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Cómo recurrir frente a la administración pública En muchas ocasiones nos encontramos con una respuesta de la administración a una solicitud que hemos efectuado -por ejemplo, pedimos una licencia de actividad para explotar un negocio, o que nos autoricen para construir un hospital- y la administración nos la deniega. Cuando el órgano administrativo que decide nuestra petición no tiene un superior jerárquico dentro del ámbito de sus competencias -por ejemplo el pleno del Ayuntamiento al que nos hemos dirigido- esa resolución se puede recurrir a través del recurso de reposición, que, como su nombre indica, implica que dicho órgano “recapacite”, revise el acto y lo revoque, dándonos la razón. Nosotros estaremos legitimados para recurrir, por cuanto nos ampara el art. 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que considera como interesados en el procedimiento administrativo “Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.” El recurso de reposición se debe interponer dentro del plazo de 1 mes, establecido en el art. 124 de la citada Ley 39/2015 desde que nos comunicaron “el no” a nuestra solicitud. Suele argumentarse en este tipo de recursos la desviación de poder, que supone que estamos ante una situación que nos induce a pensar que la razón subyacente que ha presidido esta decisión administrativa es una razón basada en intereses exclusivamente privados, ya que el acto de la Administración es un acto que se encuentra en la frontera entre la discrecionalidad y la arbitrariedad. La discrecionalidad surge cuando el Ordenamiento Jurídico atribuye a algún órgano competencia para apreciar en un momento dado lo que sea de interés público. En algunos casos las resoluciones de la Administración conforman un acto que se encuentra en la frontera entre la discrecionalidad y la arbitrariedad No hay discrecionalidad al margen de la ley, sino justamente sólo en virtud de ley, y en la medida que ésta marque. La discrecionalidad se encuentra situada dentro de la potestad, con los mismos límites que ésta, por lo que la libertad de apreciación que se deja a la Administración en la actividad discrecional no puede ser entendida como actuación arbitraria. El propio Ordenamiento Jurídico ha establecido una serie de límites en virtud de los cuales es posible ejercer un control sobre los actos discrecionales. Así, desde la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1957, los actos discrecionales han dejado de estar exentos de fiscalización, estableciendo la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 29/98 de 13 de julio un control judicial de los actos discrecionales mediante el enjuiciamiento de los elementos reglados de dichos actos y la garantía de los límites jurídicos de la discrecionalidad. Uno de los precitados elementos reglados es el fin para el que se confiere la potestad, dando lugar a la técnica de la desviación de poder. En este sentido, el artículo 70 de la Ley 29/1998 establece que “se entiende por desviación de poder el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el Ordenamiento Jurídico”. Como ha señalado la Jurisprudencia, para que exista desviación de poder no es necesario que el fin perseguido sea privado, un interés particular, sino que basta que dicho fin, aunque sea público, sea distinto del previsto y fijado por la norma que atribuya la potestad. La desviación de poder La desviación de poder está sancionada con la anulabilidad en el artículo 48.1 de la Ley 39/2015 que establece que “Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.”. De esta forma, trata de salvaguardarse el principio de legalidad, evitando que la Administración abuse de las competencias que tiene encomendadas en aras de intereses que nada tienen que ver con los principios superiores que presiden el Ordenamiento Jurídico. Este argumento recurrente suelen tenerlo muy en cuenta los órganos administrativos, que están sujetos a la Ley y al Derecho y no pueden actuar de forma arbitraria -arts. 9.3 y 103 de la Constitución Española-. Evidentemente, para recurrir en reposición es muy recomendable acudir a un profesional, y no “tirarnos a la arena” y recurrir legos en derecho, por cuanto conseguir que un órgano administrativo que nos ha dicho “no es no” rectifique no es tarea fácil, pero en absoluto imposible.   Texto redactado por el Socio Director David J. López Ortega.

