cláusula supone un desequilibrio importante entre los derechos de las partes contratantes. Califica como poco grave el hecho de incumplir el pago de una sola cuota y, por lo tanto, desproporcionado el derecho al acreedor en este caso a exigir el cumplimiento de la totalidad de la deuda. Por otra parte, el Tribunal Supremo en su sentencia del 22 de abril de 2015, recurso 2351/2012, entiende como abusivo el interés de demora que suponga un incremento de más de 2 puntos porcentuales respecto del interés remuneratorio pactado, supondría una indemnización desproporcionada conforme al artículo 85.6 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Esta misma pronunciación la podemos encontrar en la sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén de 8 de junio de 2016, EDJ 2016/177722 y en la sentencia del Tribunal Supremo nº 671/2018, de 28 de noviembre de 2018. Si te encuentras como la parte deudora y te notifican el inicio de un procedimiento monitorio, te aconsejamos acudir a tus abogados de confianza para recibir un asesoramiento completo y adecuado a tu caso particular. Emma Kadayan

La ocupación de una vivienda por sujetos no autorizados por el propietario puede llegar a ser calificada como una conducta típica castigada por el Código Penal, concretamente entendemos que estamos ante un delito de usurpación contemplado en el artículo 245 del Código Penal, que dice lo siguiente: Artículo 245. 1. Al que con violencia o intimidación en las personas ocupare una cosa inmueble o usurpare un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena, se le impondrá, además de las penas en que incurriere por las violencias ejercidas, la pena de prisión de uno a dos años, que se fijará teniendo en cuenta la utilidad obtenida y el daño causado. 2. El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses. Hay que tener en cuenta los requisitos exigidos tanto por la ley como por la jurisprudencia para entender que realmente existe un delito de usurpación. El artículo 245.1 CP exige el uso de violencia o intimidación en las personas a la hora de ocupar la vivienda en cuestión. Para ser considerada un delito de usurpación, la ocupación debe ocasionar un perjuicio al titular del inmueble Mientras que el segundo apartado del mencionado artículo, la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales viene exigiendo que concurran los siguientes elementos: En primer lugar, el hecho de que no exista ni violencia ni intimidación al ocupar el inmueble. Que no exista ningún tipo de autorización por el propietario o simplemente que conste su voluntad contraria a la ocupación de forma expresa, ya que podríamos encontrarnos con una sentencia absolutoria en caso de que no se pudiera probar dicha voluntad contraria del propietario. Debe tratarse de un inmueble, vivienda o edificio ocupado y que no constituya morada de otra persona. Es necesario que carezca de título jurídico que legitime la posesión ya que no podemos hablar de delito de usurpación en el caso de que anteriormente haya existido un título jurídico que le habilite a ocupar la vivienda, aunque sea temporalmente o en calidad de precarista. En este último caso, lo correcto será ejercitar acciones civiles. Por último, es necesario probar la conducta dolosa del autor, es decir, que el sujeto “okupa” tenga pleno conocimiento de su falta de autorización para residir en dicha vivienda. También es importante tener en cuenta ciertas sentencias que absuelven a los denunciados del delito de usurpación como, por ejemplo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, nº 560/2018, sección 5ª. La mencionada sentencia determina que no existe delito de usurpación por la concurrencia de varios elementos: En primer lugar, la falta de interés del propietario en la posesión del inmueble durante los años de ocupación. La falta de atención por parte de la propietaria respecto a la vivienda, considerándola así una vivienda descuidada y socialmente abandonada. Por otra parte, no existe requerimiento previo de la propietaria para que se abandone el inmueble. Y, por último, el tribunal se plantea la posibilidad de establecer un alquiler social y contemplar la situación de desamparo de los denunciados. Por todo ello, es importante tener en cuenta que tal y como dice el Tribunal Supremo en su sentencia nº 800/2014, de 12 de noviembre, amparándose en el artículo 49. 3º de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: “no toda perturbación posesoria puede ser calificada como ocupación penalmente castigada, ya que la interpretación de la acción típica debe realizarse desde la perspectiva del bien jurídico protegido y del principio de proporcionalidad que informa el sistema penal”. En conclusión, para entender que nos encontramos ante un delito de usurpación, la ocupación debe ocasionar un perjuicio al titular del inmueble. Y, por lo tanto, si se llega a demostrar que realmente existe o ha existido título jurídico que autoriza dicha ocupación o que la vivienda está totalmente abandonada (desinterés del propietario) o inhabitable se puede entender que no existe delito de usurpación.

El derecho penal y los celos. El hecho fue noticia en los medios locales de las Islas Baleares:  la Audiencia Provincial de Balears condenó con un año de prisión y una multa de 2.160 euros a una mujer de Ibiza por perseguir y golpear en reiteradas ocasiones  el coche de su ex-pareja sentimental con su propio coche. Esta es la clara prueba de que los celos, cuando trascienden  aquello que dijo el clásico: “Cierto temor, tan delgado y tan sutil, que si no fuera tan vil, pudiera llamarse amor”, acarrean consecuencias que terminan discutiéndose en un escenario más sórdido: El Derecho Penal. Los tribunales no arreglarán nunca una relación sentimental La condenada dijo en sede instructora, es decir, en aquella fase del proceso penal donde se investiga el delito, que había perseguido a la amante de su ex-esposo durante «veinte kilómetros». Los coches implicados en la persecución tenían importantes desperfectos, ocasionados tras sucesivos golpes durante una conducción que la fiscalía no calificó de “temeraria”, puesto que de haberlo hecho, la condena “se habría disparado». Al final, lo que pudo terminar en algo más serio, como  un grave accidente de tráfico, acabó, como vemos en la prensa, en una condena económica y en un año de cárcel (que no es poco). Todo queda, además, en una orden de alejamiento y, a la postre, en unos antecedentes penales que, con una buena conversación y algo más de autoestima, pudieran haberse evitado. De nuevo planteamos la siguiente reflexión: Los tribunales no arreglarán nunca una relación sentimental, tan sólo están para aplicar la ley y disuadir al ciudadano para que no cometa delitos.  http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2015/01/30/ano-carcel-perseguir-golpear-coche/746255.html

El arte de la gestión de licencias en los municipios   Hace un tiempo los propietarios de un destacado restaurante vinieron a vernos a nuestro despacho para solicitar nuestra asistencia en una disputa con el Ayuntamiento de la Ciudad sobre el pago del canon exigido a raíz del espacio que este restaurante estaba utilizando para su terraza. Ese pago había sido fijado por el Municipio en 100.000 € un precio que a todas luces parecía excesivo. La situación además se complicó pues el propietario no cumplió con el plazo de alegaciones, simplemente se olvidó del asunto, lo que era una pena, porque toda alegación frente al Ayuntamiento debe ser realizada en tiempo y forma. Cuando ha transcurrido el plazo destinado a las alegaciones la Propuesta de Resolución se convierte en una Resolución Definitiva. Lo cual significa que el procedimiento económico administrativo se pone irremediablemente en marcha. En el caso concreto que recordamos esto supuso que el propietario del restaurante había perdido su derecho a interponer alegaciones por un caso que él consideraba injusto.   Recuerda: hay que deben tener mucho cuidado con los plazos para realizar alegaciones, porque si bien tenemos todo el derecho a presentarlas el factor clave es hacerlo inmediatamente o al menos dentro del plazo destinado a ello.   En el caso que estamos describiendo la situación fue que cuando el propietario solicitó nuestras ayuda nos trajo la resolución firme del Ayuntamiento lo que tornó imposible presentar la alegación correspondiente. Frente a este problema nos dedicamos a estudiar cuidadosamente la resolución, buscando puntos vulnerables que nos permitieran una estrategia alternativa para lograr los objetivos que nuestro ahora cliente nos solicitaba. Tras un detenido estudio,  detectamos que la resolución tenía un fallo que llamamos del tipo «material». A saber, la cantidad de metros tasados, ocupados por el restaurante no estaban especificados, es decir no había una escala, una entidad mensurable que permitiera medir con precisión el grado de ocupación y a partir de allí, mensurar sin controversia el pago correspondiente. Para mayor inri, el importe exigido, a saber, los 100.000 € se habían determinado con posterioridad al período de ocupación, este último punto es fundamental porque significa que el mismo Ayuntamiento primero había concedido el usufructo del espacio y posteriormente había determinado su precio. Este error nos permitió elaborar una estrategia para resolver satisfactoriamente el asunto, ya que  lo correcto tendría que haber sido que el Ayuntamiento determinara en primer lugar y con exactitud la cantidad de metros a utilizar, y posteriormente o en el mismo momento tasar los metros. Es decir, determinar las reglas del juego de tal forma que los usuarios, en ente caso nuestro cliente pudieran pagar la tasa correspondiente conociendo los costes con anterioridad a la toma de desiciones. Así pues y teniendo clara nuestra estrategia de actuación para resolver esta controversia, solo tuvimos que presentar el correspondiente Recurso de Reposición que indica la ley. Para concluir, de lo que se trata es, aún en la adversidad, buscar con cabeza fría cuál es el punto débil por donde podemos entrar y solucionar un problema o al menos minimizar los daños. El  Recurso presentado fue aceptado por el departamento jurídico del Ayuntamiento que reconoció su error, revocando inmediatamente la exigencia del pago para regocijo del propietario del restaurante y nuestro pues, justo es decirlo, nuestra mayor dicha es lograr la plena satisfacción de nuestros clientes.  Sonrisas luego de recurrir a la liquidación de una tasa municipal con éxito    

Puede que le suene este nombre, pero realmente no sepa ni lo que significa ni cuál es su función. En este post saldremos de dudas. Primero de todo debemos saber que FOGASA es el Fondo de Garantía Salarial. Es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social que: Beneficia a los trabajadores (excluyendo a los socios de cooperativas, empleados del hogar y otros que estipule el Estatuto de los Trabajadores o la ley de la Seguridad Social).Garantiza tanto los salarios como las indemnizaciones ya sean por despido o por extinción de la relación laboral. Se hace cargo de todas estas prestaciones cuando se dé el requisito necesario e imprescindible de que el empresario esté en insolvencia o procedimiento concursal y por ello no pueda hacer frente a los pagos referidos anteriormente. Se establecen unos límites, puesto que no se puede reclamar todo lo que se quiere. FOGASA Beneficia a los trabajadores garantizando tanto los salarios como las indemnizaciones En concepto de salarios, el máximo que el FOGASA podrá abonar será una cantidad de 8.383,20€ (30 € de Salario Mínimo Interprofesional a fecha de 22/3/2019 multiplicado por el doble y con un máximo de 120 días + prorrateo de pagas extras) esta regla aparece en el artículo 33.2 dedicado al FOGASA, en el Real Decreto Legislativo 2/2018, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. En cuanto a las indemnizaciones lo máximo que se puede reclamar es la cantidad de 25.498,90€. Para que se haga efectivo el reconocimiento de la indemnización esta debe de constar en un acto de conciliación judicial, sentencia, auto, resolución administrativa a favor del trabajador a causa de despido o extinción del contrato de trabajo. Importante es el plazo para realizar está solicitud que será de 1 año contado desde la fecha del acto de conciliación, sentencia o auto que reconozca la deuda por salarios. Es muy habitual que se pase el plazo para reclamar ¡ojo! Pongamos un ejemplo para verlo de forma clara: Debido al comienzo de la temporada de primavera-verano, con el buen tiempo y las terrazas abiertas, encuentra un local en el que necesitan a personal y realizada la entrevista por los empresarios, le aceptan, firma un contrato de trabajo. Acaba la temporada, y no le pagan… Los lleva a juicio por no pagarles, lo gana, y con esa Sentencia ¿qué hacemos? Ejecutarla. Al no existir bienes por el empresario -su jefe-, no le queda más remedio que acudir al FOGASA, que es ese “fondo” que se va “llenando” con las aportaciones de los empresarios, para que se haga cargo de la mala cabeza de su jefe insolvente. El procedimiento que hemos descrito es bastante largo y complejo, que hemos tratado de explicar de una forma llana y comprensible. Naturalmente le recomendamos que acuda a un abogado laboralista de confianza. Redactado por la colaboradora Vanessa Torres y supervisado por el socio David López.