A pesar de que este tipo de sociedades suelen regirse por un principio mayoritario en su organización y funcionamiento, determinado en sus estatutos, la ley otorga a los socios minoritarios una serie de derechos que, en cualquier caso, deben de ser respetados.   1. Derecho a favor de los socios que representen al menos un 5% del capital social a) Derecho de obtención de documentación Los socios, a partir de la convocatoria de la Junta General, podrán solicitar, de manera inmediata y gratuita, por escrito, con anterioridad a la fecha prevista para la celebración de la junta, o verbalmente, durante la misma, los informes o aclaraciones que consideren oportunos acerca de los asuntos que se comprendan en el orden del día: modificación de los Estatutos Sociales y las cuentas anuales, y, en su caso, el informe de gestión y el informe relativa a la junta general para la aprobación de cuentas. Los administradores estarán obligados a proporcionar la información requerida, salvo en el caso que lo consideren innecesario para la tutela de los derechos del socio, existan razones objetivas para considerar que podría utilizarse para fines extra sociales, o que su publicidad perjudique a la sociedad o a las sociedades vinculadas (artículo 196 LSC). Además, de conformidad con el artículo 272.3 de la LSC, los socios que representen al menos un 5 % del capital social, podrán examinar en el domicilio social, por sí o en unión de un experto contable, los documentos que sirvan de soporte y de antecedentes de las cuentas anuales, salvo disposición en contrario de los estatutos. Por el contrario, nada impide ni limita el derecho de la minoría a que se nombre un auditor de cuentas con cargo a la sociedad, de conformidad con el artículo 272.3 de la LSC. b) Solicitud de designación de un Auditor de Cuentas De conformidad con lo establecido en el artículo 265.1 de la LSC, cualquier socio puede solicitar al registrador mercantil del domicilio social la designación de un Auditor de Cuentas, en los siguientes casos: Cuando la Junta General no hubiera procedido a nombrarlo antes de que finalice el ejercicio de auditar Cuando la persona nombrada para ello no acepte el cargo o no pueda cumplir con sus funciones.   En aquellas sociedades donde no haya obligación de someter las cuentas anuales a un auditor, los socios que representen al menos el 25 % del capital social podrán solicitar del registrador mercantil del domicilio social que, con cargo a la sociedad, nombre un auditor de cuentas para que efectúe la revisión de las cuentas anuales de un determinado ejercicio siempre que no hubieran transcurrido tres meses a contar desde la fecha de cierre de dicho ejercicio.   . c) Derecho de separación de la sociedad En resumen, los socios que no voten a favor de un acuerdo, incluidos los socios sin voto, podrán ejercer el derecho a separarse, en los siguientes casos: Sustitución o modificación sustancial del objeto social. Prorroga de la sociedad Reactivación de la sociedad Creación o extinción anticipada de la obligación de realizar prestaciones accesorias, salvo disposición contraria de los estatutos, En los casos de transformación de la sociedad y de traslado de domicilio al extranjero En caso de falta de distribución de los dividendos, Otros casos que se establezcan de manera estatutaria. Además, los socios de una sociedad de responsabilidad limitada podrán ejercer su derecho a separarse en caso de que no hubieran votado a favor del acuerdo de modificación del régimen de transmisión de las participaciones sociales. d) Derecho a impugnar los acuerdos sociales. La impugnación de los acuerdos sociales podrá llevarse a cabo por los administradores, los terceros que acrediten un interés legítimo y los socios que hubieran adquirido tal condición antes de su adopción, siempre y cuando representen un 1% del capital social  (artículo 206 de la LSC). De conformidad con el artículo 204 de la LSC, los acuerdos susceptibles de impugnación son aquellos que sean contrarios a la Ley, se opongan a los estatutos o al reglamento de la junta de la sociedad, o lesionen el interés social en beneficio de uno o varios socios o terceros. No obstante, en el supuesto de que el acuerdo sea contrario al orden público, se permite la posibilidad de que los socios que hayan adquirido tal condicen, con posterioridad al acuerdo que se pretende impugnar, puedan impugnarlo. 2) Derecho a favor de los socios que representen más de un 5% del capital social a) Derecho a ejercitar la acción social de responsabilidad. De conformidad con el artículo 238 de la LSC, la acción social de responsabilidad contra los administradores o auditores de cuentas podrá ser ejercitada por la sociedad o por el socio o los socios que posean, individual o conjuntamente, una participación que les permita solicitar la convocatoria de una Junta General, en los siguientes casos: Cuando los administradores no convocasen la Junta General solicitada, Cuando la sociedad no solicitara la acción de responsabilidad dentro del plazo de un mes desde la fecha de adopción del acuerdo, Cuando el acuerdo infrinja el deber de lealtad. En estos casos la acción podrá ser ejercitada directamente por los socios, sin necesidad de someterse a la Junta General. Es importante mencionar que, en caso de estimación total o parcial de la demanda, la sociedad estará obligada a reembolsar a la parte actora los gastos necesarios en que se hubieran incurrido, de conformidad con el artículo 239.2 de la LSC. b) Derecho a solicitar la convocatoria de la Junta La convocatoria de la Junta General deberá llevarse a cabo de conformidad con las previsiones legales y estatutarias. Los administradores convocarán la Junta General siempre que lo consideren necesario o conveniente para los intereses de la sociedad, siendo obligatoria su convocatoria cuando lo soliciten uno o varios socios que representen al menos el 5% del capital social, debiendo expresar en dicha solicitud los asuntos a tratar. En estos casos, y de conformidad con el artículo 168 de la LSC, la Junta General será convocada para su celebración dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se hubiera requerido notarialmente su celebración, debiendo incluirse en el orden del día los asuntos objeto de la solicitud. 3) Derecho a favor de los socios que representen al menos 25 % del capital social a) Derecho de información en la Junta La ley reconoce a los titulares de las participaciones, la facultad para solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta General, o verbalmente, durante la misma, los informes o aclaraciones que consideren necesarios acerca de los asuntos que constituyan el orden del día. Los Administradores estarán obligados a proporcionar la información que se le requiera, salvo que, a juicio del órgano de administración, la publicidad de dicha información sea perjudicial para el interés social. Ahora bien, en caso de que la solicitud de información este apoyada por socios que representen al menos un 25 % del capital social, los administradores no pueden negarse a proporcionar la información requerida, de conformidad con el artículo 196.3 de la LSC. Además, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá solicitar a la sociedad la documentación que allí se fuera a debatir para su aprobación, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, y salvo disposición en contrario, en ese mismo plazo, los socios que representen al menos el 5% del capital social podrán examinar en el domicilio social, por sí o en unión de un experto contable, los documentos que sirvan de soporte y de antecedentes a las cuentas anuales, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la LSC. Acción individual de responsabilidad Cabe la posibilidad, tal y como establece el artículo 241 de la LSC, de que los socios o los terceros ejerciten una acción individual de responsabilidad frente a los administradores por los intereses lesionados. Artículo 241. Acción individual de responsabilidad. Quedan a salvo las acciones de indemnización que puedan corresponder a los socios y a los terceros por actos de administradores que lesionen directamente los intereses de aquellos. Este derecho habrá que entenderlo en relación con el artículo 196 de la LSC “Derecho de información en la sociedad de responsabilidad limitada” (“Derecho a favor de los socios que representen al menos un 25 % del capital social”). Los socios que hayan transmitido su participación, o la nuda propiedad, a su vez transmiten la legitimación para impugnar acuerdos sociales como socios (artículo 127.1 de la LSC). Sin embargo, siguen estando legitimados para impugnar los acuerdos, pero deberá acreditar interés legítimo, al igual que el adquiriente de la participación puesto que no ostentaba tal condición al momento de la adopción del acuerdo. Los socios que representen más del 1% del capital social y los administradores podrán impugnar los acuerdos adoptados, sin necesidad de acreditar interés legítimo. Actos de competencia por los socios: exclusión y otras medidas Supuesto en el que un socio de una empresa lleva a cabo actuaciones paralelas en el mercado, de la misma identidad que las que constituyen el objeto social de aquella. La primera medida que la sociedad querrá tomar es poder apartarlo de la misma, por lo que vamos a examinar si esto es posible de forma automática en todos los supuestos y, si no es así, qué otras medidas podremos tomar para que no afecte a la actividad y resultados de nuestra empresa. En consonancia con ello, el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital no contempla, a lo largo de su articulado, prohibición alguna que impida a los socios no administradores dedicarse a las actividades constitutivas del objeto social de la empresa y, por lo tanto, no se prevén las consecuencias de llevar a cabo actuaciones competenciales por estos. Cuestión distinta se produce si se trata de socios administradores. La previsión normativa expresa de exclusión de socios administradores en las de responsabilidad limitada se contempla en el  artículo 350 de la precitada Ley, que dispone lo siguiente: “La sociedad de responsabilidad limitada podrá excluir al socio que incumpla voluntariamente la obligación de realizar prestaciones accesorias, así como al socio administrador que infrinja la prohibición de competencia  o hubiera sido condenado por sentencia firme a indemnizar a la sociedad los daños y perjuicios causados por actos contrarios a esta ley o a los estatutos o realizados sin la debida diligencia”. La ley reguladora de las sociedades de capital solo prevé la exclusión de los socios administradores de las sociedades de responsabilidad limitada. Por lo que si el conflicto se plantea entre socios que no tienen la condición de administradores, sea de sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, hay que revisar el contenido de los Estatutos, para comprobar si se ha contemplado la causa de exclusión. Esta posibilidad se prevé en el  artículo 351, que dispone:  “En las sociedades de capital, con el consentimiento de todos los socios, podrán incorporarse a los estatutos causas determinadas de exclusión o modificarse o suprimirse las que figurasen en ellos con anterioridad”. Aunque tampoco exista previsión estatutaria en cada sociedad, no se han agotado las posibilidades de actuar contra los socios conflictivos, sino que todavía existen vías para hacer cesar sus conductas, pues los actos contrarios a una competencia ética gozan de la protección de la Ley  3/1991 de 10 de enero, de Competencia Desleal. Esta Ley establece, como requisito previo y fundamental, que el acto llevado a cabo por el socio se realice en el mercado y con fines concurrenciales: “Artículo 2. Ámbito objetivo Los comportamientos previstos en esta Ley tendrán la consideración de actos de competencia desleal siempre que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales.” La ley configura posteriormente estos actos como desleales de dos maneras. Por un lado tipifica determinadas conductas de forma específica en los artículos 5 a 18. Por otro, establece una cláusula general, aplicable en caso de que la conducta concreta no tenga encaje en los tipos de los citados artículos. A través de dicha cláusula, prevista en el artículo 4, podremos reputar desleal, y ejercitar en consecuencia las acciones correspondientes, todo comportamiento  que resulte “objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe”. La sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya de 19 de julio 2014  hace referencia a esta doble configuración legal de los actos de competencia desleal: “De este modo, cabe concluir que la cláusula general tipifica un acto de competencia desleal en sentido propio, dotado de sustantividad frente a los actos de competencia desleal que la Ley ha estimado tipificar en concreto. Esta cláusula ha de aplicarse de forma autónoma, especialmente para reprimir conductas o aspectos que no han podido ser subsumidos en supuestos contemplados en la tipificación particular.” En cuanto a la buena fe exigida a los que realicen en el mercado actos con fines concurrenciales, el Tribunal Supremo ha establecido, entre otras en la Sentencia de 19 de abril de 2002,  que debe entenderse como la exigencia ética significada por los valores de honradez, lealtad, el justo reparto de la propia responsabilidad y atenimiento a las consecuencias que todo acto consciente y libre puede provocar en el ámbito de la confianza ajena. Así la jurisprudencia ha considerado en determinados casos constitutivo de un acto de competencia desleal, por vulnerar las exigencias de la buena fe, que un socio constituya otra sociedad con el mismo o similar  objeto que aquella en la que continúa ostentando tal condición.  A título de ejemplo, cabe citar , entre otras, la  Sentencia de 14 de julio de 2003 del Tribunal Supremo , sobre concurrencia desleal en la comercialización y fabricación de productos químicos que establece: “no cabe dudar que las conductas imputadas a los demandados (entre ellas la de constituir una nueva empresa) ó, incluso, durante su gestación por personas como las demandadas que trabajaban o formaban parte de la actora, que se dedicaba a la misma actividad de fabricación de productos químicos… son bien expresivas, de que existe una conducta tipificada en la cláusula general del art. 5, esto es, se trata de un comportamiento que resulta objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe…». Pero si se cumplen los requisitos y el acto que ha llevado a cabo el socio puede reputarse desleal, podremos plantearnos el ejercicio de las acciones previstas en  el artículo 32 de la Ley de Competencia Desleal: “1. ª Acción declarativa de deslealtad. 2. ª Acción de cesación de la conducta desleal o de prohibición de su reiteración futura. Asimismo, podrá ejercerse la acción de prohibición, si la conducta todavía no se ha puesto en práctica. 3. ª Acción de remoción de los efectos producidos por la conducta desleal. 4. ª Acción de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas. 5. ª Acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta desleal, si ha intervenido dolo o culpa del agente. 6. ª Acción de enriquecimiento injusto, que sólo procederá cuando la conducta desleal lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico.” También hay que hacer referencia a otra posibilidad de dirigirse contra los socios que atenten contra los intereses de una sociedad realizando actos concurrenciales, examinando si en el contrato laboral se ha estipulado un pacto de no concurrencia o  competencia, recogido en el artículo 21 del Estatuto de los Trabajadores y actuar contra los mismos por incumplimiento del contrato. Hay distintas posibilidades para atacar los actos de los socios que atenten contra los intereses de una sociedad En conclusión, hay distintas posibilidades para atacar los actos de los socios de una empresa que puedan ser contrarios al ejercicio leal de tal condición y contrariar los fines de nuestra sociedad, requiriendo cada caso un examen individual que permita analizar las medidas más idóneas que se puedan tomar. Competencia desleal y prohibición de competencia de los administradores de sociedades de capital El artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital establece una prohibición de competencia de los administradores de la sociedad. Según dicho precepto: «1. Los administradores no podrán dedicarse, por cuenta propia o ajena, al mismo, análogo o complementario género de actividad que constituya el objeto social, salvo autorización expresa de la sociedad, mediante acuerdo de la Junta General, a cuyo efecto deberán realizar la comunicación prevista en el artículo anterior». Se dispone, asimismo, que en la sociedad de responsabilidad limitada cualquier socio podrá solicitar del juez de lo mercantil del domicilio social el cese del administrador que haya infringido la prohibición anterior. La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) ha dictado dos sentencias recientes en las que pone de manifiesto la relación entre esta prohibición y la comisión de actos de competencia desleal. Así, en la Sentencia 617/2018 de 26 de septiembre (ECLI: ES:APB:2018:8758), recordando lo afirmado en la anterior de 9 de diciembre de 2014 (ECLI: ES:APB:2014:11171) se declara que para la estimación de la acción de separación judicial del administrador, de conformidad con el artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital «no se requiere la acreditación de una conducta desleal de captación de clientela o de la comisión de actos desleales por desvío de las oportunidades de negocio a una empresa competidora, en definitiva de un perjuicio actual a la sociedad. Se trata de acreditar el supuesto de hecho que la norma tipifica y que se integra por las siguientes circunstancias de hecho: a) que el demandado sea administrador de una sociedad de responsabilidad limitada; b) que al mismo tiempo se «dedique» por cuenta propia o ajena (sin necesidad de ostentar el cargo de administrador) al «mismo, análogo o complementario género de actividad» que constituya el objeto social de la sociedad que administra; y c) que no haya sido autorizado a tales específicos efectos de forma expresa por la junta general». Competencia y competencia desleal del administrador: consecuencias respecto de la legitimación activa Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 2 de febrero de 2018: Un socio demanda al administrador que ha constituido otra sociedad que hace competencia a la primera. Para pedir el cese como administrador, está legitimado. Pero para ejercer acciones de competencia desleal en nombre de la sociedad, no. Y, como no lo está, pretende que estaba ejerciendo la acción social de responsabilidad que, tras la reforma de 2014, permite su ejercicio directo por los socios minoritarios si se basa en una infracción del deber de lealtad – como sería el caso – y que, dada la ampliación de las pretensiones que pueden articularse contra los administradores (no solo la indemnizatoria) a través de la llamada “acción social” (v. art. 232 LSC), permitiría al demandante salvar su falta de legitimación para ejercer las acciones de competencia desleal (El socio de una sociedad limitada puede considerarse un perjudicado indirecto por el acto de competencia desleal). Artículo 232.  Acciones derivadas de la infracción del deber de lealtad. El ejercicio de la acción de responsabilidad prevista en los artículos 236 y siguientes no obsta al ejercicio de las acciones de impugnación, cesación, remoción de efectos y, en su caso, anulación de los actos y contratos celebrados por los administradores con violación de su deber de lealtad. … puede darse el caso, al menos conceptualmente, de que el administrador que emprende por su cuenta actividades idénticas, análogas o complementarias a las que integran el objeto de la sociedad que administra lo haga con total pulcritud desde el punto de vista concurrencial, esto es, sin valerse de medios que la Ley de Competencia Desleal reputa ilícitos, lo que no será obstáculo para apreciar la infracción de la prohibición de competencia. Cabe también que la actividad idéntica, análoga o complementaria se desarrolle mediante esa clase de medios, en cuyo caso a las consecuencias legales de la infracción de la prohibición de competencia habría que añadir las consecuencias propias de esa ilicitud adicional. Finalmente, puede suceder que el administrador incurra en ilicitud concurrencial con la sociedad que administra pero que lo haga en el desarrollo de actividades que no sean ni idénticas, ni análogas ni complementarias respecto de las que integran el objeto de la sociedad, pues no pertenece a la esencia de los ilícitos que contempla la Ley de Competencia Desleal la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo de los mismos, tal y como establece expresamente el artículo 3.2 de dicha ley. Aclarado lo anterior, de la lectura de la demanda y del resto de la actuaciones cabe concluir que la petición declarativa contenida en el apartado primero del suplico de la demanda no es una acción de competencia desleal sino que se funda en el artículo 230 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital . En esencia, lo que se pretende es que se declare que el demandado don Primitivo ha infringido la prohibición de competencia al constituir la sociedad codemandada y dedicarse al mismo objeto social y, además, lo ha hecho deslealmente desde el punto de vista competencial –lo que no es relevante para apreciar la infracción de la prohibición de competencia-. Para la acción que contemplaba en el artículo 230 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital sí estaba legitimada la actora en tanto que se atribuía a cualquier socio. El problema es que la acción que contemplaba el referido precepto era una acción de cese. La declaración de que el demandado ha infringido la prohibición de competencia es un mero presupuesto que permitía al socio solicitar y al juez acordar el cese del administrador que incumplía la prohibición pero carece de interés el ejercicio autónomo de una acción declarativa y con mayor razón cuando el demandado había cesado como administrador mancomunado el día 12 de septiembre de 2012, siendo nombrada la demandante como administradora única el día 19 de octubre siguiente, todo ello con anterioridad a la presentación de la demanda que tuvo lugar el día 12 de noviembre de 2012, por lo que debe mantenerse su desestimación aun cuando sea por otras razones. El resto de las peticiones contenidas en el suplico de la demanda son consecuencia de acciones de competencia desleal para las que la actora no goza de legitimación. Que se trata de acciones de competencia desleal queda corroborado por el hecho de que la demanda también se dirige contra la sociedad y por hechos posteriores al cese del codemandado lo que sólo puede encontrar fundamento en la Ley de Competencia Desleal. Para evitar las consecuencias de la apreciada -y no discutida- falta de legitimación activa para el ejercicio de acciones de competencia desleal, la actora sostiene en el recurso de apelación que, a la vista de los hechos alegados en la demandada, debía de haberse entendido que ejercitaba la acción social de responsabilidad. El planteamiento de la parte actora resulta por completo novedoso y no puede encontrar fundamento en los principios iura novit curia y da mihi factum dabo tibi ius, argumento que, además, sólo daría cobertura a las acciones indemnizatorias. En la demanda no se ejercitó la acción social de responsabilidad. No es sólo que no se indicara que se ejercitaba esta acción o que no se hiciera la menor alusión a los artículos 236 y siguientes del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, es que ni siquiera se mencionaron sus presupuestos, ni se fundamentó la legitimación subsidiaria de la demandante para el ejercicio de esa acción… En definitiva, aunque el recurso de apelación permite al tribunal de segundo grado examinar en su integridad el proceso, no constituye un nuevo juicio, ni autoriza a resolver cuestiones distintas de las planteadas inicialmente ( artículo 456 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ), tanto en lo que se refiere a los hechos ( questio facti ) como en lo relativo a los problemas jurídicos oportunamente deducidos ( questio iuris ) dado que ello se opone al principio general pendente apellatione nihil innovetur . En todo caso, tampoco podría sostenerse la legitimación subsidiaria de la demandante para el ejercicio de la acción social de responsabilidad en la junta celebrada con fecha 19 de octubre de 2012, como ahora se alega en el recurso de apelación. El punto tercero del orden del día tenía la siguiente rúbrica: «Eventual expulsión del socio administrador don Primitivo de la compañía por asuntos presuntos de cooperación, participación o competencia desleal, sin autorización de la junta general durante periodo vigente su cargo. Adopción de acuerdos y ejercicio acciones legales.». Debatida la expulsión, no se aprobó el acuerdo sin mencionar la cuestión relativa al ejercicio de acciones legales. De la escueta referencia al ejercicio de acciones legales tampoco cabría entender sometida a la decisión de la junta la concreta acción social de responsabilidad que ahora se afirma ejercitada, respecto de la que, por otra parte, parece que ni se debatió en la junta de referencia. En consecuencia, tampoco podría reconocerse legitimación a la actora en su condición de socia de la entidad «MEDIA TO BARTER, S.L.» para ejercitar la acción social de responsabilidad que, además, sólo podría afectar al codemandado don Primitivo. Los razonamientos anteriores determinan la desestimación del recurso de apelación y la confirmación de la sentencia apelada. LEY 3/1991, DE 10 DE ENERO, DE COMPETENCIA DESLEAL Artículo 12. Explotación de la reputación ajena. Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como «modelos», «sistema», «tipo», «clase» y similares. Artículo 14. Inducción a la infracción contractual. 1. Se considera desleal la inducción a trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados, a infringir los deberes contractuales básicos que han contraído con los competidores. 2. La inducción a la terminación regular de un contrato o el aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero de una infracción contractual ajena sólo se reputará desleal cuando, siendo conocida, tenga por objeto la difusión o explotación de un secreto industrial o empresarial o vaya acompañada de circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor del mercado u otras análogas. Acciones derivadas de la competencia desleal Artículo 32. Acciones. 1. Contra los actos de competencia desleal, incluida la publicidad ilícita, podrán ejercitarse las siguientes acciones: 1.ª Acción declarativa de deslealtad. 2.ª Acción de cesación de la conducta desleal o de prohibición de su reiteración futura. Asimismo, podrá ejercerse la acción de prohibición, si la conducta todavía no se ha puesto en práctica. 3.ª Acción de remoción de los efectos producidos por la conducta desleal. 4.ª Acción de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas. 5.ª Acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta desleal, si ha intervenido dolo o culpa del agente. 6.ª Acción de enriquecimiento injusto, que sólo procederá cuando la conducta desleal lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico. 2. En las sentencias estimatorias de las acciones previstas en el apartado anterior, números 1.ª a 4.ª, el tribunal, si lo estima procedente, y con cargo al demandado, podrá acordar la publicación total o parcial de la sentencia o, cuando los efectos de la infracción puedan mantenerse a lo largo del tiempo, una declaración rectificadora.ç LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL Artículo 204. Acuerdos impugnables. 1. Son impugnables los acuerdos sociales que sean contrarios a la Ley, se opongan a los estatutos o al reglamento de la junta de la sociedad o lesionen el interés social en beneficio de uno o varios socios o de terceros. La lesión del interés social se produce también cuando el acuerdo, aun no causando daño al patrimonio social, se impone de manera abusiva por la mayoría. Se entiende que el acuerdo se impone de forma abusiva cuando, sin responder a una necesidad razonable de la sociedad, se adopta por la mayoría en interés propio y en detrimento injustificado de los demás socios.   Artículo 206. Legitimación para impugnar. 1. Para la impugnación de los acuerdos sociales están legitimados cualquiera de los administradores, los terceros que acrediten un interés legítimo y los socios que hubieran adquirido tal condición antes de la adopción del acuerdo, siempre que representen, individual o conjuntamente, al menos el uno por ciento del capital. Los estatutos podrán reducir los porcentajes de capital indicados y, en todo caso, los socios que no los alcancen tendrán derecho al resarcimiento del daño que les haya ocasionado el acuerdo impugnable. 2. Para la impugnación de los acuerdos que sean contrarios al orden público estará legitimado cualquier socio, aunque hubieran adquirido esa condición después del acuerdo, administrador o tercero. 3. Las acciones de impugnación deberán dirigirse contra la sociedad. Cuando el actor tuviese la representación exclusiva de la sociedad y la junta no tuviese designado a nadie a tal efecto, el juez que conozca de la impugnación nombrará la persona que ha de representarla en el proceso, entre los socios que hubieren votado a favor del acuerdo impugnado. 4. Los socios que hubieren votado a favor del acuerdo impugnado podrán intervenir a su costa en el proceso para mantener su validez. 5. No podrá alegar defectos de forma en el proceso de adopción del acuerdo quien habiendo tenido ocasión de denunciarlos en el momento oportuno, no lo hubiera hecho. SINTESIS DEL CASO Analizar que acciones se pueden interponer: Según la LSC: Artículo 241. Acción individual de responsabilidad. Quedan a salvo las acciones de indemnización que puedan corresponder a los socios y a los terceros por actos de administradores que lesionen directamente los intereses de aquellos. Artículo 232.  Acciones derivadas de la infracción del deber de lealtad. El ejercicio de la acción de responsabilidad prevista en los artículos 236 y siguientes no obsta al ejercicio de las acciones de impugnación, cesación, remoción de efectos y, en su caso, anulación de los actos y contratos celebrados por los administradores con violación de su deber de lealtad. Este texto ha sido redactado por la colaboradora  Dª. Guadalupe Montoto Canllo y revisado por David-J. López Ortega

A saber, el orden del día son los temas a incluir y que serán tratados en la Junta de una Comunidad, y solo se incluirán los temas que planteen los propietarios. Si se trata un tema que no estaba incluido, se declarará nulo, ya que todos los propietarios deben estar previamente informados de los asuntos que se tratarán. Del procedimiento de impugnación de actas de juntas de propietarios hablaremos en otro post. La ley exige que en la convocatoria a la Junta se indiquen de forma concreta los asuntos que se presentan a los propietarios para discutir y adoptar los acuerdos que correspondan. No sería válida una citación en la que no se hiciera constar el orden del día, ya que a ningún propietario se le puede privar de conocer previamente los temas que se van a tratar, lo que va a servir para decidir su asistencia y su postura. La ley exige que se se especifiquen de manera clara los asuntos a discutir por los propietarios Esto no implica que la redacción del orden del día sea amplia y exhaustiva, sino que bastará con que sea suficiente para la compresión y el conocimiento de los propietarios. El art. 16.2 de la Ley de Propiedad Horizontal establece que cualquier propietario podrá pedir que la Junta de Propietarios estudie y se pronuncie sobre cualquier tema que sea de interés para la comunidad y a través de un escrito dirigido al presidente, se especifique de manera clara los asuntos que quiere que sean tratados, el cual los incluirá en el orden del día de la siguiente Junta que se celebre.   Si a la reunión de la Junta no asisten, en primera convocatoria, la mayoría de los propietarios que representen, a su vez, la mayoría de las cuotas de participación se procederá a una segunda convocatoria de la misma, pero esta vez sin sujeción a quórum. La Junta se reunirá en segunda convocatoria en el lugar, día y hora indicados en la primera citación, pudiendo celebrarse el mismo día si hubiese transcurrido media hora desde la anterior. En su defecto, será nuevamente convocada, dentro de los ocho días naturales siguientes a la Junta que no se celebró. Por lo tanto ¿es posible modificar el orden del día? Primero habrá que comprobar si en los Estatutos de la Comunidad existe algo en relación a la modificación del orden de los puntos del orden del día, y si no hay nada al respecto -que suele ser lo habitual- se deberá atener a lo que se deduce en la Ley de Propiedad Horizontal. Se entiende de la LPH la necesidad de respetar el orden del día debido al deber de información que deben tener todos los propietarios. Y en el caso de que estén todos presentes y haya acuerdo, no habría impedimento alguno para la modificación. Si tienes algún problema con tu comunidad, o eres un administrador de fincas, no dudes en contactarnos. Texto elaborado por la abogada y notaria Dª. María Guadalupe Montoto Canllo y revisado por el socio David J. López Ortega

Para poder entender la responsabilidad de las personas físicas en las sociedades irregulares, antes que nada debemos saber porque se denominan así y cuáles son sus características principales. Se considera irregular toda aquella sociedad que, una vez haya otorgado escritura pública de constitución, incurra en una de las dos situaciones siguientes: Que haya transcurrido un año desde el otorgamiento de escritura sin que se haya solicitado su inscripción en el Registro Mercantil O que antes del transcurso de dicho plazo, haya quedado verificada la intención de los socios de no inscribir la sociedad. Es decir que mientras no concurra el elemento subjetivo (voluntad de no inscribir) o el elemento objetivo (transcurso de un año) estaremos en presencia de una sociedad de responsabilidad limitada en formación pendiente de presentación en el Registro. Por lo que para quedar plenamente constituidas y adquirir personalidad jurídica las sociedades mercantiles, necesitan que concurran dos elementos: Que consten en escritura pública Y que dicha escritura se inscriba en el Registro Mercantil. Por lo tanto una sociedad irregular es aquella que no observa los requisitos legales para su constitución, es decir, que no ha cumplido las formalidades constitutivas. Pero esa irregularidad se refiere a aquellas sociedades cuya inscripción sea constitutiva, es decir, precisa para la adquisición de personalidad jurídica. Así, la sociedad anónima o la sociedad de responsabilidad limitada. Una sociedad irregular es aquella que no observa los requisitos legales para su constitución Ahora sí, teniendo claro el concepto de las sociedades irregulares, podremos hablar de la responsabilidad mencionada anteriormente. . Alcance de la responsabilidad La  sociedad irregular que realice operaciones en el tráfico mercantil y cuyo objeto social sea mercantil, se le aplicarán las normas de la sociedad colectiva, lo que determina la responsabilidad subsidiaria, personal y solidaria de todos los socios por las deudas de la sociedad. Es decir, los acreedores podrán dirigirse ante cualquiera de los socios por el total de la deuda, sin perjuicio del ejercicio de la acción de repetición del socio contra la sociedad por el importe satisfecho en su nombre. En caso de no poder calificarse como mercantil, se le aplicarían las normas de la sociedad civil, lo que implica que los socios quedarán obligados mancomunadamente por las deudas sociales, es decir que cada uno responderá por parte que le corresponda en relación con su cuota social. En ambos casos se trata de responsabilidades subsidiarias de los socios, es decir, que estos únicamente responden cuando el patrimonio social sea insuficiente para cubrir las deudas sociales. Hay que tener en cuenta que, en caso de que la sociedad irregular decida poner fin a esta situación procediendo a la inscripción en el Registro Mercantil, cesará en este momento el régimen de responsabilidades explicado, pero los socios seguirán respondiendo por los actos anteriores a la inscripción. Una vez inscripta, la sociedad queda obligada por los actos y contratos perfeccionados. También queda obligada la sociedad por aquellos actos que acepte dentro del plazo de tres meses desde su inscripción. En ambos supuestos cesa la responsabilidad solidaria de socios, administradores y representantes; pero en el caso de que el valor del patrimonio social, sumado el importe de los gastos indispensables para la inscripción de la sociedad, fuese inferior a la cifra del capital, los socios estarán obligados a cubrir la diferencia. Texto redactado por la colaboradora Dª. Guadalupe Montoto Canllo Revisado por el director David-Juan López Ortega

Hace años un cliente vino a vernos con esta pregunta: ¿me separo o me divorcio? La respuesta se la dimos con otra pregunta: ¿Tu relación está definitivamente rota? En su caso no era así. Se había ido a vivir a otra localidad de la provincia de Valencia y la mujer se había quedado en la casa familiar. Todavía había posibilidades de que retomaran la relación. En el otoño de la vida buscaba una nueva oportunidad, quizás nueva pareja, quizás volver…   Era un matrimonio que rondaba la cincuentena y que estaba pasando por una mala racha. La separación supone el cese temporal de la convivencia; pero no está disuelto definitivamente el matrimonio. Esta opción supuso para aquella pareja “darse un respiro”. Se regularon las visitas con los hijos y el uso de los bienes en común. Siempre cabe la posibilidad de reconciliarse. Así lo expone el artículo 84 del Código Civil: “la reconciliación pone término al procedimiento de separación y deja sin efecto ulterior lo resuelto en él, pero ambos cónyuges separadamente deberán ponerlo en conocimiento del Juez que entienda o haya entendido en el litigio…Ello no obstante, mediante resolución judicial, serán mantenidas o modificadas las medidas adoptadas en relación a los hijos, cuando exista causa que lo justifique”. Segundas partes nunca fueron buenas Al año siguiente volvieron al despacho con la intención de divorciarse definitivamente, y así lo tramitamos. Hoy ambos han encontrado en el otoño de la vida nuevas parejas y uno de ellos se ha vuelto a casar. Esta pareja reflejó con su conducta el mandato del legislador: Si “queremos reflexionar y vivir un tiempo lejos del otro”, nos separamos legalmente. Si la relación está ya muy deteriorada y “no hay vuelta atrás”, lo aconsejable es optar por la ruptura definitiva del vínculo matrimonial: El divorcio. El periplo estival da para muchos disgustos. Siempre hay que luchar por las relaciones personales, pero cuando éstas se marchitan siempre nos quedarán los buenos recuerdos del tiempo pasado, que aconsejamos no enturbiarlos por cuestiones monetarias o por el uso de los hijos como moneda de cambio. Hay que dejar de lado los sentimientos y acudir a un abogado de confianza, y divorciarnos o separarnos, al menos, como personas civilizadas.