Cómo reclamar la fianza del arrendamiento de la vivienda El arrendador tiene la obligación de devolver la fianza siempre que no se adeuden por el inquilino el pago de mensualidades de la renta ni cantidades asimiladas de suministros de luz, agua, gastos de comunidad, etc. y no se hayan producido daños en la finca imputables al arrendatario Si no se devuelve por el arrendador la fianza en el plazo de un mes desde la entrega de las llaves, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) en su art. 36.4 establece que dicha cantidad devengará el interés legal: “el saldo de la fianza en metálico que deba ser restituido al arrendatario al final del arriendo, devengará el interés legal, transcurrido un mes desde la entrega de las llaves por el mismo sin que se hubiere hecho efectiva dicha restitución.” El procedimiento para reclamar la fianza será el correspondiente según la cuantía reclamada, es decir si la cuantía no excede de 6.000 euros se realizará mediante un juicio verbal, y si excediera de ese importe el juicio sería ordinario. Es decir, en primer lugar habrá que hablar con el arrendador y explicarle que la fianza que en su día se le entregó cuando se formalizó el contrato de arrendamiento, ya sea de vivienda como de local de negocio, tenía como finalidad que al terminar el contrato se le devolviese la finca en buen estado de conservación y sin adeudarle cantidad alguna con motivo del contrato, ya sean rentas o cantidades asimiladas como por ejemplo los gastos de luz, agua, comunidad de propietarios, etc., es decir, aquellos gastos que el inquilino se comprometió a pagar. Si el arrendador sigue negándose, bien porque alegue que hay desperfectos en la vivienda o que se deben cantidades, se procederá a enviar un burofax donde le solicite formalmente la devolución del importe de la fianza al haber finalizado el contrato, con la advertencia de que en su defecto se ejercerán acciones judiciales en su contra. Este documento es importante si finalmente acabamos en el Juzgado, ya que dejaría constancia de la reclamación de la fianza, y a los efectos si procediera, de la condena al pago de los gastos judiciales (costas). Se esperará el plazo de un mes para proceder a enviarle el burofax al arrendador exigiéndole la devolución de la fianza desde la entrega de las llaves ya que el arrendador tiene el plazo de un mes desde que haya recuperado la posesión del inmueble para comprobar los desperfectos que tuviere la finca y el importe de las cantidades (rentas o asimiladas) que deba el inquilino; dentro de ese mes, hará las compensaciones que procedan con la fianza percibida y en su caso le devolverá el total o la diferencia al inquilino. Transcurrido el mismo, el importe de la fianza devengará intereses. En caso de que el burofax no haya dado resultado, el inquilino deberá plantearse la reclamación en el Juzgado. Llegados a este punto, le recomendamos que contacte con su abogado de confianza, él sabrá cómo proceder.

¿Cuáles son mis obligaciones? El Código Civil (artículo 1.905 C.C) dice que “el poseedor de un animal, o el que se sirve de él, es responsable de los perjuicios que causare, aunque se le escape o extravíe”. Este artículo del C.C. recoge las leyes que regulan las obligaciones de los propietarios de animales, únicos responsables de lo que hagan sus mascotas, ya que el responsable de los daños causados por el perro siempre es el propietario, incluso si es una tercera persona la que estaba con el animal. La ley determina que el dueño de un animal doméstico es responsable de los daños y perjuicios que este pueda ocasionar. Por ello, siempre es recomendable que el propietario del animal tenga un seguro de responsabilidad civil que pueda cubrir las posibles reclamaciones del animal por parte del afectado por el accidente provocado por la mascota. La responsabilidad que debe asumir el dueño suele ser de dos tipos, civil y penal. Respecto a la responsabilidad civil encontramos una sanción económica, si se infringe una ordenanza municipal y una indemnización económica, si el animal ha causado daños físicos o lesiones. Por otra parte, tenemos la responsabilidad penal que tendrá lugar cuando el dueño del perro haya caído en una imprudencia grave, cuando haya ocasionado su perro daños importantes o la muerte. Asimismo, también existe responsabilidad penal si el animal es peligroso. No obstante, según el Código Civil, se exime al propietario de cualquier tipo de responsabilidad civil ante una agresión, daño o accidente si “el daño proviniera de fuerza mayor o de culpa del que lo hubiera sufrido”, es decir, por catástrofes, o si la culpa del daño causado es de la víctima de la agresión como consecuencia de cualquier tipo de agresión al perro. En conclusión,  en primer lugar el propietario debe mantener la calma, ayudar a la víctima en lo que sea posible, darle sus datos además de los datos del seguro del animal, pedirle también sus datos, si hubiera lesiones físicas ofrecer al perjudicado toda la documentación del perro (vacunas…) e intentar llegar a una solución amistosa, y en caso de que no fuera así, consultar con su abogado de confianza, nosotros le informaremos de la responsabilidad que pueda haber en cada situación.

Conservación de la empresa tras el fallecimiento El artículo 1056 del Código Civil, de acuerdo con la tradición jurídica española, faculta al testador para llevar a cabo él mismo la partición de la transmisión de la empresa a suceder, confiriéndole amplias posibilidades al efecto, pero imponiéndole el respeto absoluto a las legítimas. Habrá que respetar la voluntad del testador hasta donde le sea legalmente permitido (art. 675 del Código Civil), dada la intangibilidad de la legítima. La partición en el caso de la sucesión de la empresa familiar puede ser realizada judicialmente (art. 1059 del Código Civil) o en forma voluntaria por el propio testador, por medio de negocio jurídico inter vivos o mortis causa (art. 1056 del  Código Civil), por medio de comisario o contador nombrado por el testador en testamento, por el contador-partidor dativo o por los propios coherederos, por sí mismos o por medio de personas nombradas a tal fin. El testador que en atención a la conservación de la empresa o en interés de su familia quiera preservar indivisa una explotación económica o bien mantener el control de una sociedad de capital o grupo simplemente debe abonar en metálico su legítima a los demás interesados. No será necesario que exista metálico suficiente en la herencia para el pago, se puede realizar el abono con efectivo extrahereditario y establecer por el testador o por el contador-partidor por él designado aplazamiento (siempre que este no supere cinco años a contar desde el fallecimiento del testador).

Tipos y modos El derecho de sucesiones o derecho sucesorio es aquella parte del derecho privado que regula la sucesión mortis causa y determina el destino de las titularidades y relaciones jurídicas tanto activas como pasivas de una persona después de su muerte y en el que se van a tener en cuenta cosas tales como el destino de los bienes del difunto o causante y los trámites necesarios para el reparto del caudal relicto (bienes hereditarios). El artículo 744 del Código Civil, dice que podrán suceder por testamento o abintestato los que no estén incapacitados por la Ley y los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte (art. 657 Código Civil) La herencia (que comprende todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona que no se extingan por su muerte según el artículo 659 del Código Civil) se puede encontrar sin diferir o presunta, abierta, deferida, yacente, aceptada o adquirida, o vacante. En el caso de que esté sin diferir o presunta (antes de la apertura de la sucesión), el causante todavía no ha fallecido o no se ha cumplido la condición suspensiva que el testador hubiere impuesto, mientras que la herencia abierta tiene lugar en el momento de la muerte del causante, o de la declaración judicial de su fallecimiento y cuando alguien puede hacer suya la sucesión abierta, en virtud de un llamamiento a su favor, por testamento o por la Ley se produce la herencia deferida. La herencia yacente está ya deferida -en situación interina­-, pero no aceptada por el heredero y aceptada o adquirida cuando el heredero ha manifestado, de modo tácito o expreso, su voluntad de hacerla suya y, por consiguiente, queda efectivamente transferida al nuevo titular. Cuando no hay heredero o ha sido renunciada la herencia por la persona que tuviese derecho a ella la herencia queda vacante, supuestos en los cuales corresponde al Estado, según el art. 956 del Código Civil. La herencia se distribuye en los siguientes términos: a los hijos y demás descendientes les corresponde un tercio (legítima corta) y se distribuye a partes iguales entre ellos, heredándose en plena propiedad, es decir, la nuda propiedad y el usufructo a la vez. También tienen derecho a otro tercio (mejora o legítima larga) los hijos y nietos, pero no tiene por qué ser a partes iguales. Por otra parte, los padres y demás ascendientes, a falta de descendientes, que sobrevivan tienen derecho a un tercio de la herencia, si existe cónyuge viudo, o a la mitad de la herencia, si el fallecido no tenía cónyuge, cuya legítima es siempre en usufructo, y será menor o mayor, según con quién concurra a la herencia: si es con hijos u otros descendientes, le corresponde el usufructo de un tercio (el de mejora); si es con  ascendientes, la legítima es el usufructo de la mitad de la herencia; y si no hay ascendientes ni descendientes del fallecido, el usufructo de dos tercios de la herencia (artículo 807 Código Civil). En todo caso, nuestro consejo es que te pongas en manos de tu abogado de confianza.

El rapero Pablo Hásel, por publicar 64 tuits, ha sido condenado a 2 años de prisión. Cuenta con antecedentes y ha recurrido al Tribunal Supremo. Con cierto asombro vimos cómo Valtonyc, otro rapero mallorquín, ha visto confirmada la Sentencia por el Atlo Tribunal a 3 años y medio de prisión por injurias graves a la Corona… La retirada de la obra en A.R.C.O. del polémico Santiago Sierra, sobre los “presos políticos”, ha precipitado su venta y adquisición por el empresario Tatxo Benet, quien la cede al museo de Lérida para su exposición pública; colección no exenta de polémica. Todas estas cuestiones dan contenido a la famosa Sentencia del Tribunal Constitucional 2/82, de 29 de Enero, que centró las bases del actual debate: los derechos fundamentales no son ilimitados. No podemos hacer, ni decir, lo que nos venga en gana cuando atravesamos las líneas rojas protegidas por otros derechos fundamentales, como el honor o la propia imagen. Podremos estar a favor o en contra del lugar exacto donde ubicar esa frontera, pero es claro que la libertad de expresión debe ceder en pro de otros derechos fundamentales. No todo vale.   No podemos hacer, ni decir, lo que nos venga en gana cuando atravesamos las líneas rojas protegidas por otros derechos fundamentales.   En Valencia, el ejercicio fallero comprende desde el 20 de marzo al 19 del mismo mes del siguiente año, finalizando con la tradicional “Cremà”, según el artículo primero del Reglamento Fallero de 20 de Febrero de 2002. Es decir, al día siguiente de quemar las fallas, los valencianos se ponen a trabajar duro para que, en honor a la festividad de San José, se levanten al año siguiente esos fantásticos monumentos de cartón – piedra que satirizan nuestra sociedad y sus miserias con humor ácido y fina ironía. ¿No es ésta una manifestación colectiva de la libertad de expresión digna de elogio? Es preferible la crítica o cuestionar la honorabilidad de quienes nos representan institucionalmente sin llegar a vejar, a enaltecer el odio o a infamar. Es mucho más efectiva una crítica que nos levante una sonrisa que presenciar el insulto que nos deja mal cuerpo. Después de levantar un monumento que ironiza sobre todo lo que nos rodea, que cuesta mucho dinero y esfuerzo, los valencianos, lejos de guardarlo para el recuerdo, lo quemamos; porque las miserias, individuales o colectivas, deben quedar en cenizas, y todos debemos darnos una oportunidad para renovarnos, para lavarnos la cara y volver a levantarnos, porque todos los 20 de marzo sale el sol. Fdo. David-Juan López Ortega. Socio HDH ABOGADOS.