La crisis causada por el COVID-19 impacta todos los aspectos de la vida cotidiana, personal y profesional. Para reducir los perjuicios causados a los autónomos y empresarios que no cuentan con recursos económicos suficientes para hacer frente a esta situación, el Gobierno ha adoptado determinadas medidas excepcionales. Por lo tanto, existen dudas en varios ámbitos, y uno de ellos constituye el pago del alquiler de locales. El contrato de arrendamiento de local es el contrato bilateral que une dos partes: el arrendatario y el arrendador. El arrendatario es el obligado a pagar la renta o el precio convenido. El arrendador, por su parte, debe mantener el estado de goce pacífico durante el tiempo del contrato para el ejercicio de la actividad pactada, conforme al artículo 1554.3 del Código Civil. Entonces, se trata de un contrato con obligaciones sinalagmáticas, es decir correspondientes a ambas partes, y el incumplimiento de una de las partes puede implicar el incumplimiento de la otra parte o la ruptura del contrato. Ante el conflicto hay que intentar lograr un acuerdo entre ambas partes El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID 19, ha establecido el cierre temporal de los establecimientos comerciales minoristas. Entonces, la suspensión de las actividades supone la imposibilidad del arrendatario de cumplir con su obligación de garantizar el goce pacifico del local para el desarrollo de la actividad prevista. En esta situación, ¿el arrendador puede dejar de cumplir su obligación de pago de la renta del local? – En este supuesto, el primer paso consiste en referirse a lo dispuesto en el contrato de arrendamiento. La verificación permite determinar si el contrato trata en alguna manera de las situaciones excepcionales, del supuesto de la fuerza mayor y de sus consecuencias en las relaciones entre el arrendador y el arrendatario del local. – En segundo lugar, hay que intentar lograr un acuerdo entre ambas partes. Por ejemplo, puede consistir en pactar el aplazamiento del pago de la renta del local por no poder obtener beneficios de este último. Si el contrato no hace referencia a este tema y que no se ha podido alcanzar un acuerdo, entonces hay que buscar las soluciones previstas en la normativa. De hecho, el Real Decreto-Ley de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, del 21 de abril 2020, establece una respuesta global a esta situación. No consagra el incumplimiento de la obligación de pago, pero aplaza éste para permitir la disminución de la carga sobre los arrendatarios, en una situación dificultada por la imposibilidad de seguir con su actividad económica. Así, el Real Decreto Ley, en su artículo 1, distingue dos situaciones: – En primer lugar, cuando el arrendador es una empresa, entidad pública de vivienda o un gran tenedor, el arrendatario podrá solicitar, en el plazo de un mes, una moratoria en el pago de la renta arrendaticia. Se aplicará de manera automática y afectará al periodo de tiempo del estado de alarma (y sus prórrogas) y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, sin que puedan superarse los cuatro meses. El aplazamiento de la renta se realizará por el fraccionamiento de las cuotas en un plazo de dos años, contando tras el plazo de los cuatro meses antes citado, y siempre dentro del plazo de vigencia del contrato de arrendamiento. – En el supuesto en que no se trata de un arrendador que sea un gran tenedor, en el mismo plazo de un mes, el arrendatario podrá solicitar el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta solo si el aplazamiento o rebaja de la renta no se hubiera acordado por ambas partes con carácter voluntario. Es importate tener claro en qué casos el arrendatario puede solicitar una moratoria en el pago de la renta arrendaticia El artículo 3 de este RD hace referencia a los criterios de acceso al aplazamiento de las rentas. Entonces, podrán beneficiar del aplazamiento del pago de la renta del local los autónomos dados de alta en el régimen de seguridad social correspondiente, cuya actividad haya quedado suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, o por órdenes dictadas por la Autoridad competente. En el caso contrario, deberán acreditar la reducción de la facturación del mes natural anterior al que se solicita el aplazamiento en, al menos, un 75 por ciento, en comparación el mismo periodo en el año anterior. Asimismo, también podrán beneficiar de este aplazamiento las pymes que cumplan con los requisitos anteriores, y que no se superen los límites establecidos en el artículo 257.1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Redacción, Adèle Ottavi Supervisión, David López Ortega

Todos nos casamos con la idea de que el matrimonio va a durar para siempre y, en el camino, hacemos los máximos esfuerzos para que así sea. Sin embargo, lamentablemente no todos lo logran y, con el divorcio, empiezan los problemas legales para uno y otro. Te ayudamos a gestionar los contratos de tu vivienda tras el divorcio o mudanza Para facilitarte la vida, si estás pasando por esta desagradable circunstancia, te vamos a explicar cómo gestionar los contratos de tu vivienda tras el divorcio o después de haberte mudado. Todo lo que necesitas saber para subir la potencia contratada Si te has separado y, al llegar a tu nueva casa, descubres que la potencia contratada por el anterior dueño o inquilino era demasiado baja para tus necesidades, te tocará subir la potencia eléctrica contratada. La buena noticia es que es un proceso relativamente simple de cumplir si sigues todos los pasos. Sin embargo, el tiempo para disfrutar de la nueva potencia puede tardar hasta 20 días hábiles y que dependiendo de la potencia contratada que quieras subir tendrás que abonar un precio u otro. Eso sí, recuerda que solo podrás aumentar la potencia eléctrica contratada si eres el titular del contrato. Contratar el gas natural después de la separación Si te has separado y te has tenido que mudar, además de los servicios eléctricos, tendrás que velar porque la nueva vivienda cuente con un suministro de gas natural. Si no es así, tendrás que contratar uno a través de la empresa comercializadora de tu preferencia. Esto siempre y cuando el servicio se encuentre de “alta” para la propiedad. En caso contrario, tendrás que contactar con la empresa distribuidora de tu localidad para reactivar el servicio. En todo caso recuerda que contratar el gas natural en Madrid es él mismo proceso que en otra parte de España: podrás hacerlo por teléfono, por internet o a través de una oficina de forma presencial. También puedes pedir asesoramiento a empresas dedicadas a ayudarte en el papeleo y que se encargarán de anular, suscribir, o transferir tus contratos.     Es una colaboración de Iván Auciello Estévez Departamento de Comunicación y Marketing en papernest

Hoy queremos dedicarnos a reflexionar sobre aquellas acciones que vulneran el entorno natural, el medio ambiente y las personas que lo habitan. Disfrutar de la naturaleza conlleva también una responsabilidad, cuidar de ella. Empecemos por aclarar que este tipo de delitos no se refieren solo a casos evidentes como la contaminación atmosférica producida por la industria o los vertidos en cursos fluviales sino que también incluye el volumen excesivo de la música de un bar o el ruido producido por maquinarias en determinados centros de trabajo, almacenes o vías de circulación de vehículos, cuando afecta al descanso de los vecinos. La protección del medio ambiente así entendida esta contenida en la misma Constitución Española, que en su articulo 45 ya expresa que: Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. . Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado. La realidad es que cada vez es más frecuentes dar  visibilidad a los delitos vinculados al medio ambiente, por un lado porque crece la conciencia de la ciudadanía  y los medios de comunicación por destacarlos pero también por la propia complejidad de nuestra vida actual y el desapego de muchas personas a la convivencia sostenible. Cada vez es más frecuentes dar  visibilidad a los delitos vinculados al medio ambiente Baste con nombrar los incendios provocados, la vulneración gratuita de animales silvestres, de bosques y humedales así como el vertidos inescrupulosos de residuos de todo tipo, muchos de ellos altamente contaminantes. Tipos de delitos tipificados por el Código Penal Conviene repasar cuales son 1.- ECOLOGICOS: Son aquellos que causan vertidos, emanaciones contaminantes, vibraciones o intervenciones graves en el ecosistema alterando la calidad del aire, suelo, agua o seres vivos, alterando lo que se llama la cadena trófica o de circulacion natrual de energía en un entorno determinado. 2.- RESIDUALES: es un caso específico pero no menos peligroso en el cual determinadas acciones  perjudican la naturaleza, o causan lesiones  a personas en el marco de la gestión de residuos o cualquier otra actividad de gestión de basura. 3.- INDUSTRIALES. En este caso son actividades del mundo productivo que por su peligrosidad en el almacenamiento o uso de sustancias o preparados peligrosos terminan perjudicando el ambiente o natural los serers vivos que lo habitan. Conoce lo que la Constitución Española preve sobre el cuidado del Medio Ambiente

Uno de los aportes de la mediación en la resolución de problemas de pareja es «evitar males mayores» porque las partes en conflicto al recurrir al mediador pueden intentar con su ayuda volver a tener un trato  franco y positivo. Esa es precisamente una de las funciones del mediador, quizás la más determinante. Pero como el mediador no solo es un consejero sino que nos permite resolver las controversias atendiendo al marco legal, también recogerá  las voluntades de la partes en un acuerdo que se llama Acta. Personalmente como mediador suelo recomendar que la pareja decida sobre el futuro de aquellos aspectos mas sensibles en una desavenencia. Por ejemplo, uno de los puntos que generalmente requieren de la asistencia de un mediador es la propiedad de los bienes y siempre es mejor tratarlos con la ayuda de un profesional que vela por no incrementar el conflicto, que dirimir el problema frente a un juez, en una instancia siempre mas fría y distante. Al elaborar el Acta los acuerdos establecidos mediante consenso tienen en realidad la fuerza de un Contrato. En el caso en que la pareja hubiera tomado la determinación acordada de terminar con la convivencia de forma definitiva, está bien que cuenten con el Acta. Incluso, para generar confianza mutua y tener más garantías,  pueden exponer sus objetivos en un documento denominado Convenio Regulador el cual será homologado judicialmente por un abogado. Mi experiencia me dice que siempre que la pareja en conflicto se involucra en un proceso judicial las relaciones tienden a incrementar su negatividad, todo se complica y surgen pasiones que podrían ser evitadas. A esto que se agrega frecuentemente el hecho de que en el medio del conflicto estará la visón de Abogados, Procuradores y un Juez, presencias que generalmente someten los ya de por si controvertidos problemas de la pareja, a los vaivenes de las opiniones externas y a la estructura normativa del aparato judicial. Esta es la razón principal por la que recomiendo recurrir a la asistencia conciliadora de un mediador, cuya visón trabajará siempre en haras de la concordia o al menos nos ayudará a gestionar de forma satisfactoria el conflicto, antes de involucrarnos en el farragoso mundo judicial.

Es un hecho comprobado que cada fin de verano se incrementan los divorcios, dado que los matrimonios al pasar mucho tiempo juntos en vacaciones, tienen mas posibilidad es de que aparezca un conflicto. es mucho mayor. Dicho de otra manera: las actividades rutinarias, los hábitos diarios pueden estar ocultando un problema de pareja. Por ello, si la relación de pareja es buena, tras las vacaciones es mejor. Pero si no es armoniosa, tras éstas, el otoño pasa factura con la solicitud de divorcio. ¿Y cómo transcurre el procedimiento de divorcio? Déjate aconsejar por un buen abogado con experiencia en estas dolorosas situaciones En el caso de que sea un divorcio consensual, de mutuo acuerdo, el procedimiento comenzará con la presentación de una demanda de divorcio por parte de cualquiera de los dos cónyuges, o por ambos si así lo desean, acompañada por una serie de documentación y mediante un abogado procurador. Al cabo de tres días, los cónyuges deberán ratificar por separado el deseo de divorciarse y el juez comprobará si el convenio regulador propuesto es ajustado a derecho (es decir, que no sea dañoso ni perjudicial). En caso de que se deniegue la separación o divorcio, se podrá recurrir dentro del plazo de cinco días, y el juez lo elevará a la Audiencia Provincial. En el caso de un divorcio contencioso, la demanda la presentará uno de los cónyuges junto a un proyecto de medidas y efectos y por supuesto, se celebrará juicio para el mismo. Déjate aconsejar y guiar durante la causa por un buen abogado con experiencia en estas dolorosas situaciones.  En un momento tan difícil eso te simplificará el proceso.