Causas que dispensan de la obligación de indemnizar San Valentín, día de los enamorados, un día romántico en el que personas de todo el mundo expresan su amor y lo manifiestan abiertamente de manera pública. Pero, ¿qué sucede cuando este amor sin aparente fecha de caducidad en un inicio, llega a su fin? Según los artículos 42 y 43 del Código Civil, la promesa de matrimonio no produce obligación de contraerlo ni de cumplir lo que se hubiere estipulado para el supuesto de su no celebración y no se admitirá a trámite la demanda en que se pretenda su cumplimiento. El incumplimiento sin causa de la promesa cierta de matrimonio hecha por persona mayor de edad o por menor emancipado sólo producirá la obligación de resarcir a la otra parte de los gastos hechos y las obligaciones contraídas en consideración al matrimonio prometido y esta acción caducará al año contado desde el día de la negativa a la celebración del matrimonio. Pero evidentemente las consecuencias jurídicas del incumplimiento de dicha promesa de contraer matrimonio deberían de variar en función del momento en el que se produzca el citado incumplimiento, Según el Código Civil, el daño moral, causado por la frustración del proyecto matrimonial no es indemnizable bajo ninguna cobertura legal, y lo mismo cabe decir del estado de depresión, no obstante, los demás daños son reparables. Es decir, la responsabilidad se limita a aquéllos supuestos en los que se haya manifestado esta promesa en documento público o privado, por mayor de edad o menor emancipado, de forma que, si éste posteriormente renuncia a casarse sin causa, tendrá que abonar a la otra parte los gastos producidos, de forma que las consecuencias deberán variar en función del momento en que tal incumplimiento se produzca, por lo que el momento en el que se inicia el expediente matrimonial debe tener un especial valor, pues en ese instante es un acuerdo que pasa a tener repercusiones jurídicas. Se trata de un tema absolutamente personal cuyo dolo puede resultar complicado y en la que entran en juego una serie de circunstancias particulares, por lo que cada casa es único y habría que estudiar su caso de manera particular.

Un caso muy reciente que hemos llevado en el Despacho, que compartimos con vosotros, y que le puede pasar a cualquiera: Nuestro cliente va en el coche de un amigo, de copiloto. Entran en una rotonda, nuestro cliente va mirando por la ventanilla en cualquier avenida de la ciudad de Valencia. De repente, por distracción del conductor -su amigo- o por la del vehículo blanco “que se les echa encima” tienen un accidente. El amigo de nuestro cliente rellena el parte de accidente como puede, entre un sinfín de vehículos que pasan a su lado, mirando con curiosidad. En realidad todos están bien. No ha pasado nada. “Ya se encargarán las compañías de seguros”. Tras rellenar el parte, el amigo de nuestro cliente avisa a su compañía de seguros, que parece hacerse cargo de los daños de su coche, que son poca cosa. Nuestro cliente, tras sufrir unos mareos al día siguiente, decide ir al médico de cabecera, quien le comunica que tiene “un latigazo cervical”; le duele el cuello, y hace sus sesiones de fisioterapia, que, además, le cuestan dinero. Se lo comunica a su amigo, y le dice que reclame. ¿A quién? Ahí entramos nosotros: De entrada, pactamos unos honorarios comprensibles, puesto que el ocupante del vehículo -nuestro cliente- no tiene por qué sufrir unas lesiones mientras iba de copiloto en el coche de su amigo y gastarse un dineral en “abogados”. Esos honorarios trataremos que los recobre el cliente de la compañía de seguros del responsable del accidente, o, en su defecto, la del asegurado -y amigo-. En este caso ni la compañía del dueño del vehículo, ni la del “coche blanco”, se quisieron hacer cargo de las lesiones. Nuestro cliente tuvo que acudir a un médico de valoración del daño corporal, que nosotros le recomendamos, por ser “calidad-precio” muy asequible, tuvimos que presentar la demanda, hacer el juicio, y ganarlo. Eso sí, sin costas procesales. En este caso real, el culpable era su amigo, que hizo una maniobra, en la rotonda, imprudente, motivo por el cual, quien es responsable es la propia compañía de seguros de su amigo. ¿Cuánto cobró de indemnización?: Lo que marcó en su informe el médico de valoración del daño corporal. ¿Recobró los gastos de abogado y procurador?: En este caso él adelantó la cantidad y luego la recuperó de la compañía de seguros de su amigo. ¿Qué plazo tenía nuestro cliente para reclamar?: Un año desde el accidente. David-Juan López Ortega. Socio HDH ABOGADOS

Tributación de premios Depende del tipo de premio se deberán pagar impuestos, por ejemplo, no son los mismos los de Onlae, el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, que el resto, que están sujetos a un tratamiento fiscal diferente. Se deberán pagar impuestos de todos los sorteos organizados por la Lotería y Apuestas del Estado (LAE) (Lotería Nacional, La Primitiva, Euromillones, BonoLoto, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, El Quinigol, Lototurf y Quíntuple Plus), todos los organizados por las Comunidades Autónomas, los de la Cruz Roja y los de la ONCE. Y además se aplicará también a los premios de la Unión Europea de organismos similares a los mencionados anteriormente. La normativa (Ley 16/2012, de 27 de diciembre) establece que están exentos los premios de 2.500 euros o inferiores, y el importe a pagar es el 20% del importe que supere dicha cantidad, esto es, se somete a tributación el exceso de los 2.500 euros. Es el organismo de loterías quien ingresa a Hacienda directamente el impuesto retenido del pago del premio. Es decir, Hacienda se encargará de retirar el porcentaje de impuestos de la lotería que haya que pagar antes del ingreso del mismo, se cobrará ya habiéndose descontado el importe equivalente del impuesto y se abonará el resto del importe del premio. En definitiva, los premios cobrados por las personas físicas residentes en España a los que se les haya descontado la retención, ya no tendrán que declararlo en su Renta, ni tampoco podrá descontarse la retención del premio en la declaración del IRPF. Y será la entidad pagadora quien ingresará el impuesto a través del modelo 230 y declarará todos los datos identificativos de las personas o entidades premiadas. Por tanto, el contribuyente sólo tendrá que pagar directamente el impuesto a Hacienda en los premios cobrados de otros organismos de la Unión Europea, ya que en esos casos no se les descuenta el impuesto por la entidad pagadora. No obstante, se deberá informar al respecto al hacer la declaración de la renta en la casilla correspondiente, cumplimentado el Modelo 136 de la AEAT, donde se indicará el importe de la deuda tributaria, siempre que el premio exceda de los citados 2.500 euros. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que si el dinero que se gana por los premios de la lotería genera más capital (por ejemplo, vía inversiones) hay que tributar por esas ganancias, ya que los ingresos generados no son los mismos, puesto que la situación patrimonial es mucho más fuerte. El resto de los premios no mencionados tributan en el IRPF al tipo marginal de la Base General de la Renta, que puede ir desde un 24,75% hasta un 56% en algunas comunidades autónomas, y dependerá de las rentas del trabajo y resto de ingresos que la componen. En resumen: 1- El hecho imponible es cualquier premio obtenido en juegos de azar que cumpla las siguientes condiciones: Que se gane en juegos organizados por el organismo de Loterías y Apuestas del Estado (Euromillones, Lotería, Primitiva, Bonoloto), la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) o la Cruz Roja (sorteo del oro). Que su cuantía sea superior a los 2.500 euros. La entidad pagadora será quien ingresará el impuesto a Hacienda  a través del Modelo 230 El receptor del premio deberá informar a Hacienda en su declaración de la Renta cumplimentando el Modelo 136 de la AEAT Si el premio genera ingresos, habrá que pagar los impuestos en función de la situación patrimonial actual. 2- Los premios que no pertenezcan a la Lotería y Apuestas del Estado (LAE) Tributan en el IRPF al tipo marginal de la Base General de la Renta Se pagará entre un 24,75% y un 56%, dependiendo de la comunidad autónoma Dependerá de las rentas del trabajo y resto de ingresos que la componen.

Derechos y obligaciones El alquiler con opción a compra permite a los compradores el acceso a la adquisición de una vivienda, se trata de una inversión muy rentable. Esta alternativa se recoge en el artículo 14 del Reglamento Hipotecario y aparece también en la Ley de Arrendamientos Urbanos, pero se trata de un contrato atípico, ya que es consecuencia de la aplicación de la autonomía de voluntad y libertad en el pacto de un contrato doble (incluye un contrato de alquiler y un contrato de compraventa), deberá realizarse el pacto ante acta notarial por sus características especiales y puede inscribirse en el registro de la propiedad para que sea exigible a terceros si ambas partes están de acuerdo. Asimismo, al estar sujeto al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas, puede dar lugar a diferentes situaciones fiscales. El pago (mensual) se compone del pago del alquiler al que se le añade un monto adicional que se acredita como pago inicial. Esta fórmula permite al inquilino adquirir la vivienda como propia, pasado el tiempo de alquiler acordado (lo habitual es entre dos y cinco años), descontando parte del precio los alquileres pagados hasta el momento, de esta manera a la hora de acceder a la hipoteca, el banco tendrá en cuenta esta inversión previa. No obstante, si durante ese período existiese una posible caída de los precios de la vivienda, el inquilino no podrá beneficiarse de esta mejora de mercado, ya que el precio de venta es el estipulado cuando se firmó el contrato de alquiler con opción a compra. En el contrato deberá aparecer no solo el precio de alquiler, la cuota de suplemento de pago inicial, el tiempo de alquiler, sino también a cargo de quién correrán los gastos de la comunidad y las posibles reformas que sea necesario llevar a cabo y asimismo deberá constar en el contrato la prima o aval. Es muy importante tener en cuenta que si el inquilino se retrasa en los pagos del alquiler, puede perder el derecho a compra, y que en el caso de que finalmente el arrendatario no ejerza su derecho de compra, el dinero invertido no se recuperará. También hay que tener en cuenta que el inquilino puede prorrogar el contrato de alquiler, pero la opción a compra caducará, por ser dos contratos diferentes. El inquilino tiene exclusividad en la compra de la vivienda dentro del plazo establecido para ejercer su derecho a compra, y el propietario tiene la obligación de mantener el contrato y no ceder, alquilar o vender el piso a terceros durante el tiempo que dure el mismo. . . . Siempre es importante contar con tu abogado de confianza para asegurarte de que el contrato y proceso se hace de la manera adecuada.

Características La Ley de Sociedades de Capital establece el procedimiento que hay que seguir para la constitución de sociedades. Para constituir una Sociedad en sus distintas formas, hay que partir inicialmente, del proyecto de empresa que se tenga definido, para ello habrá primero que asesorarse convenientemente, de la forma que interesa a los efectos del proyecto. Encontramos las siguientes sociedades: Sociedad Limitada (SL) Los socios no responden personalmente de las deudas sociales, estando su responsabilidad limitada al capital aportado. El capital social mínimo es de 3.005,06 euros. Se divide en participaciones sociales que no se pueden representar por medio de títulos o anotaciones en cuenta. Se puede constituir con un único socio fundador, en cuyo caso se considera Sociedad Unipersonal, y no existe un máximo de socios. La transmisión voluntaria de participaciones entre socios, entre cónyuges, ascendientes o descendientes o sociedades del mismo grupo es libre, salvo que los Estatutos establezcan lo contrario. Si la transmisión está dirigida a un tercero requiere consentimiento previo de la Sociedad. Sociedad Anónima (SA) Los socios no responden personalmente de las deudas sociales. El capital social mínimo es de 60.101,21 euros. Se divide en acciones que pueden estar representadas por medio de títulos o anotaciones en cuenta. No existe ni mínimo, ni máximo de socios. Los socios fundadores pueden reservarse derechos especiales de contenido económico cuyo valor no supere el 10% de los beneficios netos hechas las deducciones obligatorias. Sociedad Laboral Ningún socio puede tener más de un tercio del capital, salvo que la sociedad esté participada por el Estado, la Comunidad Autónoma, entidades locales, sociedades públicas, asociaciones o entidades sin ánimo de lucro, en cuyo caso la participación en el capital social no podrá superar el 50%. El número de horas-año trabajadas por trabajadores indefinidos no socios no puede ser superior al 15% del total horas-año trabajadas por los socios-trabajadores. Si la Sociedad emplea a menos de 25 trabajadores ese porcentaje no podrá ser superior al 25%. Sociedad Cooperativa La responsabilidad de los socios queda limitada al importe nominal de las aportaciones al capital social, excepto si se prevé otra cosa en los Estatutos sociales. Tiene como fin la creación, mantenimiento o mejora de los puestos de trabajo a tiempo parcial o completo para sus socios, mediante la organización en común de la producción de bienes o servicios, tiene un marcado carácter social. Cada socio tiene un voto, con independencia de sus aportaciones al capital. El capital mínimo es de 1803,04 euros (excepto en las Cooperativas de Educación). Al menos debe haber tres socios trabajadores que constituyan la Cooperativa y ninguno de ellos puede tener más del 45% del capital. Los trabajadores fijos con una determinada antigüedad deberán ser admitidos como socios, sin periodo de prueba, siempre que reúnan el resto de requisitos si solicitan su ingreso en la Cooperativa en los seis meses siguientes. Otros tipos de sociedad: Corporación   Asociación de personas para la consecución de fines comunes El reconocimiento legal es condición indispensable de existencia de la persona jurídica y se realiza de distintas formas. Fundación Han de cumplir los fines de las normas jurídicas, que se les asignan, y constituirse de conformidad con las mismas. Asociación Se les concede por Ley una personalidad propia, independiente de la de cada uno de los asociados. Persiguen un fin de lucro o ganancias partible entre los socios. La escritura de la constitución de sociedades de capital deberá ser otorgada por todos los socios fundadores, sean personas físicas o jurídicas, por sí o por medio de representante, quienes habrán de asumir la totalidad de las participaciones sociales o suscribir la totalidad de las acciones y deberá incluir, al menos, lo siguiente: La identidad del socio o socios. La voluntad de constituir una sociedad de capital, con elección de un tipo social determinado. Las aportaciones que cada socio realice o, en el caso de las anónimas, se haya obligado a realizar, y la numeración de las participaciones o de las acciones atribuidas a cambio. Los estatutos de la sociedad La denominación de la sociedad El objeto social, determinando las actividades que lo integran. El domicilio social. El capital social, las participaciones o las acciones en que se divida, su valor nominal y su numeración correlativa. El modo o modos de organizar la administración de la sociedad, el número de administradores, el plazo de duración del cargo y el sistema de retribución. El modo de deliberar y adoptar sus acuerdos los órganos colegiados de la sociedad. La identidad de la persona o personas que se encarguen inicialmente de la administración y de la representación de la sociedad. Si la sociedad fuese de responsabilidad limitada, la escritura de la constitución de sociedades indicará el modo concreto en que inicialmente se organice la administración; si la sociedad fuese anónima, la escritura de la constitución de sociedades expresará, además, la cuantía total, al menos aproximada, de los gastos de la constitución. Se podrán incluir todos los pactos y condiciones que los socios fundadores juzguen conveniente. Una vez se inscribe la sociedad en el Registro Mercantil, el registrador mercantil remitirá para su publicación, de forma telemática y sin coste adicional alguno, al Boletín Oficial del Registro Mercantil y las operaciones sociales darán comienzo en la fecha de otorgamiento de la escritura de la constitución de sociedades con una duración indefinida. En HDH te recomendamos que cuentes desde el primer momento en el que decidas constituir una sociedad con un abogado mercantil experto en constitución de sociedades.  

El seguro de la vivienda alquilada En el caso de las viviendas alquiladas, en caso de siniestro  el seguro de hogar cubre al tomador, que es el que paga las primas y que generalmente es el propietario de la vivienda. Esto significa que si el inquilino tiene un incidente en casa el seguro no lo cubrirá. Lo ideal en todo caso es que el arrendador cuente con un seguro especial para viviendas de alquiler o bien que al menos haya especificado en su póliza del hogar a qué está destinada la vivienda de forma que el seguro del hogar pueda ofrecer protección también a los inquilinos. Los seguros del hogar ofrecen dos tipos de protecciones: la protección del continente y del contenido. El continente hace referencia a las estructuras de la casa como paredes, puertas, ventanas, muros o vallas e instalaciones fijas de agua, telefonía, electricidad, etc. El contenido, por su parte, hace referencia a los bienes materiales que se encuentran dentro de la misma como pueden ser muebles, electrodomésticos o los objetos de uso personal. Las joyas u obras de arte también son consideradas contenido pero deben de ser declaradas de forma individual. Por consiguiente, un buen seguro de hogar nos ofrecería protección para ambas cosas. El seguro de hogar realmente no es obligatorio a no ser que este esté hipotecado. Sin embargo, si se tiene un inmueble arrendado conviene contratar un seguro de hogar amplio, que incluya coberturas que tengan en cuenta la situación concreta y que protejan frente a posibles problemas con el arrendatario, pero no hay por qué asegurar las pertenencias que son propiedad de los inquilinos. También es conveniente incluir una cobertura de responsabilidad civil para cubrir aquellas circunstancias de las cuales se puede ser responsable como propietario. Más allá de la obligatoriedad de comunicar el alquiler de un inmueble al seguro está la importancia de contratar un seguro específico para arrendadores. Por otra parte, algunos seguros de hogar pensados para arrendadores también incluyen coberturas para el inquilino, con su responsabilidad civil.   Los seguros de hogar para viviendas de alquiler pueden cubrir los bienes propios de la persona que ocupa una vivienda y, por otro, le ofrece protección frente a la responsabilidad civil que pueda repercutir sobre él. Además, estos seguros suelen incluir una cobertura a primer riesgo que le garantiza al asegurado la solución de problemas que debe solventar el propietario pero que se pueden demorar. El seguro del inquilino que tenga contratada esta cobertura abonará los gastos de las reparaciones o se hará cargo de ellas y luego se ocupará de depurar responsabilidad con el propietario y hacer las reclamaciones pertinentes, de forma que el inquilino. En caso de que el propietario tenga que correr con los gastos será el seguro quien se ponga en contacto con él para depurar responsabilidades sin dejar por de ellos de atender la reclamación del asegurado, en este caso, el inquilino.

Nuevos cambios en la Declaración de la Renta Como cada ejercicio, Hacienda recuerda que los contribuyentes que perciban salarios inferiores a los 22.000 euros brutos anuales no están obligados a presentar la declaración. Eso sí, siempre y cuando procedan de un solo pagador o si, procediendo de varios, la suma de lo ingresado por parte del segundo pagador y del resto no excede los 1.500 euros al año. En caso contrario, si supera esta cantidad, el límite no obligado será de 12.000 euros brutos anuales. Si quedas fuera de este grupo, debes saber que este año la renta trae novedades importantes. Las novedades fiscales de 2017 afectan a todos, el comienzo del ejercicio marca la entrada en vigor de nuevas normativas que conviene tener en cuenta para no pagar de más ni exponerse a una multa por parte de Hacienda. Hay una serie de  novedades fiscales de 2017 significativas en los siguientes apartados: –en los aplazamientos de deuda -en el IBI -en el Impuesto sobre el Patrimonio -en las deducciones para autónomos -en el Impuesto sobre Sociedades Respecto al endurecimiento en los aplazamientos de deuda: será más caro en 2017 debido al Decreto Ley del 3 de diciembre, que presentan medidas nuevas e imponen nuevos requisitos para poder aplazar o fraccionar los impuestos repercutidos, salvo el IVA no cobrado. Es decir, se suprimen varias excepciones a la normativa y sólo se podrán aplazar o fraccionar las deudas en los siguientes casos: -Las que se pagan a través de efectos timbrados. -Las del retenedor o el obligado a realizar ingresos a cuenta. Las que se consideren créditos contra la masa en casos de concurso del obligado tributario. -Las que deriven de impuestos repercutidos. -Las que correspondan a los pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades. -Las deudas en suspensión. Sobre la subida del IBI: aumenta el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y con él subirán también el IRPF (para quienes cuenten con una segunda residencia o un piso vacío), Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, Impuesto de Sucesiones y Donaciones, Plusvalía Municipal e Impuesto de Patrimonio. En la prórroga del Impuesto sobre el Patrimonio: hay  que seguir haciendo frente al Impuesto sobre el Patrimonio aunque se mantiene la exención de tributar a quienes tengan un patrimonio inferior a 700.000 euros, excluida la vivienda habitual hasta 300.000 euros. Se producen cambios en las deducciones para autónomos: se incluyen nuevas deducciones para los trabajadores autónomos. En concreto se eliminan las restricciones que afectaban a los automóviles y vehículos, ya que se permitirá deducir los gastos del automóvil parcialmente afecto a la actividad. Además, también se permite deducir los suministros de agua y luz hasta un 20% para los autónomos sin local y que trabajen en casa. Y en cuanto a las deducciones que desaparecen del Impuesto sobre Sociedades, desaparecen varias deducciones que hasta ahora podían aplicarse, lo que provoca directamente una subida del Impuesto sobre Sociedades: -Limitación a la compensación de bases imponibles negativas -Limitación a la deducción de pérdidas por transmisión de participaciones -Limitación a la exención de dividendos y de plusvalías obtenidas en la transmisión de participaciones en entidades no residentes -Reversión obligatoria de las pérdidas por deterioros anteriores a 2013 -Aumento en los pagos fraccionados Si tienes dudas, consulta con tu asesoría, consultoría o abogado de confianza.

Cómo garantizar su bienestar tras nuestro fallecimiento En el ordenamiento jurídico español no se puede dejar la herencia a una mascota. Sin embargo,  el animal es un componente principal de la familia, y en caso de querer asegurar el bienestar de la mascota en caso de fallecimiento o de incapacidad y no pudieran hacerse cargo de la misma, existen varias opciones. De manera indirecta, la voluntad de no dejar desamparado a nuestro animal de compañía se puede ver cubierta instituyendo heredero a una persona con la condición de que tendrá que ocuparse de la mascota. Si además queremos fortalecer el hecho de que se cumplan los cuidados del animal, podemos en el testamento designar un albacea que controle que se están cumpliendo los cuidados hacia el animal. Otra opción es que al hacer testamento se designe a una persona física – asociaciones de protección animal- que se encargue de beneficiar al animal, del capital que se destina para mantenerlo. Una alternativa similar es que con la herencia se cree una fundación, y que a través de la misma, se dispensen los cuidados necesarios a la mascota. Y aunque en España no se pueda designar como heredera a la mascota, sí es cierto que actualmente se contempla en el sistema jurídico la protección animal, en el momento de redactar testamento se tiene que tener en cuenta de atender las necesidades del animal adecuadamente, el interés que se tenga por el animal se tendrá en cuenta en las decisiones judiciales. En cualquier caso, como siempre que se quiere saber cómo poder repartir una herencia, lo más recomendable es acudir a su abogado de confianza y exponerle cuáles son nuestros deseos, para que sean ellos quienes les den la forma jurídica más conveniente.