Todo lo que hay que saber para reclamar a la aseguradora Ante todo definamos que es reclamar a una aseguradora. Se trata solicitar o exigir a una compañía aseguradora a través de un medio que deje constancia, bien por escrito, grabación o vídeo, para que cumpla con determinados servicios a los que se ha comprometido y los cuales no han sido cumplimentados en tiempo y forma. Una vez hecha la reclamación lo normal es que  la aseguradora analice el caso y justifique su accionar, resolviendo el tema bien en favor del reclamante o desestimando la reclamación. Pero atención, no es lo mismo una reclamación que una queja. Una queja consiste en denunciar situaciones que perjudican a la persona que se queja, tales como omisiones de un servicio, demoras, olvidos etc. La queja no busca la restauración de un derecho pero en muchos casos constituye la primera parte de una reclamación. A diferencia de la reclamación, la queja tiene como fin denunciar una anomalía para que el asegurador se aperciba de la misma, una reclamación tiene como objetivo restituir determinados derechos del usuario que no se estan cumpliendo en base a lo acordado. En el caso de las reclamaciones a las compañías aseguradoras la reclamación puede ir a más, en el caso en que no se satisfaga la misma, llegando el denunciante a presentar una solicitud una sanción a la DGSFP (Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones)  para la aseguradora. Las malas compañías aseguradoras intentan desanimar y neutralizar al reclamante En el caso de iniciar el camino de la reclamación es necesario prepararse para tener que afrontar estrategias y políticas pensadas por las malas compañías aseguradoras para desanimar y neutralizar al reclamante, siendo los servicios de atención al cliente de las aseguradoras de las mas duras en todo tipo de reclamación o negociación. Las malas aseguradoras estan preparadas para actuar siempre en favor del seguro, complicando situaciones simples, dando largas o dejando de dar información valiosa para la resolución del conflicto. Este tipo de acciones buscan hacer perder el tiempo del usuario intentando desanimarlo, sin embargo, si el usuario esta preparado para estas estrategias podrá seguir adelante. De encontrarse con este tipo de situaciones y en la medida en que la compañía aseguradora no solo no resuelva el problemas sino que dé pruebas de un accionar planificado para la desestimación del reclamo, hay que  plantease incluso una reclamación judicial. En este caso la reclamación pasa a un nivel mucho mas exigente ya que sigue un protocolo de actuación mucho mas rigurosos tales como las: Alegaciones, donde las partes exponen sus pretensiones. La fase Probatoria, donde presentan las pruebas probar la realidad de los hechos en los que se basan. La fase Decisoria, que es cuando el Tribunal se pronuncia dictando una sentencia.  

Si has llegado a la conclusión de que en tu conflicto de pareja el siguiente paso es el divorcio, como profesional te recomiendo que intentes llegar a una solución consensuada …al menos en los aspectos más importantes Hay cuatro puntos que no puedes dejar de resolver y son: La distribución de vuestros bienes El régimen de visitas si hay hijos comunes La pensión compensatoria que se aplica cuando uno de los dos tiene una retribución superior al otro Y por supuesto…la vivienda habitual Te cuento porqué debes confiar en un mediador Como profesional de la mediación aconsejo que seáis vosotros quienes decidáis sobre los bienes y sobre la forma de continuar (o no) vuestras relaciones personales, porque la otra opción es que lo decida un juez, es decir, un tercero que no os conoce en absoluto, pero que tiene autoridad para obligaros a tomar un camino u otro.  Algo muy beneficioso en la mediación es que evita una situación contenciosa, que es lo primero para evitar mayores complicaciones. Las partes solicitan la asistencia de un mediador profesional que intentará no resolver el conflicto, sino que éste concluya de un amanera lo menos dolorosa posible -tanto emocional como económicamente-. Por ello os escuchará, aportará ideas y herramientas legales para lograr puntos en común de una forma franca y personalizada.  El mediador os escuchará, aportará ideas y herramientas legales para obtener una solución Tienes que saber que el resultado de esa labor es la elaboración de un escrito, un acta que posee la fuerza de un verdadero contrato. Si ambos tienen claro que quieren realmente terminar la convivencia definitivamente, esta herramienta legal os ayudará muchísimo. Una variante más fuerte es firmar -de foma consensuada- un  Convenio Regulador que no es más que un documento donde se ponen en común los términos del fin del contrato matrimonial y que un abogado homologa por vía judicial. Personalmente, despues de muchos años en el tema, he podido comprobar que cuando hay un procedimiento contencioso las relaciones personales de la ex-pareja se enturbian por la presencia de Abogados, Procuradores y un Juez, lo que no siempre colabora para resolver los problemas de ambos, y, además en el caso de que haya niños hace que sufran consecuencias que pueden evitarse si se obra con cabeza fría y con la asistencia de un mediador.  

  Generalmente en los casos de divorcio que recurren a abogados en Valencia las personas preocupadas desean conocer el que va a ocurrir en el futuro inmediato, tanto con sus hijos, en el caso que los tengan, como con los bienes inmuebles de la familia. Si nos centramos en los bienes materiales hay que decir que es bastante común que la casa familiar por ejemplo, sea motivo de conflicto, ya que, aunque ambos cónyuges hayan trabajado de común acuerdo para su compra y mantenimiento,  en muchos casos la titularidad de propiedad se encuentra a nombre de uno solo e los miembros del matrimonio. Frente a la controversia derivada de esta situación es clave saber si la pareja va a recurrir a la justicia, o si por el contrario lograrán ponerse de acuerdo. ¿Qué dice la ley? En líneas generales, en el caso de régimen de gananciales,  sepamos que ambos cónyuges tienen el derecho a participar el aumento patrimonial obtenido por el otro durante el matrimonio. Eso significa que la propiedad es de los dos miembros de la pareja, aunque en lo papeles solo uno de ellos aparezca como propietario. La propiedad es de los dos miembros de la pareja, aunque en lo papeles solo uno de ellos aparezca como propietario Ahora bien, desde el 1 de Julio de 2008 en Valencia se aplica la Ley 10/2007 de la Comunidad Autónoma Valenciana,  la cual dice que los cónyuges serán propietarios cada uno de sus propios bienes, es decir que los bienes obtenidos durante el matrimonio serán propiedad del cónyuge que aparece como titular legal, y por tanto quien se quedará la propiedad será aquél que lo tenga a su nombre más allá del esfuerzo de la otra parte. –> Si quieres saber más

Leyes, bromas y arte En estos últimos días hemos visto cómo Sotheby’s, una de las más importantes y famosas galerías de arte de todos los tiempos, se ha visto envuelta en un escándalo debido a una broma realizada por uno de los autores de una obra de la subasta. Girl with balloon de Banksy, que muestra a una niña que trata de alcanzar un globo en forma de corazón, era una versión en lienzo de un diseño que primero apareció como grafiti en una calle del este de Londres, y que en 2017 fue elegida la obra favorita de la nación, puesta en un marco de estilo victoriano, pintada con aerosol y acrílico sobre lienzo en 2006, con unas medidas de 101 x 78 x 18 cm y firmada y dedicada en el reverso, se sorteó el pasado 6 de octubre y se autodestruyó en mitad de la puja ante la estupefacción de los asistentes, tras ser subastada por 1,04 millones de libras (1,18 millones de euros), el triple de lo previsto y récord para el artista, originario de la ciudad inglesa de Bristol, Banksy se hizo conocido por sus subversivos grafitis que aparecían en diversas partes del mundo, de Londres a Palestina, y desde entonces se ha convertido en un cotizado artista. El propio artista subió un vídeo en el que explica cómo preparó la trituradora de papel tras el marco del cuadro hace años, en espera del momento en que fuera subastada. En el vídeo se puede ver cómo un lienzo, se hace trizas al pasar por una trituradora de papel instalada en la parte inferior del marco, proyecto de lo que se iba a llevar a cabo en la subasta: «El impulso de destruir es también un impulso creativo«. Cuando el viernes por la noche, en la sala activó el mecanismo destructor dejando a todo el público estupefacto, Sotheby’s ante tal situación, decidió pausar la subasta: «Parece que acabamos de ser Banksy-tados«, declaró el director de arte contemporáneo, Alex Branczik. Debemos tener en cuenta que la línea que separa una broma de un acto ilícito es muy fina, ya que en muchas ocasiones estas bromas pueden convertirse en delitos recogidos en el Código Penal, y una obra de arte vendida por más de un millón de euros acababa de ser destruida. El Código Penal actual, contempla bajo la rúbrica general De los desórdenes públicos, conductas que podrían dar lugar a responsabilidades penales. La jurisprudencia del Tribunal Supremo habla de paz pública como concepto integrado por el conjunto de condiciones externas que permiten el normal desarrollo de la convivencia ciudadana, esto es, el cumplimiento de unas normas, el respeto a la dignidad y derechos de las personas, la tranquilidad general-. Por otra parte, el delito de daño en propiedad afecta el patrimonio de las personas, se consuma cuando se destruye o deteriora una cosa ajena (mueble o inmueble) en perjuicio de otro (el agraviado), se llega a cometer de forma dolosa o culposa, su grado de prosecución puede ser de oficio o de querella, y en este caso se trata de un dolo directo y de culpa consiente o con representación, es decir, intencional. No obstante, si bien decíamos que la línea entre las bromas y el delito es fina, más fina es aún entre las bromas, el delito y el arte. Y es que esta broma se ha considerado el primer trabajo artístico de la Historia que se crea en vivo durante una subasta, es decir, Banksy no destruyó una obra de arte en la subasta, creó una nueva, a la que ha titulado Love is in the bin. La casa de subastas pidió un nuevo certificado de autenticidad a Pest Control, la compañía oficial que garantiza la autenticidad de las obras de Banksy, por lo que la coleccionista que adquirió la obra pasó de víctima legal a una de las propietarias de arte más afortunadas del planeta: posee una obra única cuyo precio, según los expertos, se ha duplicado en apenas 24 horas.

Pagos de los Derechos de Sucesión en Valencia y Baleares El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es el que determina la fiscalidad de las herencias con carácter progresivo y su gestión está cedida a las comunidades autónomas. Cuando una persona fallece existen una serie de impuestos sobre la herencia  bajo el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, regulado por la Ley 29/1987, de 23 de diciembre , también conocida como ley del impuesto de sucesiones y donaciones, y por el reglamento del impuesto de sucesiones, marcado por el Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Para las herencias y transmisiones mortis causa la base imponible se calculará a través del valor neto de la adquisición neta individual (de cada heredero para la herencia), entendida como el valor real de los bienes y derechos, menos las cargas y los gastos deducibles. El impuesto dispone de una serie de deducciones que podrán aplicarse con carácter general y que afectan especialmente a los testamentos en las herencias. En este sentido, la ley del impuesto de sucesiones marca que podrán deducirse o restarse al montante de la herencia las cargas o gravámenes de naturaleza perpetua, temporal o redimibles que aparezcan directamente establecidos sobre los mismos y disminuyan realmente su capital o valor, las deudas y los tributos de la Seguridad Social, gastos de última enfermedad, entierro y funeral. El plazo para verificar este pago es, en principio, de seis meses desde el fallecimiento, per antes de que transcurran cinco meses desde el fallecimiento se puede solicitar una prórroga de otros seis, que comenzará a contarse desde que finalice el plazo de seis meses y llevará aparejada la obligación de satisfacer el interés de demora correspondiente hasta el día en que se presente el documento o la declaración. En Valencia y Baleares, el ingreso debe efectuarse obligatoriamente mediante la correspondiente autoliquidación. Para ello, el propio interesado tiene que calcular cuánto tiene que pagarse de impuesto e ingresarlo en la hacienda autonómica y  rellenar los modelos oficiales correspondientes (de declaración y de autoliquidación —mod. 650 y 660) y efectuar el ingreso en la entidad de depósito que presta el servicio de caja o en alguna de sus entidades colaboradoras (Bancos y Cajas).