En defensa propia En el artículo 20.4 del Código Penal respecto a las circunstancias eximentes y atenuantes modificativas de la responsabilidad criminal dice que siempre que haya una agresión ilegítima, por necesidad racional del medio empleado para impedirla y la falta de provocación suficiente por parte del defensor. En el caso de agresión ilegítima por defensa de los bienes se reputará agresión ilegítima el ataque a los mismos que constituya delito o falta y los ponga en grave peligro o deterioro o pérdida inminentes. En caso de defensa de la morada o sus dependencias, se reputará agresión ilegítima la entrada indebida en aquélla o éstas, es decir, el allanamiento de morada es considerado una agresión ilegítima para el o los moradores de esa vivienda. Respecto a la necesidad del medio empleado se tendrá en cuenta que el medio con el que se repela la agresión no puede ser superior al del agresor, ya que no es proporcional. La falta de provocación por parte del defensor no puede suponer un eximente, ya que no existe defensa en una situación creado por el mismo que se defiende. No obstante, lo más práctico es evitar siempre en la medida de lo posible la agresión, pero por supuesto, no hay que esperar a recibir para considerarse agredido, que la simple inminencia de un ataque ya es motivo suficiente para repelerla. Por supuesto, hay que tener cuidado con lo de la proporcionalidad en los medios.

Diferencias entre accidentes in itinere y accidentes laborales El accidente laboral in itinere es el que sufre el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo y, además, el artículo 115 de la Ley General de la Seguridad Social establece que la enfermedad profesional y el accidente laboral quedan encuadrados dentro de las contingencias laborales. No obstante, judicialmente no es tan sencillo, ya que debe de cumplir, asimismo, con otros requisitos perfilados por la jurisprudencia: El percance debe suceder en un momento inmediato, o razonablemente próximo, a la hora de inicio o finalización de la jornada laboral. Por otro lado, el trayecto en el que ocurre ha de ser el usual u ordinario desde el domicilio habitual, es decir, la finalidad directa del desplazamiento debe estar determinada por el trabajo, por lo que no se considerarán in itinere desplazamientos desde domicilios no habituales, por ejemplo, el de la pareja, el de los suegros, padres, hermanos… ni durante los desvíos en el trayecto para recoger a los hijos en el colegio o a la pareja en su centro de trabajo, etc. Asimismo, debe suceder cuando se emplea un medio de transporte adecuado, o sea,  el que emplea habitualmente el trabajador, sin actuar con imprudencia temeraria o contra prohibiciones expresas de la empresa. La Sentencia 6487/2013 del Tribunal Supremo reformula este concepto, atendiendo a la nueva realidad social, así, a efectos prácticos, se considerará in itinere cualquier accidente que se produzca en el trayecto desde cualquier residencia habitual a efectos laborales; desvíos en el trayecto para realizar gestiones laborales; percances en zonas comunes de edificios, siempre que el empleado hubiera dejado su domicilio para acudir al puesto de trabajo y aún no hubiese cruzado la puerta del centro o cuando se hubieran producido pequeñas interrupciones en el trayecto, por ejemplo, para comer.. En caso de que hayas sufrido un accidente yendo o viniendo del trabajo, lo mejor es acudir a tu abogado de confianza, ya que te ayudará a defender tus derechos.  

Reclamaciones hoteleras En caso de que el hotel cancele la instancia, de que cobren la instancia que había sido anulada dentro del plazo estipulado en las normas del hotel o por enfermedad, por un mal servicio, por robo o accidente se tiene el derecho de reclamar. Se recomienda en primer lugar, hablar con el encargado o directivo del hotel, ya que en la mayoría de los casos se puede llegar a un acuerdo amistoso. En caso de no ser así, se debe solicitar la hoja de reclamaciones, en la que se explicará detalladamente el motivo de la reclamación. Para ello se deben conservar los documentos de la reserva y el contrato, de los que se adjuntará una copia en la reclamación, junto con cualquier otra prueba o documento que acredite la incidencia. La copia de la reclamación, junto con otra copia de la documentación adjuntada, debe presentarse en una oficina de consumo. En caso de que se hubiera contratado a través de una agencia, habrá de reclamarse ante ella. Asimismo, si se trata de una cadena hotelera, es conveniente presentar una reclamación a la central. No obstante, para la mayoría de los hoteles el bienestar del cliente es su objetivo primordial, por lo que una queja al personal encargado suele ser suficiente.  

La inmoralidad por exceso de demanda Esta temporada, igual que las pasadas, el problema social del alquiler de viviendas en Ibiza se ha escapado de las manos:  habitaciones que se alquilan a 900 euros el mes, propietarios que solicitan 3 años de alquiler por adelantado, colchones en el suelo del comedor a 500 €, turnos de cama por 350, colchón en un balcón por 500 euros…  y, por regla general, precios abusivos que para cualquier bolsillo son imposibles de afrontar. Desde la modificación del Gobierno de la Ley de Arrendamientos Urbanos en junio de 2013, que dejó fuera a las viviendas dedicadas al alquiler vacacional, las Comunidades Autónomas tratan de establecer nuevas normativas para legislar un mercado incipiente que busca salir de la ilegalidad. Cada autonomía legisla de una manera diferente. Las diferentes normativas autonómicas establecen la obligatoriedad de registrar la vivienda en un Registro y la presentación de una declaración responsable por parte del propietario en la que declara que cumple los requisitos que la normativa establece para este tipo de alojamientos.No obstante, la gran demanda y la falta de persecución legal de este tipo de fraude permiten estas situaciones que rozan la inmoralidad.

No confirmes tu borrador sin revisarlo La responsabilidad de confirmar un borrador recae en el contribuyente, ya que la Agencia Tributaria advierte de que el borrador constituye un servicio de asistencia, de efectos meramente informativos, por lo que no exime de declarar ingresos u otros datos de trascendencia tributaria, por ello confirmar un borrador erróneo podría acabar derivando incluso en un procedimiento sancionador. Hay que destacar la importancia de comprobar que aparecen correctamente en la casilla que les corresponde las deducciones familiares y por maternidad o las aportaciones a planes de pensiones, a diferencia de las cuotas sindicales, que tendrá que ser el contribuyente el que las incluya para aplicarse la deducción. Algo muy importante es también revisar el domicilio que figura en la declaración, ya que será al que se dirigirá Hacienda para cualquier gestión que precise realizar por correo. Otro de los aspectos que debemos tener en cuenta es la inclusión de los hijos con rentas, ya que uno de los errores más frecuentes es incluirlos cuando tienen que hacer la declaración por su parte. También hay que fijarse en que las subvenciones recibidas estén en la casilla correcta. En cuanto a los gastos, habrá que estudiar si el cálculo de rentas imputadas, de pérdidas patrimoniales o de gastos deducibles son las correctas. Asimismo, hay que repasar con cuidado las deducciones autonómicas, ya que la normativa de cada comunidad variará la factura fiscal. ¿Qué puede suceder si confirmamos un borrador erróneo? Pueden darse dos casos: Que el borrador confirmado contenga errores o falta de información fiscal. En caso de que se confirme un borrador que no produzca un perjuicio en sus intereses procedería a realizar un recargo fijo según el error, no superando los 300 euros.  En el caso de que suponga un perjuicio para la Agencia Tributaria el contribuyente puede tener que hacer frente a una penalización, además de abonar la cantidad que realmente corresponda en la autoliquidación. Estas sanciones oscilan entre el 50% en caso de infracciones leves y el 150% en las muy graves. Si, en cambio, la confirmación del borrador ha supuesto un perjuicio para el contribuyente, en este caso será preciso iniciar un procedimiento de rectificación de la declaración de la renta, con lo que ello supone en cuanto a tiempo de tramitación, así como la mayor o menor dificultad de demostrar el error producido. ¡No confirmes tu borrador sin revisarlo!

Los abogados de corazón estamos para ayudar Finalmente y como supimos ayer, Bankia decidió solucionar en un solo movimiento el grave problema en el que se encontraba tras la sentencia del Tribunal Supremo, la cual anulaba la compra de acciones de la entidad por ofrecer datos falsos en su salida a bolsa en 2011. Era tal el caudal de demandas judiciales en contra del banco que se había generado un ecosistema propicio para que floreciera la oferta de numerosos despachos de abogados que ofrecían sus servicios para asistir a los damnificados en la recuperación de su dinero, con los lógicos costes que eso conlleva para el cliente. Ahora, más allá del nominal de 1.040 millones correspondiente a los títulos en sí mismos en manos de esos pequeños accionistas, Bankia pagará un interés anual compensatorio del 1%. Esto significa que aproximadamente 400 millones de euros engrosarán directamente el patrimonio de los demandantes y sin la mediación de un profesional. Algunos despachos de abogados percibirán tal vez esta situación como el final de oportunidades vinculadas al fenómeno Bankia, pero desde nuestro punto de vista, se trata de una buena noticia para nuestros clientes, pues no debemos olvidarnos que lo importante es siempre su satisfacción. Y cualquier medida en su beneficio es buena, por algo estamos para ayudarlos.

Robos, timos, estafas y hurtos En diciembre y enero, cuando las ausencias en casa son más frecuentes y comunes en fechas señaladas y las calles comerciales, zonas de ocio y comercios sufren una mayor afluencia de gente, los robos se intensifican, los timos  se acentúan, las estafas se agravan y los hurtos aumentan considerablemente. Para evitar robos en las viviendas existen una serie de pautas que recomendamos: Dejar bien cerradas todas las ventanas y puertas, y además, evitar cualquier posible paso por el que se pueda acceder. Dejar alguna luz encendida, o no dejar todas las persianas bajadas si es de día, ya que es una señal de que no hay nadie. No dejar objetos de valor o dinero a la vista. Evitar divulgar información sobre los bienes que se poseen o las ausencias, no solo con desconocidos, sino también en las redes sociales. Cerrar siempre con llave. Para evitar timos: No confíes en grandes negocios. No des donativos a causas sin una organización que los respalde. Los timos se han modernizado, mantente alerta. Guarda los recibos y comprueba regularmente los cargos recibidos en tu cuenta bancaria. No tires las copias de los resguardos de compra cerca del comercio, ya que contienen información sobre la tarjeta. Para evitar estafas en la red: Las estafas ahora son frecuentes en la red, no te fíes. Si compras regalos o lotería por internet, asegúrate de que la red es segura. Cuidado con las felicitaciones navideñas online, pueden contener virus. No publiques información personal en las redes. En cuanto a los comercios, deben tener especial cuidado en estas fechas, ya que acumulan grandes cantidades de material, cuantiosas sumas de dinero por lo que es recomendable ingresarlo en el banco al menos una vez al día para evitar robos con butrones. Por otra parte, debido a las ventas navideñas y la afluencia de gente en el local puede propiciar los hurtos. En Navidad, sentido común.