Hoy día 6 de Julio de 2018 se publica una norma que afecta de una manera alarmante a los taxistas de Valencia. Es la Orden 9/2018, de 29 de Junio, de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, por la que se regula el sistema de descanso obligatorio y la limitación diaria en la presentación del Servicio del Taxi.   Este es el link: http://www.dogv.gva.es/datos/2018/07/06/pdf/2018_6562.pdf La Orden señala, en su art. 2.1, que “Todas las autorizaciones de taxi del Área de Prestación Conjunta de València deberán prestar servicio de lunes a domingo, un máximo de 16 horas cada 24 horas, con excepción de los días de descanso obligatorio “. Al margen del error gramatical evidente de dicho artículo (las autorizaciones no prestan servicio alguno, sino los taxistas), la norma es perjudicial para el conjunto de taxistas de Valencia, que verán limitada su jornada laboral, sus horarios, sus descansos… No hay mayor destrucción de empleo que el propuesto por la Consellería de Vivienda Esta Orden impide a un vehículo -una herramienta de trabajo- funcionar durante un tercio de su vida diaria útil, lo que es una auténtica barbaridad. El titular de una autorización de taxi que tenga tres trabajadores contratados para prestar su servicio en jornadas de ocho horas, tendrá que despedir a uno de ellos y dejar, entretanto, el taxi en el garaje. No hay mayor destrucción de empleo que el propuesto por la citada Orden. El taxista autónomo tendrá que ajustar su horario al previsto en la Orden, que obliga a descansar cada doce horas… El intervencionismo de la Generalidad Valenciana, que “se mete” en la vida de los taxistas organizándoles hasta la extenuación, es contrario a la propia idea del “emprendedor”, de la que tanto presumen algunos de nuestros representes públicos. Es una norma restrictiva que va a contracorriente de la normativa liberalizadora europea y de la propia filosofía de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Esta Orden a afecta a horarios, jornadas de trabajo… Es tan restrictiva que va a obligar a los taxistas que residan fuera de Valencia a tener que parar su propio taxi, llamar a otro taxi para que venga a recogerles, y así poder acudir a su domicilio, puesto que la norma señala que el taxímetro se encenderá de forma automática a los 15 kms. Y es lógico que muchos taxistas vivan fuera de la Área de Prestación Conjunta de Valencia, y no podrán, por lo tanto, volver a sus casas después de trabajar unas cuantas horas, teniendo que haber “perdido” otros 60 minutos en mitad de la jornada, etc. HDH ABOGADOS se solidariza con el sector valenciano del Taxi, ante semejante injusticia, y atenderemos cualquier consulta sobre el procedimiento de reclamación patrimonial frente a la administración de forma gratuita en nuestra oficina de Valencia.

¿Conoces los trámites? El traspaso de un negocio es un acuerdo para la cesión del contrato de arrendamiento de un local o negocio y de los activos comerciales tangibles (mobiliario, productos, etc.) e intangibles (clientes, marca, fondo de comercio, etc.) a cambio de un precio determinado o mediante la compra de la sociedad limitada. A la hora de realizar el traspaso hay que tener establecida cuáles son las características y evolución del negocio: facturación, impuestos, licencias, costes, inventario, etc. para estipular un precio sobre el que negociar, siempre en consonancia con la capacidad del negocio de generar beneficios en el futuro. Respecto al traspaso de negocios existen diversas opciones legales: la cesión de contratos de arrendamiento, el traspaso de un local arrendado por una sociedad, traspaso de negocio en un local propio y subrogación en caso de fallecimiento del inquilino, Los traspasos de negocios en locales en los que se ejerza una actividad empresarial o profesional vienen regulados por el artículo 32 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (Ley 29/94 de 24 noviembre de 2004), que permite ceder el contrato de arrendamiento, sin necesidad de contar con el consentimiento del propietario, siempre y cuando el contrato de arrendamiento no incluya una cláusula que prohíba la cesión o traspaso. En el caso de que el local estuviera arrendado por una sociedad, una alternativa al traspaso del negocio sería considerar la compra de la sociedad en cuestión, adquiriendo todas las obligaciones de pago pendientes que tuviera la sociedad, además de los bienes y derechos. Para realizar un traspaso de negocio en un local propio, se procede a una valoración del negocio en marcha y a la firma de un contrato de arrendamiento, pagando el precio por el negocio y luego una renta mensual por el arrendamiento. Por fallecimiento del inquilino, si sus herederos o legatarios continúan ejerciendo la actividad, el contrato de arrendamiento se subroga en las mismas condiciones. En cuanto a las operaciones de cesión de un negocio como vía de traspaso no están en principio sujetas a IVA ni impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP), siempre y cuando se transfiera el negocio en su totalidad, pero no ocurre lo mismo en el caso de que se reciba una parte del traspaso de negocios, ya que en este caso se incluirá el 21% de IVA y deberá incluir también las retenciones correspondientes. Respecto a la renta recibida por el traspaso, su tributación en el IRPF no será como rendimiento del negocio o ventas sino como ganancia patrimonial, que se calculará deduciendo del importe del traspaso el valor de neto de los bienes y derechos entregados y si se tratase de una sociedad debería tributar esta ganancia en el impuesto de sociedades. Consulta con tu abogado de confianza los aspectos legales y tributarios, él sabrá aconsejarte de manera correcta y profesional, tanto para la preparación del contrato e impuestos como en cualquier otro aspecto en el que se precise apoyo jurídico. Estamos para ayudarte.

¿Es seguro invertir en Bitcoins? Bitcoin es una moneda para intercambiar bienes y servicios en forma de divisa electrónica descentralizada, por lo que nadie la controla -no tiene un emisor central- y destaca por su eficiencia, seguridad y facilidad de intercambio. Al no pertenecer a ningún Estado, puede usarse en todo el mundo por igual y puede comprarse con cualquier moneda, sin intermediarios, es decir, que las transacciones se hacen directamente de persona a persona y de manera irreversible e inmediata, preservando la identidad de los negociantes. Además, es imposible su falsificación o duplicación gracias a un sofisticado sistema criptográfico y no es necesario revelar tu identidad al hacer negocios y preserva tu privacidad. El hecho de que no existan intermediarios ni tasas, hace que se reduzcan los costes de enviar dinero sustancialmente y permita también vender productos y servicios a un precio más justo. Asimismo, se establece un servicio de fideicomiso (escrow), de manera que el dinero solo se emite si el producto ha llegado satisfactoriamente a su destino. El precio de los bitcoins se conoce a través de portales de internet especializados en el comercio de esta moneda virtual. Existe una cotización en tiempo real, como consecuencia de los movimientos de demanda y oferta que son registrados por los integrantes del sistema. Tiene las características del dinero (durabilidad, portabilidad, fungibilidad, escasez, divisibilidad y reconocibilidad), pero basado en propiedades matemáticas, de manera que si aumenta el número de usuarios, aumenta su precio. En caso contrario, su precio se desplomará, como en cualquier derivado financiero. Los nuevos bitcoins son generados por un proceso descentralizado llamado «minería» y los mineros de bitcoin procesan las transacciones y aseguran la red usando un ‘hardware’ especializado y recogen bitcoins a cambio de este servicio. Estos bitcoins se crean a velocidad predecible y decreciente. El número de bitcoins creados cada año se reduce a la mitad de forma automática a lo largo del tiempo hasta que la emisión de bitcoin se detenga por completo al llegar a los 21 millones de bitcoins, lo que tiende a elevar el precio del bitcoin. Finalmente, debemos señalar que bitcoin no es una moneda fiduciaria de curso legal en ningún territorio, por lo que la normativa no es muy específica. No obstante, puesto que en la práctica cualquier plusvalía debe cotizar a Hacienda como un incremento patrimonial, en caso de que no fuese declarado un patrimonio en el extranjero, Hacienda podría imponer una multa incluso superior a su valoración.

El pasado 11 de mayo de 2017 el Tribunal Constitucional (en adelante, TC) anuló parcialmente el Impuesto Municipal sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IVTNU), también conocido como “Plusvalía municipal”, al entender que se trata de un impuesto que no mide una manifestación real de capacidad económica. Ello debido a que el impuesto se calcula en base a un coeficiente determinado por los años de titularidad del terreno (que siempre será positivo) aplicado sobre el valor catastral del suelo. Al tratarse de un impuesto que siempre arrojará una cifra resultante positiva (es decir, una cifra “a pagar”), independientemente de si la transmisión ha supuesto o no un incremento patrimonial para el transmitente, el TC, en la sentencia mencionada, declara la inconstitucionalidad de los preceptos que regulan dicho impuesto en la Ley de Haciendas Locales; y, por tanto, su nulidad por no prever dichas situaciones en las que no existe un incremento del valor de los terrenos. El problema, o “beneficio”, que supone dicha sentencia, es que mientras el legislador no regule el impuesto para adaptarlo a las exigencias del TC, se produce una situación en la que la regulación del impuesto es inconstitucional; es decir, no existe regulación al respecto, por ser nula, y los jueces y tribunales no podrán valorar si se ha producido o no un incremento del valor del terreno, por ello, TODO contribuyente puede exigir la devolución de su cuota mientras no se produzca esa regulación, como así se está plasmando en numerosas resoluciones de Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de diversas CC.AA. ¿Qué plazos tengo para reclamar?: Los plazos dependerán de la forma en que se ha liquidado el impuesto: siendo de 4 años en caso de Autoliquidación, y de 1 mes en caso de Liquidación. En consecuencia, tanto si has vendido un inmueble como si planeas venderlo; tanto si has obtenido una ganancia patrimonial como si te ha supuesto una pérdida, en HDH Abogados Valencia podemos ayudarte a reclamar. David-Juan López Ortega. Roberto Duato Caballer. Socio HDH ABOGADOS. Asociado HDH ABOGADOS.

Derechos de los animales y obligaciones de sus propietarios Hasta finales del pasado año, en España se consideraba a los animales meras cosas, un bien mueble, que puede ser embargado, a pesar de que un 40% de hogares posee un animal de compañía y se gasta una media de 1.200 euros al año en mantenerlo, y la legislación tampoco contemplaba qué pasa con una mascota en caso de ruptura familiar, tema que ya tratamos en Separación y mascotas: ¿Quién se queda con el perro? (http://hdhabogadosvalencia.com/?p=1026), en caso de accidente de sus propietarios no son recogidos, se abandonan más de 140.000 cada año sin impunidad, al igual que los individuos que los maltratan y no reciben ninguna pena. No obstante, el pasado diciembre, el Congreso propuso modificar mediante una proposición de ley que los animales dejen de ser considerados cosas y pasasen a ser seres vivos, dotados de sensibilidad, sujetos de derecho. Esta nueva perspectiva pone la legislación española a la altura del resto de países europeos, y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que exige a los Estados que respeten su bienestar como seres sensibles, lo que supone cambiar nada menos que tres normas: el Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil. Gracias a la reforma en el Código Civil, se modifican los preceptos relacionados con las normas relativas a las crisis matrimoniales, establece cuáles son los parámetros que el juez deberá tomar en consideración a la hora de concretar el régimen de custodia de los animales de compañía, ya que la la norma instaura que la autoridad judicial confiará a los animales de compañía a uno o ambos cónyuges, atendiendo al interés de los miembros de la familia y al bienestar del animal, incluso pudiendo preverse el reparto entre ambos miembros de la pareja de los tiempos de disfrute, en caso de que fuera necesario. El objetivo es intentar poner fin a la arbitrariedad con la que se afrontaba el asunto hasta ahora. Mediante la reforma en la Ley Hipotecaria se impide que se extienda la hipoteca a los animales de una finca dedicada a la explotación ganadera, industrial o de recreo y prohíbe el uso de los animales de compañía como garantía del crédito hipotecario. Y a través de la Ley de Enjuiciamiento Civil se declararán absolutamente inembargables a los animales de compañía ante el impago de rentas, el embargo de un perro o un gato ni logra resarcir una deuda, ni beneficia al acreedor ni al deudor y mucho menos al animal. Es el arranque de una ley que debe avanzar más, ya que aún, siendo positiva, se queda corta, ya que seguirán siendo propiedades que se podrán comprar y vender, usar en espectáculos y ser explotados, pero es un primer paso para que se extienda progresivamente a los distintos ámbitos en que intervienen los animales y se vaya restringiendo con ello la aplicación supletoria del régimen jurídico de las cosas.