Uber, en el limbo de la legalidad El éxito de Uber, una app que se promociona como la mejor alternativa al taxi, ya que su trabajo consiste en poner en contacto a usuarios y conductores, está en el ojo del huracán por el hecho de operar al margen de la legalidad. Y realmente no es que Uber sea una opción ilegal, es que ni tan sólo es ética, puesto que pone en peligro la integridad física de conductores y pasajeros. La Ley de Ordenación del Transporte Terrestre establece que se realiza un uso privado del vehículo cuando el servicio no es retribuido y el traslado se realiza con allegados al titular. No obstante, según el Tribunal Supremo de Queens (Nueva York), a través del juez Allan B. Weiss, la actividad de estas compañías no infringe ninguna ley, puesto que cualquier expectativa de que la licencia funcionase como un escudo contra los rápidos avances tecnológicos del mundo moderno no habría sido razonable (…) En nuestros días, incluso aunque hablemos de servicios públicos, los inversores deben siempre estar alerta frente a la aparición de nuevas formas de competencia derivadas del avance de la tecnología (…) No es función de los tribunales ajustar los intereses competitivos políticos y económicos puestos en jaque por la introducción de aplicaciones como Uber. Asimismo, la Unión Europea también se ha mostrado desfavorable a prohibir este tipo de servicios, según la Comisión Europea no se pueden abordar estos retos ignorándolos e intentando que las leyes borren estas innovaciones de la capa de la Tierra. Realmente, Uber no está cometiendo ninguna ilegalidad, sino que quien realiza una actividad punible es el particular, que está obteniendo lucro sin ninguna licencia para ello y sin la consecuente liquidación de impuestos por dicha actividad. Es decir, el que está realizando la actividad directamente sancionable es el conductor, Uber tan solo es el medio, a quien si descubren en dicha actividad delictiva, además de imponerle la sanción, se le inmovilizará el vehículo.

La validez jurídica del correo electrónico en los litigios Actualmente se permiten los correos electrónicos como prueba en los litigios, debido al extendido uso del correo electrónico en todos los ámbitos y para todas las ocasiones como medio para dejar constancia de unos hechos mediante una comunicación en un registro permanente. El correo electrónico ha supuesto una revolución en el mundo empresarial, ya que a pesar de ser una comunicación escrita y, por tanto, tiene las características del mensaje escrito, también tiene las características del mensaje oral: el mensaje es directo e inmediato, tanto en el tiempo de emisión como en el de recepción. Pese a todo ello, los correos electrónicos también han desarrollado una cara negativa: se han aprovechado para extorsionar y estafar. Esto ha provocado que los correos electrónicos sean una prueba determinante del caso en las causas judiciales: la actual Ley de Enjuiciamiento Civil (LeC 2000) admite la validez de las pruebas electrónicas aportadas por cualquiera de las partes, siempre que éstas no sean impugnadas por la parte contraria. Pero la misma no aclara cómo ha de presentarse, por lo que puede resultar fácilmente impugnable. Es muy fácil editar y retocar el contenido de un correo electrónico, ésa es la razón de su invalidez: no se puede acreditar la veracidad de un mensaje de correo impreso, pues puede haber sido manipulado previamente. ¿Qué se debe hacer, pues? Para que sea aceptado judicialmente los peritos judiciales analizarán tanto el soporte que lo contiene como el programa que lo aloja y la información adicional digital del mismo correo, además de los datos como fechas de entrada y salida, contenidos, cabecera, IP (ordenador de origen), direcciones, ISP (servidores) metadatos… Una vez acreditados por un informático forense la veracidad de la procedencia y contenido del mensaje electrónico se obtendrá un estatus probatorio favorable en la causa judicial.

Ley de violencia de género en Ibiza y Valencia La violencia de género se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, violándose el artículo 15 de la Constitución, en el que se defiende el derecho de todos a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Por ello, mediante el ámbito de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género  se pretende abarcar tanto los aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales y de atención posterior a las víctimas, como la normativa civil que incide en el ámbito familiar o de convivencia donde principalmente se producen las agresiones. Existen diferentes tipos de violencia de género (según la ley Nº 26.485): Física: contra el cuerpo de la mujer, produciendo dolor, daño, maltrato o agresión que afecte su integridad física. Psicológica: causa daño emocional, disminución de la autoestima, perjudica y perturba el pleno desarrollo personal, controla sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, humillación o manipulación. Sexual: cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual a través de amenazas, uso de la fuerza o intimidación. De hecho, generalmente van estos tres tipos enlazados, lo que anula a la víctima en todos los aspectos de su individualidad, y sometiéndola a un yugo del que le resulta difícil huir, ya que no conserva fuerzas en ningún ámbito. Por eso es tan importante pedir ayuda. Simbólica: a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, iconos o signos transmite y reproduce dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Además la ley señala que según las formas que se manifieste en los distintos ámbitos existen diversas modalidades, como violencia doméstica, violencia laboral y violencia mediática (mediante publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, humille o atente contra la dignidad de las mujeres legitimando la desigualdad o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres). Solo en el último mes de julio han sido 16 las mujeres asesinadas a causa de la violencia de género.  

Sé el cambio que quieras ver en el mundo A pesar de que impera la gran injusticia generalizada en el mundo, marcada por grandes abismos –enfermedades, crímenes, hambre, subdesarrollo, inestabilidad financiera, recesión económica, terrorismo, guerra, pobreza, exclusión social, ingresos dispares, conflictos sociales, corrupción política, etc.-, un mundo mejor es posible. La humanidad ha logrado grandes avances y no obstante, la humanidad sigue podrida debido a  la explotación, ambición y avaricia del hombre, a ese individualismo que se ha acentuado en egoísmo Sí, un mundo mejor es posible, pero va a costar sangre, como ha costado sangre llegar a donde estamos hoy ya que esto supone cambiar los modos de enriquecimiento de los poderosos. Byron recopiló diez principios básicos con los que se lograría un mundo mejor: Dignidad humana: toda persona es digna de respeto por el simple hecho de que es un ser humano. Respeto a la vida humana: la vida humana es digna de protección y respeto. Asociación: hay que proteger la familia como pieza fundamental de la sociedad y recordar que hay tantos tipos de familias como de personas y culturas. Participación: la gente tiene el derecho y la obligación de participar en sociedad, independientemente de su estatus, cultura e ideología. Protección: siempre se debe ofrecer protección a los débiles. Solidaridad: todos formamos parte del mismo entramado. Cuidado de la tierra: tenemos la responsabilidad moral de cuidar el medio ambiente. Subsidiariedad: el poder debe ser compartido por toda la sociedad. Igualdad humana: el trato debe ser equitativo e imparcial El bien común: el potencial humano se alcanza ampliando la visión del ‘yo’ al ‘nosotros’. No se trata de una utopía, no hay por qué caer en el desaliento porque ese mundo está fuera de nuestras manos, o en la indiferencia por la lejanía del mismo. El cambio del mundo empieza por nuestro mundo, el mundo que nos toca a cada momento. Un mundo mejor es posible cuando ponemos nuestra mirada sobre nuestro prójimo. En la vida cotidiana. Por la calle, conduciendo, en el autobús, paseando, en el trabajo, en la panadería… Solo un gesto de amabilidad, unas palabras de cortesía, una amable sonrisa, marcan la diferencia para el colega, el jefe, el amigo, la madre, el portero… Un mundo mejor se consigue con pequeños gestos, empieza con quien tenemos al lado.

Las diligencias preliminares en la ley de enjuiciamiento civil La Diligencia Preliminar es un procedimiento judicial de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC, 2000, arts. 256b y ss.) que puesto que cuyo objetivo es preparar una reclamación ulterior, tienen valor interruptivo de la prescripción. Las Diligencias Preliminares (Tribunal Supremo, 12 noviembre 2007, recurso de casación 2059/00), dirigidas contra quien luego será demandado constituyen un instrumento idóneo y eficaz para llevar a cabo el requerimiento judicial conservativo que según el artículo 1973 del Código Civil permite interrumpir el plazo de prescripción por reclamación judicial o extrajudicial, ya que el demandado de esta manera sabrá qué es lo que se le solicita, por tanto debe de hacerse a través de un medio adecuado y de la manera apropiada. No obstante, quienes determinan la interrupción del plazo prescriptivo son los tribunales, y en favor de una tutela judicial efectiva, si el interesado manifiesta la voluntad de conservar o ejercer su derecho, es aceptado como hecho válido para interrumpir el plazo. Los requisitos solicitados jurisprudencialmente son dos: que el acto sea suficientemente explícito y que a quien sea favorecido por la prescripción conozca este acto.

¿Qué hacer con un inquilino problemático? Al alquilar nuestra vivienda podemos tener la mala suerte de que el inquilino resulte una verdadera pesadilla por diferentes razones: ruido, destrozos, impuntualidad o falta de pago. En 2013 se renovaron las leyes de arrendamiento, en las que se introdujeron varios cambios, mediante esta Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 4/2013 de 4 de junio) sobre medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas, se pretende dar solución y ayudar a prevenir estos problemas. Las causas de rescisión de un contrato de alquiler son varias: incumplimiento de pago de la renta o fianza subarrendamiento daños a la vivienda obras no consentidas actividades molestas, insalubres o peligrosas incumplimiento de cualquier actividad acordada en el alquiler En el caso de un inquilino que no abone su mensualidad, basta un solo mes para que el propietario pueda realizar el requerimiento mediante juzgado, y en caso de que el inquilino no pague en los diez días siguientes, el contrato queda rescindido. Si el inquilino presenta problemas en la comunidad, lo mejor es notificarle mediante burofax la decisión de emprender acciones legales contra él. En todo caso, lo mejor es ponerse en manos de un abogado profesional que nos aconseje ante la situación, nos dirija los trámites y sepa verdaderamente cómo resolver la situación. No obstante nuestro consejo es que si decide arrendar su vivienda, lo deje en manos de su abogado de confianza, él establecerá la documentación necesaria para evitar este tipo de problemas.

Cómo actuar en un caso de robo en Ibiza Con la llegada del verano aumenta el porcentaje de robos en viviendas, bien porque los propietarios o inquilinos están de vacaciones, bien porque pasan mayor tiempo fuera de casa. En caso de que al llegar a casa la puerta esté abierta, no se debe entrar en ella, y llamar inmediatamente a la policía. Una vez se acceda al interior, no debemos tocar nada hasta que las fuerzas de seguridad nos den permiso para ello. Lo primero que haremos es llamar a la entidad bancaria y anular las tarjetas de débito y crédito que puedan haber sido sustraídas durante el robo.  A continuación es un inventario de objetos robados y otro de objetos dañados. En las 72 horas posteriores, se formalizará la denuncia en la comisaría, haciendo constar cuál es la compañía con la que se tiene contratado el seguro de hogar, y ponerse en contacto con ellos para cursar la reclamación correspondiente, Solo podremos reclamar el valor de los objetos sustraídos si así lo establece la cobertura contratada, y siempre por el límite establecido en la póliza. Para facilitar la labor del perito, lo mejor es presentar las facturas o documentos acreditativos. Finalmente, y tal vez lo más importante: reparar inmediatamente puertas y ventanas forzadas y examinar, mejorar y reforzar las medidas de seguridad.   Pero como siempre aconsejamos, más vale prevenir que lamentar: asegúrate de extremar precauciones ahora que comienza la temporada estival.

El caso del Coast Line Es bastante frecuente que en la Comunidad de Vecinos exista algún vecino que provoque molestias al resto de los vecinos: bien por ruidos, por uso inadecuado de elementos comunes… etc. El problema real llega cuando el Presidente de la Comunidad no se ve afectado o prefiere no enfrentarse a él para evitar una situación relativamente violenta para él. En este caso, el Tribunal Supremo (ROJ: STS 6516/2001 y  ROJ: STS 5984/1992) y más recientemente la Audiencia Provincial de Madrid (ROJ: SAP M 4844/2014) dictaminan que se está legitimado para reclamar al vecino molesto individualmente, incluso aun cuando el cese sea en beneficio de la Comunidad y no solo individual. De este modo, podrá solicitarse judicialmente en primer lugar, medidas cautelares mientras se tramita la solicitud de suspensión de la actividad; en segundo lugar, la obligación de no continuar con dicha actividad molesta; y en tercer lugar, y solo dependiendo del caso, reclamar una indemnización por daños y perjuicios si fuera necesario. Recordemos un caso sucedido ya hace algunos años (de 2002 a 2006), cuya resolución se dictaminó la semana pasada: Los propietarios del Sant Antoni Coast Line fueron acusados por contaminación acústica con grave riesgo para la salud, ya que durante cinco años estuvieron excediendo el nivel acústico permitido, tanto de día como de noche, con graves perjuicios para los vecinos, quienes sufrieron estrés, insomnio y angustia, por lo que deberán pagarles una indemnización de 20.000€ a cada uno. Ante una situación de este tipo, siempre recomendamos que se dejen aconsejar por su abogado de confianza, él les guiará en todo el proceso para poder resolver una enojosa situación de este tipo.

Aprendiendo a negociar en condiciones extremas El viernes pasado acudió a HDH Abogados, en Valencia, una pobre chica que había sido víctima del desahucio promovido por un banco. Un problema muy actual que afecta a más personas de las que nos imaginamos. Nosotros le explicamos que para ser poseedora de un inmueble, es decir, para poder vivir en una casa que es de otro, necesitamos “un título”. Que será siempre el permiso de vivir allí sin pagar nada -es decir, en precario- o, lo más habitual, un Contrato de Arrendamiento donde, entre otras cosas, tendremos que pagar una renta. La pobre chica vivía por necesidad en esa casa ocupada, con un hijo y otro en camino, y con su pareja. Ambos jóvenes y desempleados. Sin contrato. Lógicamente el banco había actuado y la había denunciado por delito de usurpación. Por ser “ocupa”. Entre otras salidas lógicas -salir de la casa y devolver las llaves y hablar con la abogada del banco para quitar la denuncia-, existe la posibilidad de negociar lo que comúnmente se llama “Alquiler Social”. Es decir, se redacta un contrato de alquiler sencillo con el banco a bajo precio en viviendas como la que nuestra cliente había “ocupado”: vivienda vacía y en mal estado de conservación. Así todos salen ganando. En Valencia, además, existe un organismo, la “Entidad de Infraestructuras”, que depende de la Generalidad Valenciana, y que le sirvió como otra alternativa a nuestra cliente. Os pasamos el enlace por si tenéis curiosidad: http://www.eige.es/eige/castellano/servicios_prog_ext.php

Tengo una idea… ¿y ahora, qué? En esta época de crisis es muy importante la labor de un para renovar la economía y en el inicio de un nuevo ciclo, una nueva era económica abierta por la brecha que ha supuesto esta crisis, la más dura desde 1929. Una de las cosas a las que tiene que enfrentarse el emprendedor es la parte legal, tanto en herramientas legales que le permitan desarrollar su idea como en los pasos legales que debe seguir, puesto que hay numerosas clases de sociedades en España, y cada una de ellas tiene un sistema de gestión y una constitución empresarial completamente diferenciada de las demás, como también un régimen fiscal distinto. Asimismo, actualmente se han creado nuevos tipos de empresas para posibilitar la construcción de nuevas sociedades, facilitar la aparición de nuevas empresas y promover el tráfico económico, como son la sociedad limitada nueva empresa, la sociedad limitada de formación sucesiva o el emprendedor de responsabilidad limitada. Un abogado es el consejero idóneo para este tipo de proyectos financieros especializados, ya que indicará el tipo de sociedad que más le conviene y la administración de la misma.  

La dificultad de reclamar El accidente laboral es el accidente que sufre el trabajador durante su jornada de trabajo o también durante el trayecto de su domicilio al trabajo y a la inversa (accidente in itinere). Existe una gran confusión en lo relativo a los distintos tipos de indemnizaciones por accidentes de trabajo: Por lesiones permanentes no invalidantes: el accidente produce unas secuelas que, sin incapacitar para el desempeño del trabajo, sí ocasionan un perjuicio estético o funcional. Esta indemnización la pagará la mutua de trabajo. Si el accidente se produjo por culpa de una omisión de medidas de seguridad, se podrá reclamar una indemnización por accidente de trabajo. Por lesiones que supongan una incapacidad permanente total. En estos casos habría que estudiar el convenio colectivo. Por fallecimiento: el cónyuge, hijos menores e hijos, padres y hermanos dependientes de la víctima tienen derecho a indemnización por los perjuicios económicos derivados del fallecimiento Para reclamar una indemnización por un accidente de trabajo existen dos vías: la penal y la laboral. Para reclamar una indemnización derivada de un accidente laboral por la vía penal, es necesario que se haya verificado que la empresa ha infringido la ley de prevención de riesgos laborales.  Si no es tan clara la existencia de una infracción, siempre podremos reclamar la indemnización derivada de un accidente de trabajo a través de un procedimiento en la jurisdicción laboral. La reclamación de una indemnización por accidente laboral es mucho más  compleja de lo que pudiera parecer en un primer momento y requiere de conocimientos en derecho penal, derecho laboral y seguridad social.  

‘Vuelta de la pesca. Playa de Valencia’ Vuelta de la pesca. Playa de Valencia (1908) Fue el cuadro de la casa de subastas londinense Sotheby’s ‘Vuelta de la pesca. Playa de Valencia‘ que hizo de nuevo famoso al pintor Sorolla, puesto que el precio de salida fueron dos millones de euros. Pero Sotheby’s no es solo una casa de subastas de reconocido prestigio, sino que es una marca de prestigio con gran influencia en la compra y venta de casas de lujo en el mercado inmobiliario. Son ingleses, y gran parte de su éxito es que tienen la virtud de integrar en sus equipos a nativos en los lugares donde abren una sucursal. En HDH Abogados hemos tenido el privilegio de prestarles asesoramiento en el orden inmobiliario y registral, y certificamos la profesionalidad de este grupo tan importante.  

¿Acusación o defensa?: Trabajo. El otro día, como habéis podido observar, fuimos noticia. Los medios sacaron a la luz el caso que llevamos de un señor al que han condenado a siete años de prisión y veintisiete de destierro. Hace más tiempo también fuimos noticia, en concreto unos disc-jockeys de reconocido prestigio que fueron absueltos en un caso de contaminación acústica, en este caso fueron tres días de juicio y muchos nervios para nuestros clientes. Les pedían cinco años de cárcel y noventa mil euros de multa. Salieron absueltos para nuestro regocijo. Cuando tienes que llevar una acusación particular no tienes que dejarlo todo para el último día. Tienes que trabajar diariamente para aportar a la instrucción penal -la fase de investigación previa al juicio- todos los elementos necesarios que, cuando haya juicio, posibiliten que el Ministerio Fiscal pueda acusar y el tribunal condenar. En realidad, si haces bien tu trabajo, eres tú quien, en gran medida, pone los peldaños para que el imputado suba la escalera que lo lleve a prisión. Cuando eres el abogado de la defensa tienes que hacer exactamente lo mismo, pero al revés. En el primer caso que comentamos -el del agresor- hicimos declarar a varias personas que fueron testigos de su conducta agresiva. En el segundo caso llamamos a todas las personas que hicieron obras de mejora en el local para que no fuera excesiva la contaminación acústica. Llamamos a distintos peritos, incluso al Director Técnico del Ayuntamiento quien, tras un extenso interrogatorio, reconoció que las sonometrías no estaban bien hechas. No se ganan o  se pierden los juicios solamente por “suerte”, sino por lo de siempre: constancia, disciplina y trabajo. Como dijo Picasso: “Cuando llegue la inspiración, que me encuentre trabajando.”

La difícil decisión de conformarse con la pena Hemos sido noticia. Nuestro despacho llevaba la acusación particular en un caso de Homicidio en Grado de Tentativa, en concurrencia con otros delitos, un caso que siempre esta en el punto de mira tanto en Ibiza como en Valencia. El fiscal, como relatan los rotativos, pedía once años de prisión, y se habría conformado con unos cinco. Nosotros promovíamos diecinueve años, como Acusación Particular. La calificación delictiva la establecimos de esa manera, considerando la posibilidad de que fuera un asesinato en grado de tentativa -doce años- y subsidiariamente homicidio en grado de tentativa -siete años-. El hecho de pedir más años de lo que probablemente habrían condenado al acusado era nuestra obligación. El Ministerio Fiscal -es decir, el acusador público– no previó la petición de “destierro”. Nosotros, la acusación particular, sí la contemplamos, puesto  que era fundamental para la víctima que defendíamos que el agresor no “pisara” la isla de Ibiza, para su tranquilidad, por miedo a represalias. Conseguimos 27 años de prohibición de aproximación a la isla de Ibiza, mal llamado “destierro”. ¿Qué habríais hecho vosotros si os piden 19 años de cárcel? ¿Os habríais conformado con 7? Desde luego, nosotros siempre aconsejamos estar en manos de un abogado que tenga el conocimiento necesario para poder evaluar las probabilidades de que un Tribunal os condene a lo menos posible. De ahí el dicho: “es mejor un mal acuerdo que un buen pleito”. A nosotros y a nuestra cliente nos queda claro que fue un buen acuerdo, por motivos que exceden al de estas reflexiones que hoy compartimos con vosotros. Lo que nunca sabremos es si lo fue para el acusado.  

Sintonía entre el éxito profesional y los valores humanos Ayer tuve la oportunidad de acudir a la cena de gala de la «Llama Rotaria», evento que tiene una raigambre muy especial en el Club Rotario más veterano de Valencia, el Rotary Club de Valencia. En este evento se premian, desde hace treinta y un años, a aquellas personas que reúnen unas condiciones humanas y profesionales dignas de elogio. Ayer fueron  Miguel Ángel Fernández Torán, Vicente Fuster Puig, Juan de Ribera Berenguer y Carlos Simón Valles. Otros años fueron dos personas conocidas: Fernando Bonilla y Antonio Pellicer, a quienes he tratado desde que era niño y que sorprenden por su impecable sintonía entre el éxito profesional y sus valores humanos. La trayectoria de cada uno de los homenajeados de la edición de ayer es impresionante, y fue destacada por el Secretario en funciones de la «Llama Rotaria», que halagó a cada uno de ellos relatando sus logros personales y profesionales con rigor. La «Llama Rotaria», como tal, es un símbolo que tiene la vocación esencial de premiar la excelencia. La luz de las ideas platonianas cobra vigor en galardones como éste, donde recordamos que desde la economía, las humanidades, las artes o las ciencias, los valores inmutables como el saber, el trabajo, la constancia y la humildad, nos hacen ser mejores personas. Cosechar las virtudes universales permiten al ser humano alcanzar -en términos romanos- la “manumisión”, que se traduce hoy día en la liberación de los esclavos del tedio, del conformismo o de la indiferencia. Las palabras de todos los homenajeados fueron de agradecimiento, y, las del insigne Simón Valles, un simposio breve sobre los valores que deben revestir el perfil de todo rotario, y, en síntesis, de cualquier ciudadano altruista que considere que es igual de importante alcanzar la excelencia académica que la necesidad de ayudar al desfavorecido. Tal vez por eso me pareció una gala merecedora de perdurar otra treintena de años y muchos más.  