¿Qué hacer ante una mala praxis médica? Estamos ante un error cuando el tratamiento no es el adecuado y provoca lesión al paciente, cuando se ha dejado de actuar o no se ha informado bien. Esa lesión puede ser física o psicológica y la responsabilidad puede recaer sobre cualquier profesional sanitario. Sin embargo, la lesión tiene que deberse a una mala práctica médica, y no a un error humano, en cuyo caso no habrá indemnización alguna. Establecer esta diferencia es difícil, pero también fundamental. Se considera que un profesional de la sanidad obra de forma negligente cuando no actúa conforme a lo establecido a la Lex Artis, conjunto de prácticas que un médico debe llevar a cabo en cada situación concreta y con unos medios determinados y si no sigue este código se comete negligencia médica. Los casos más habituales son los siguientes:    Mal diagnóstico.    No realizar un seguimiento adecuado tras la operación.    Insuficiente protección ante un tratamiento agresivo.    Altas médicas prematuras o tardías.    Olvido de material quirúrgico. En primer lugar, se debe hacer acopio de toda la información médica de que se disponga e incluso reclamar dicha documentación en el centro médico. Según el criterio del Sanatorio u Hospital exigirán que la solicitud se haga por escrito, y a veces firmado por médico o abogado, y podrán demorar de una semana a 40 días para entregarla. En caso de no querer entregarla o demora de más de 40 días, el abogado solicitará su secuestro judicial y en caso de alegar pérdida o no entregarla, será un punto en su contra, ya que se tomaría como cierta la demanda y el médico debería probar que no fue así. La Historia Clínica la deberá revisar un Médico Legista (médico preparado en Medicina legal), quien  elaborará un informe consciente y completo sobre la existencia de negligencia médica, la viabilidad del reclamo y la prueba que existe para demostrarlo. Se aportará también toda la información que se crea necesaria (tipo de lesión, síntomas, duración de la dolencia, etc.). Asimismo, será conveniente contar con el testimonio de testigos de los hechos u otras pruebas que apoyen el historial clínico (fotografías, vídeos, etc). Existen tres vías para realizar una reclamación por negligencia médica: la penal, la civil y la contencioso-administrativa. En el caso de la vía penal (rápida y económica), el juzgado abrirá el expediente y citará al lesionado para que sea visitado por el médico del juzgado (el médico forense), quien hará un informe en el que constará la lesión, los días necesarios para la recuperación y las secuelas que puedan quedar. En caso de que el error haya llevado al fallecimiento del paciente, el familiar más cercano puede pedir una autopsia y los resultados aclararán la causa del fallecimiento. En ese juicio, aparte de la condena penal, se exigirá una indemnización por las lesiones. La vía civil es la más cara (puede llegar a suponer un tercio de lo que se solicita en la demanda), pero también es la más eficaz (aunque no existen garantías de ganar el juicio) y con ella se busca únicamente la compensación económica del paciente a través de una demanda contra el profesional sanitario, el centro médico o incluso directamente contra la aseguradora responsable del profesional sanitario, por lo que suele ser la más utilizada en la sanidad privada. Tanto en la vía penal como en la civil, se citará tanto al médico como al responsable de la clínica, la obra social y el seguro civil a fin de llegar a un acuerdo. Si el juez falla en contra del paciente, se puede presentar un recurso, acudiendo a la Audiencia Provincial. Si en esta instancia ocurre lo mismo, entonces se podrá recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia, y de ahí al Supremo. La vía contencioso-administrativa resulta la alternativa menos efectiva ya que puede demorarse unos cuatro o cinco años, pero es la única vía si el error se ha cometido en un hospital público, un ambulatorio o un centro concertado por cualquier Administración. En este caso, primero se reclamará al servicio de atención al paciente del hospital, y en caso de silencio o de respuesta insatisfactoria, se puede interponer una reclamación administrativa. No obstante, el hospital puede negar su responsabilidad, por lo que a partir de ahí se iniciará una demanda con la participación obligatoria de abogado, procurador y el indispensable peritaje médico. Como el procedimiento se inicia con una reclamación contra la Administración por responsabilidad, no hay que pagar los gastos de la Administración. Además, si la reclamación es desestimada o, en un plazo de seis meses, la Administración no ha dictado resolución, el perjudicado tiene otros seis meses más para acudir a la vía judicial. Si el juez falla en contra del paciente, el recurso pasará primero por las salas de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional. Si el veredicto vuelve a ser desfavorable, se deberá acudir al Tribunal Superior de la Comunidad Autónoma. En todo caso, de haber sido víctima de una negligencia médica, nosotros aconsejamos contactar con su abogado de confianza o con un abogado especializado en estos temas, quien determinará los pasos a seguir y por qué vía se realizará la reclamación.

Obligaciones y recomendaciones Todo edificio deberá estar asegurado (l art.5 LPH) por los riesgos de incendios y daños a terceros, tanto los edificios nuevos como a los que se reformen o rehabiliten a partir de 1999. Sin embargo, en cuanto al resto, la ley (art.9.1.f. LPH EDL 1960/55) prevé que con cargo al fondo de reserva la comunidad pueda suscribir un contrato de seguro que cubra los daños causados en la finca o concluir un contrato de mantenimiento permanente, pero en ningún momento alude a la obligación de contratar un seguro para el edificio, ya que aunque la póliza de seguro de su vivienda cubra aquellos riesgos en la proporción de su coeficiente de participación en los elementos comunes del edificio, ésta únicamente será eficaz cuando no exista un seguro de comunidad o éste fuese insuficiente en cuanto a continente y contenido. Por lo tanto, la norma de base del régimen de la comunidad se refiere al seguro como una posibilidad, en ningún caso como una obligación de la comunidad. La Ley de Propiedad Horizontal no obliga a las comunidades de propietarios a contratar un seguro que cubra daños en la finca.  En esta ley simplemente se indica que con cargo al fondo de reserva de la comunidad podrá suscribir un contrato de seguro que cubra los daños causados en la finca o bien concluir un contrato de mantenimiento permanente del inmueble y sus instalaciones generales. Sin embargo, existen algunas excepciones, ya que la Comunitat Valenciana, en la regulación de sus propias competencias, sí obliga a la contratación de este tipo de seguro. Nuestro consejo es que todas las comunidades dispongan de un seguro comunitario, con un capital acorde a los metros construidos, número de plantas, antigüedad de la finca… Con un seguro comunitario se tiene la tranquilidad de que, en caso de incendio, terremoto o siniestro grave, avería, daños o accidentes, indemnizaciones… la vivienda estaría asegurada. En caso contrario, toda la comunidad tendría que pagar solidariamente para hacer frente a gastos y compensaciones. Los seguros para las comunidades de propietarios tienen que hacerse a medida para cubrir todo aquello que la comunidad considere necesario. Si el edificio cuenta con ascensores, se deberá revisar bien que la cobertura no esté repetida en el contrato de mantenimiento y en el seguro del bloque, para evitar pagar dos veces el mismo servicio. El seguro básico debería incluir, además, las contingencias más comunes, como son incendio, roturas, daños por agua o fenómenos climatológicos, así como asistencia jurídica. También se pueden contratar coberturas adicionales para cubrir todos los bienes y propiedades de una comunidad de propietarios, daños estéticos, asesoramiento, rotura de cristales y accidentes individuales en las zonas comunes, entre otras. Nosotros desde HDH Abogados podemos asesorarte del tipo de seguro que más le conviene a tu comunidad.  

Cómo y cuándo reclamar. Requisitos y proceso. La Administración debe responder por los daños y perjuicios que ocasionen a los ciudadanos por el funcionamiento de los servicios públicos,todo ciudadano tiene derecho a reclamar ante la Administración y también a que esta le indemnice, si le causa un perjuicio. Pero esto no es fácil, hay que saber cuándo y cómo reclamar o ir a los tribunales para interponer un recurso contra la Administración Pública. La obligación de indemnizar por el daño que sufran (en bienes o derechos) recae sobre cualquier tipo de administración pública, ya sea Administración General del Estado, comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos y cualquier entidad vinculada o dependiente de otras administraciones públicas. Los perjuicios que puede causar la Administración son de muy diversa índole y tienen la consideración de un funcionamiento anormal de un servicio público. En estos casos, el ciudadano debe reclamar y dirigir la reclamación contra el órgano administrativo que les haya perjudicado, ya sea el ayuntamiento, la diputación, etc. Para poder reclamar, el daño o perjuicio sufrido por un ciudadano tiene que ser evaluable económicamente e individualizado en una persona o grupo de personas, debe proceder directamente de una actuación negligente de la Administración Pública y se tiene que probar la relación de causalidad entre el daño y la Administración Pública. Para reclamar, hay que presentar una reclamación de responsabilidad patrimonial ante el organismo administrativo que se crea que es responsable del daño en el plazo de un año desde que se produce el hecho. Si hay un daño físico o psíquico, este periodo empieza a computarse desde la curación o desde el momento en que se determine el alcance que tienen las secuelas del daño. En esta debe identificar con claridad a la persona que sufrió la lesión y especificar cuál fue el daño o lesión concretos que padeció. Junto a ella hay que adjuntar todas las pruebas de las que se disponga, según el tipo de daño que haya causado la Administración y se presentará en los registros de cualquier órgano administrativo de la Administración General del Estado o de cualquier administración de las comunidades autónomas (puede hacerse asimismo por correo o en las oficinas consulares en el extranjero). La Administración tiene que resolver el expediente en el plazo máximo de seis meses desde que el escrito de la reclamación entra en el registro. Si la Administración no resuelve el expediente en este plazo, se debe entender que se trata de un silencio administrativo, es decir, que la pretensión de la persona ha sido desestimada. Si desde la Administración se deniega la indemnización, se puede interponer un recurso ante los juzgados y tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa a través de un abogado. El plazo para hacerla será de dos meses desde que se produjo la notificación de la resolución. Nuestra recomendación es que, ante cualquier duda, consulte a su abogado de confianza.

Qué podemos desgravar en nuestra declaración Existen algunos puntos en los que podemos realizar algunas deducciones en la Declaración de la Renta 2017. Algunos seguros tienen desgrave fiscal, incluso los obligatorios: seguro del hogar, de ahorro, de accidente…Toda vivienda debe tener, como mínimo, cobertura frente a incendios. Así, el seguro de hogar es obligatorio con al menos dicha protección, y ampliar las coberturas ya dependerá del propietario del inmueble. En general, las primas pagadas por este tipo de seguro no desgravan en el IRPF, salvo si el producto está vinculado a la hipoteca de una casa que tenga derecho a la desgravación por adquisición de vivienda habitual. Eso es, para los inmuebles comprados antes del 1 de enero de 2013. El Seguro de Vida también suele ser un seguro exigido por el banco para contratar una hipoteca, pero las aportaciones no gozan de beneficios fiscales, con la excepción de los Planes de Previsión Asegurados (PPA), cuyas primas se consideran una reducción de los rendimientos del trabajo, hasta determinados límites. Las deducciones para familias numerosas, tanto por hijos como por ascendientes minusválidos a cargo, de unos cien euros mensuales, pueden cobrarse de forma anticipada o aplicarlas en la declaración de la Renta. Cuando estas deducciones corresponden a varios contribuyentes, uno de ellos puede ceder el derecho de cobro a otro beneficiario. Cuando se trata de un matrimonio en que los dos trabajan es mejor optar por hacerla cada uno por su lado. La suma de las deducciones individuales es mayor que la conjunta por lo que interesa presentarla de manera individual. En el caso de tener hijos, las deducciones adicionales se repartirán al 50% entre ambos, pero si es un matrimonio donde solo uno trabaja es mejor, sin dudarlo, hacer la declaración conjunta, así el que trabaja tendrá derecho a una mayor deducción y se pagarán menos impuestos. Todas aquellas personas que recibieron la prestación por maternidad durante el año 2016 deberán incluirla en la declaración de la renta. Mediante la deducción por vivienda, quienes compraron antes del 1 de enero de 2013 desgravan, sí o sí, el 15% de los gastos de la hipoteca hasta un límite de 9.040 euros. Hay un serie de gastos deducibles de los rendimientos del trabajo que no debemos olvidar incluir: – La reforma fiscal introdujo mejoras al régimen de deducción por donativos a entidades para estimular su fidelización. – Cuotas sindicales satisfechas. – Cuotas satisfechas a colegios profesionales siempre que la colegiación sea obligatoria para el desempeño del trabajo y con un límite de 500 euros anuales. – Los gastos de defensa jurídica derivados directamente de litigios suscitados de la relación del contribuyente con la persona de la que recibe los rendimientos, con el límite de 300 euros anuales. – Asimismo, existe el gasto deducible del rendimiento del trabajo por movilidad geográfica para aquellos que encuentren un nuevo trabajo que implique un cambio de residencia (solo si se encuentra en paro, inscrito en la oficina de desempleo y el nuevo trabajo implica mudarse a otra ciudad). – Del mismo modo, aumentó la cuantía que se podrán desgravar los trabajadores discapacitados activos en función del grado de discapacidad. En conclusión, se puede sacar mucho provecho de los cambios que introdujo la reforma fiscal del pasado año.