Un sueño que trasciende el tiempo                                                                              «No hay posibilidad de economía libre sin virtudes sociales. Necesitamos una Constitución Económica, en la que el derecho garantice una economía duradera y digna del hombre” Jesús Ballesteros Jesús Ballesteros, insigne filósofo y jurista valenciano autor de tantos textos relevantes y de proyección internacional,  me dio clase de Filosofía del Derecho en aquellos años noventa, en la Universidad de Valencia. Todavía guardará mi diploma por asistir a una conferencia que dio en la Lonja de Valencia donde no cabía un alfiler, que no pasé a recoger por su despacho porque nunca fui de títulos. Recuerdo un trabajo que presenté en la asignatura de la que él era maestro indiscutible; lo titulé “La Solidaridad Permanente”. No recuerdo exactamente el contenido de aquel texto, y, tras muchas mudanzas, se ha perdido. Pero sí recuerdo la breve conversación entre el viejo profesor y quien suscribe, felicitándome por aquello. El planteamiento era en realidad muy sencillo: Es fácil poner dinero cuando hay un terremoto en Indonesia, o ayudar puntualmente a la mujer desahuciada por un banco, es fácil incluso no cobrar una visita a una persona especialmente desprotegida que requiere puntualmente nuestros servicios. Pero el verdadero y a la vez utópico desafío es “que cada día seamos solidarios”; esa hipótesis en la cual la necesidad de realización humana renace una y otra vez al tratar de mejorar la posición del más desfavorecido. Esa fue la idea que hizo reflexionar al viejo profesor, hace ya más de veinte años, en aquel moderno despacho de la Universidad de Valencia. Y pasado el tiempo yo os planteo HOY: Si el ciudadano de a pie sólo ve desencanto en sus representantes políticos y al mismo tiempo las herramientas digitales nos permiten llegar ahora a todas partes, a tanta gente… ¿No es posible ayudarnos entre todos y hacer de éste lugar un mundo mejor de forma permanente? ¿Debemos renunciar a ese sueño? Fdo. David-Juan López Ortega Abogado.   Para saber más: Tenemos un extraordinario trabajo del Profesor Ballesteros a nuestro alcance: LA INSOSTENIBILIDAD DE LA GLOBALIZACIÓN EXISTENTE: DE LA FINANCIERIZACIÓN A LA ECOLOGIZACIÓN DE LA ECONOMÍA Y DE LA SOCIEDAD El Postestructuralismo, el endeudamiento público como crédito, Wall Street, la City y Bretton Woods. El carácter quimérico del sistema actual y la economía social y ecológica de mercado  como alternativa. Y para nosotros especialmente una idea luminosa: primacía del derecho en la defensa de lo pequeño. No dejes de leerlo. https://revistasocialesyjuridicas.files.wordpress.com/2012/02/08-tm-02.pdf  

¿Qué es el Ciberacoso? Puede definirse, de forma gráfica, como lo hace Wikipedia: “…el uso de información electrónica y medios de comunicación como el correo electrónico, redes sociales, blogs, mensajería instantánea, mensajes de texto, teléfonos móviles, y websites difamatorios para acosar a un individuo o grupo, mediante ataques personales u otros medios”. Está claro que para los mayores puede tener diversas expresiones: pedófilos, acoso sexual, laboral, etc, pero el que nos preocupa especialmente es el que se da entre menores en el ámbito escolar, cada vez más frecuente, y cuya problemática es prácticamente desconocida entre educadores y padres. Una vez más nos encontramos frente a la brecha tecnológica que en realidad debemos entender como verdadera brecha cultural: es decir, por un lado tenemos la generación de personas a quienes el boom tecnológico de los móviles pilló ya adultos y por tanto carece de experiencias a las cuales recurrir para entender lo que sus hijos están viviendo, y por otro tenemos los menores que aún no han desarrollado los recursos que podrían poner en juego para resolver experiencias conflictivas de acoso basadas en tecnología. Para entender el ciberacoso hay que entender los cambios culturales que se están produciendo mediante la tecnología. Los digital natives es decir, los menores que han nacido en un entorno digital,  entienden muy bien la tecnología, pero cuando sufren acoso no llegan a percibir lo que les está pasando. No reconocen que están sufriendo una situación de acoso. Incluso muchas veces los menores acosadores no son conscientes de que están acosando mediante la tecnología. El Derecho Penal a veces, “se queda atrás” con nuevas formas delictivas como la que hoy examinamos: el uso de nuevas tecnologías para acosar, humillar, maltratar… A veces estos delitos van acompañados con otros paralelos -robos, peleas, daños, lesiones-. Pero el ciberacoso, o cyberbullying como tal, no tiene un tipo penal específico en nuestro derecho, pese a que sí están tipificadas otras conductas como las anteriormente descritas. Los delitos informáticos sí tienen su tratamiento, o las peleas, pero no el ciberacoso, cuestión ésta que exige una reforma urgente del código penal. Lo grave es que estas dolorosas situaciones no espera las reforma, en nuestro despacho de abogados de Valencia y de Ibiza ya hemos tratado varios casos tan tristes de ciberacoso; y, en muchas ocasiones, esta problemática se agrava porque la jurisdicción penal de los menores no está dotada de los elementos precisos que impidan la persistencia en el abuso.

Por qué se necesitan abogados especialistas en Derecho de los Videojuegos en España Decíamos en un post anterior que el Derecho tiene por misión regular la realidad social. Y hoy la realidad cada vez es más digital, la economía incluso es más “virtual». Pero no deja de ser realidad; así que por la propia evolución de nuestra sociedad desde hace varios años, nos hemos ido especializando en el sector de los videojuegos y de las nuevas tecnologías en general. Es lógico, nuestros clientes están inmersos en el uso intenso de la telefonía móvil e Internet y un creciente número de actividades se desarrollan a través de ella, por lo que el derecho tiene mucho que decir al respecto. Y que duda cabe que lo lúdico es también una parte importante de la vida de las personas por lo que, ya sea quienes generan contenidos audiovisuales para videojuegos como quienes disfrutan de ellos, son plausibles de necesitar nuestra ayuda como abogados. Un Derecho para el Arte y la Tecnología en los Videojuegos Esta rama del Derecho es realmente apasionante, porque un videojuego es una creación artística multimedia y a la vez tecnológica que puede ser individual (los llamados indies); o colectiva, donde interviene un diseñador, un editor o publisher,  donde los fabricantes del hardware como por ejemplo Sony o Nintendo para las consolas o los distribuidores de Apps como Apple o Google e incluso las compañías telefónicas  tienen mucho que decir, mucho que ganar, o mucho que perder, sobre todo en un mundo donde el tiempo literalmente, vuela. Los problemas entre unos y otros que han llegado a nuestro despacho son, normalmente, laborales -trabajadores insatisfechos-, mercantiles -beneficios económicos- y contractuales. Es decir, son los problemas de siempre pero que provienen de un ecosistema nuevo y super-acelerado, con conductas o formas nuevas de entender la creatividad, la productividad y la propiedad, conceptos que, como ocurre con  Open Source o Creative Commons, pueden llegar a descolocar a un no iniciado. De allí la necesidad de que el despacho de abogados se especialice en videojuegos, Contenidos Digitales o Nuevas Tecnologías. Pero, además y específicamente en la obra de videojuego que, por su propia naturaleza es tan rica en formas expresivas, encontramos un terreno abonado para la controversia.  En los videojuegos se engloba sonido, imagen, música, un guión, un programa de ordenador. Contiene contratos de publicidad, puede ser plagiado, puede tener un contenido violento o generar un contencioso con la licencia y así multiplicar las posibilidades de generar situaciones que requieran la participación de un especialista en derecho del videojuego. Incluso puede tener implicaciones penales en los supuestos de plagio, lo que implica que estamos frente a una rama del derecho que es especial, muy concreta y más o menos novedosa. Y aún así, cabe agregar que el derecho aplicado al mundo de los videojuegos no deja de ser una manifestación más de la realidad que nos rodea que, en el ámbito jurídico, mantiene los mismos postulados que pensaron los romanos.

 ¿Porqué se necesitan abogados especializados en nuevas tecnologías? Es de sobra conocido que el fenómeno Uber ha puesto en entredicho los cimientos de los modelos tradicionales de negocio. La legislación sobre licencias de taxi, la legislación ¡autonómica! sobre transporte terrestre… no son más que papel mojado frente a la nueva herramienta tecnológica: la aplicación Uber. Tratar de poner límites a una aplicación p2p, como Uber, es poner una barrera en un campo inmenso. ¿Cómo fiscalizar la actividad de dos personas que no se conocen y que deciden a cambio de dinero intercambiar un servicio? Hoy es el transporte privado o los juegos on line; mañana será la solidaridad, la ecología o la caridad cristiana: valores en alza pendientes de mercantilizar. Google le llama “monetizar”, hacer que un intercambio de servicios que solo existe en el mundo virtual se exprese en dinero analógico, es decir, en euros contantes y sonantes. Y la nueva economía post-crisis esta monetizando cosas impensables. La aplicación Uber tal vez desaparezca pero aparecerá otra similar porque se trata de un cambio cultural, un cambio en el mercado, como ocurrió con Napster, denostada por las grandes compañías de música porque permitía compartir música entre internautas y que, una vez cerrada ha sido reemplazada por el éxito total de Spotify que hace lo mismo pero con la financiación de las mismas compañías, por cierto las mismas grandes compañías de música que presionaron para cerrar Napster. La ley mientras tanto intenta adaptarse, pero moviéndose a escala analógica, mientras que los negocios en internet se mueven a velocidad viral. La legislación que trate de limitar a Uber no se habrá impreso cuando otra nueva triquiñuela tecnológica aparezca…es que el mundo analógico (el papel impreso) se mueve a una escala increíblemente más lenta que el mundo digital (los servicios on line). En nuestros recursos administrativos, y contenciosos, tanto en nuestro despacho de abogados de Valencia como en el de Ibiza, utilizamos muchas veces el concepto de “atipicidad”, que en síntesis, supone definir una conducta que no se encuadra en un modelo legal, y por ello no puede sancionarse… ¿No es ésta la piedra angular de la defensa para quienes moviéndose en el mundo digital son multados por -casi- cualquier cosa? Así llegamos a la conclusión de que es posible recurrir al corpus legal y la jurisprudencia incluso cuando nos encontramos con situaciones nuevas, inéditas, como son las vinculadas al mundo digital. Obrando inteligentemente Derecho e Innovación Tecnológica no tienen porqué estar reñidos. Todo lo contrario, nuestra experiencia nos demuestra que se necesitan mutuamente y en España hoy más que nunca se hace necesario un salto cualitativo no solo en tecnología, sino también en los modelos de comprensión de los negocios vinculados a ella. El derecho forma parte del ecosistema en el cual florecen las innovaciones y por tanto está condenado a evolucionar. Una reflexión final: ¿Es lícito que el Estado fiscalice intangibles como un mensaje de texto donde pedimos un servicio a cambio de dinero? ¿Y si el servicio fuera gratis, o a cambio de una semana de ayuno, o de ayudar al vecino del quinto a llevar las bolsas de la compra durante un mes, o de limpiar el chapapote de una playa por otro desastre ecológico?

El reconocimiento de nuestros clientes y amigos  a nuestra entrega por ayudarlos En HDH Abogados y Asociados, tanto en Ibiza como en Valencia, estamos siempre pensando en cómo ayudar a nuestros clientes porque sabemos que si recurren a nosotros es que realmente lo necesitan. Por eso cuando se aproxima fin de año y percibimos el reconocimiento a nuestra dedicación nos damos cuenta que el regalo más preciado que podemos recibir en Navidad es que confíen en nosotros. Por eso queremos desear de todo corazón a clientes y amigos una Feliz Navidad y el mejor 2015.