Qué hacer ante un caso de abuso de poder El abuso de poder o también denominado abuso de autoridad es la extralimitación de funciones por parte de determinados funcionarios públicos o autoridades mientras ejercen su cargo. Esto puede identificarse con el abuso de superioridad, que el Código Penal establece como circunstancia agravante de la responsabilidad penal. El artículo 22 de la citada norma establece, entre otras circunstancias, que ejecutar el hecho con abuso de superioridad o aprovechando las circunstancias de lugar, tiempo o auxilio de otras personas que debiliten la defensa del ofendido se considerará delito. El artículo 35.1 de la Ley 30/92 de Procedimiento Administrativo dice que tenemos derecho a ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios y su apartado j, a exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y del personal a su servicio, cuando así corresponda legalmente. Por ello, es recomendable facilitarles siempre la labor a las Fuerzas de Seguridad del Estado, cumpliendo con nuestras obligaciones como ciudadanos, pero también luchar por nuestros derechos.   Cuando existe una situación de amiguismo, de abuso de autoridad o de indiferencia,  debemos solicitarle siempre amablemente su número de identificación profesional, es nuestro derecho y si es posible siempre y en todo momento encontrarse en presencia de testigos. Puedes llamar al 900101062 o al 900102062, atención al ciudadano Dir. Gral. Policía, un servicio excelente, gratuito y de protección al ciudadano por encima de todo, pero asimismo te recomendamos que contactes con tu abogado de confianza y le cuentes tu caso, él sabrá cómo actuar.

¿Qué derechos tiene el consumidor si los Tres Reyes Magos de Oriente no han acertado con el regalo? Llegaron los Tres Reyes Magos de Oriente a nuestros hogares, y es posible que se hayan equivocado en el tallaje, color, modelo… o simplemente que no hayan acertado en nuestro gusto. Por eso es importante saber que los cambios de productos realizan cualquier día y sin condiciones especiales. Los derechos y obligaciones de los consumidores se encuentran regulados en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Existe un plazo de 14 días naturales desde la compra para cambiar de opinión y realizar la devolución del producto, sin gasto ni penalización alguna, siempre que devuelva el artículo sin deterioros ni desperfectos. No obstante, existen algunas excepciones a esta cláusula: en caso de los servicios, compras en subastas públicas, productos elaborados por encargo o personalizados y productos desprecintados tras la entrega se producirá la pérdida automática del derecho a cambio o devolución del mismo. Muchos consumidores creen que tienen el derecho de realizar un cambio del producto por su coste económico, pero la ley solamente apoya esta opción en caso de que un producto esté defectuoso, en el caso en el que entra la garantía en juego y se tiene derecho a la reparación del producto, a su sustitución y en último caso a la devolución de su importe si las dos opciones anteriores no son posibles. Para poder realizar cualquier reclamación posterior se debe presentar el resguardo de compra, ya que sin él no existe ninguna garantía sobre el producto. Pero esperamos que los Reyes Magos no se hayan despistado y hayan dado en el blanco con todos los regalos.

¿Quién se queda con el perro? España es de hecho el cuarto país de la Unión Europea con mayor tasa de divorcios, cada año más de 160.000 parejas rompen su matrimonio. Por otra parte, hay que tener en cuenta que en casi la mitad de  los hogares españoles hay una mascota. Por ello, con frecuencia los animales de compañía son causa de disputa en un proceso de divorcio o separación, las dos partes quieren quedarse con el perro, un miembro más de la familia, y de quien les va a costar más desprenderse que del coche. Si la separación o el divorcio son amistosos, serán los cónyuges los que decidan en el convenio regulador quien se quedará con la mascota, pero en los casos de divorcio contencioso la cuestión se complica… ¿Qué ocurre si no se llega a un acuerdo con la ex-pareja? ¿Qué se puede hacer en ese caso? ¿Cuáles son los derechos para reclamar la custodia del perro? El Código Civil (artículo 333) considera que las mascotas tienen naturaleza de bienes muebles, por lo que si la mascota es un bien propio (es aportado por una de las partes) pertenecerá a aquel que lo tuviera ya en propiedad antes del matrimonio. Para justificar la propiedad deberá aportar pruebas tales como facturas del veterinario, documentos de adopción, testimonios, certificado de vacunación, etc. No obstante, si la mascota es un bien ganancial (es decir, se ha adoptado por el matrimonio durante el mismo) por lo que pertenece a los dos cónyuges de forma igualitaria. En este caso, será el Juez quien decida qué se hará con el animal:  atribuírselo a uno de ellos, utilizando criterios tales como la dedicación de cada uno de los cónyuges al cuidado de la mascota, las aportaciones económicas para su cuidado (veterinario, comida…); la custodia compartida o el régimen de visitas, en esta titularidad quedará establecido el régimen de visitas del animal, y cómo se cuidará de él de ahora en adelante. En definitiva, quien desee tener la guarda y custodia legal del animal deberá demostrar que es la persona más indicada tenerlo y cuidarlo y se debe hacer hincapié en el proceso sobre la importancia que el animal tiene, con el fin de que el Juez otorgue al asunto la relevancia que requiere. El testimonio del veterinario puede jugar un papel fundamental a la hora de atribuir la custodia del perro, así como los hijos en caso de haberlos (lo normal es que el animal se lo quede quien tenga la custodia de los hijos). No sucede lo mismo cuando son dos los animales que cohabitan en el hogar. Generalmente, se asigna uno a cada miembro del matrimonio, salvo si ambos son propiedad de uno. No obstante, hay que tener en cuenta que si ya de por sí la separación de uno de sus dueños es extraña para los animales, romper el vínculo entre los dos animales, súbitamente, pueden sufrir mucho, los animales son sensibles a los cambios, de ahí la necesidad de tener en cuenta su bienestar a la hora de tomar una decisión.

Reclamaciones en hostelería y restauración Hay una serie de pautas que los establecimientos como bares y restaurantes de las zonas turísticas suelen realizar y que, no obstante, no son legales. 1- Deben tener una carta visible en español. 2- No pueden instar al cliente a que se marche porque no quiera comer o cenar, ya que este está en su derecho de consumir cualquier cosa que se sirva en el bar o restaurante, si es una bebida, tiene el derecho de permanecer allí. 3- No se puede cobrar un extra en concepto de ‘cubiertos’. 4- El IVA siempre debe estar incluido en el precio de la carta. 5- No se puede, asimismo, cobrar un suplemento que no esté reflejado en la carta: hielo, pan, etc. 6- No se pueden negar a cobrar un billete grande. 7- El precio de terraza debe ser el mismo que en el interior, y en mesa que en barra. 8- Tampoco es legal que algunos precios aparezcan como ‘precio según mercado’, tiene que aparecer el precio exacto. Y si es un producto cuyo precio varíe según el día, la carta deberá actualizarse diariamente. 9- No se puede cobrar por utilizar los servicios. En todo caso, está reservado el derecho de admisión (por tanto, si no se es cliente, es posible que denieguen el acceso). 10- No es legal obligar a pedir un menú por individuo.

Reclamaciones aéreas En caso de overbooking, cancelación del vuelo o retraso de más de tres horas, pérdida (transcurridos 21 días) o demora del equipaje, existe el derecho a reclamar… En primer lugar, para dejar constancia de la incidencia lo antes posible, habrá que presentar en el aeropuerto la hoja de reclamación de la compañía aérea -o AENA, en caso de que la compañía no nos la facilitara-. En esta reclamación se detallará brevemente dicha incidencia, con todos los datos concretos y precisos. Si es posible, se deben adjuntar documentos como prueba, pero siempre copias (bajo ningún concepto deben entregarse los originales). Se recomienda, asimismo, acudir al servicio de atención al cliente de la compañía aérea, a través de un medio del que quede constancia (email, burofax…), de manera que agotemos las dos vías posibles. En caso de que los afectados fueran varios pasajeros, se deberán presentar tantas reclamaciones como pasajeros afectados, aun cuando los vuelos se hubiesen pagado con una misma tarjeta. En caso de que la aerolínea no cumpliese con cualquiera de sus obligaciones (derecho a la información, devolución del billete, atención…), se debería reclamar judicialmente. En el caso de reclamaciones inferiores a 2000€, se puede presentar directamente en el Juzgado de lo Mercantil de la localidad donde resida el demandante, sin abogado, procurador ni tasas judiciales. En este caso sí deberán presentarse los originales, que se quedarán en poder del juzgado, y toda la documentación deberá presentarse por triplicado. Pero en caso de duda, no dudes en ponerte en contacto con tu abogado de confianza.

Derechos del consumidor Hay ocasiones en que debemos adelantar dinero del coste de un servicio o producto, pero ¿qué sucede si el producto no llega a nuestras manos, o llega deteriorado, o el servicio es inadecuado o no se ajusta a lo acordado? Como consumidores tenemos derecho a reclamar nuestros derechos, en la página de FACUA (http://www.facua.org/tusderechos) puedes consultar el apartado concreto que necesites: electrónica, banca, hostelería, etc. En términos generales, con el tique de compra se obtiene una garantía legal, es decir, que se pueda devolver, cambiar, reparar, recuperar el dinero… Para hacer efectivo este derecho, lo primero que deberemos hacer es presentar el tique o factura de compra, o el resguardo de pago de la tarjeta de crédito antes del período estipulado en cada caso (entre siete días y tres meses, dependiendo del producto o servicio). Algunas de las causas por las que podemos reclamar son las siguientes: Componentes del producto y porcentajes de los mismos Falsa idoneidad del servicio respecto a la finalidad del mismo Precio y forma de pago Condiciones de la garantía Falsos datos ecológicos Falsos datos sanitarios En la Oficina de Atención al Consumidor nos orientarán sobre cualquier duda que podamos tener, presencialmente, telefónicamente o bien telemáticamente (http://atencionalconsumidor.com/), aunque en términos generales lo primero que se hace es  presentar una reclamación, si tras contactar con el vendedor o quien prestó el servicio, no ha ofrecido una solución para intentar resolverlo amistosamente, a través de una hoja de reclamaciones que debe prestar obligatoriamente todos los establecimientos, y adjuntar toda la documentación que sea posible. En caso de que se complique o necesite ayuda, le recomendamos que contacte con su abogado de confianza.

Los fraudes de la comunicación Los abusos de telefonía móvil están a la orden del día: errores en las facturas, permanencias que no se han firmado, descuentos mal aplicados, servicios no contratados… Asimismo, se considera fraude las cantidades abusivas que cobran a los usuarios por devolver un recibo, retrasarse en el pago o restablecer el servicio tras una suspensión temporal (Real Decreto Legislativo 1/2007) y no incluir el IVA en la publicidad de sus tarifas (vulnera la Ley 34/1988 de Publicidad). También son denunciables las tarifas desproporcionadas de roaming, el incumplimiento de las ofertas comerciales, los envíos de facturas después de haberse solicitado la baja y la facturación indebida. Uno de los problemas a los que se enfrenta el cliente es la amenaza de incluirle en el fichero de solvencia patrimonial (es decir, pasar a formar parte de una lista de morosos). Pero para que la empresa pueda hacer esto que la deuda debe ser real, vencida, líquida y accesible. Ante todos estos abusos y despropósitos, actualmente se ha facilitado la accesibilidad a la reclamación: los usuarios podrán presentar sus reclamaciones ante el operador por vía telefónica, a través de Internet, por correo postal, o directamente en sus oficinas comerciales. Al presentar la reclamación, el operador reclamado deberá facilitarle un número de referencia que permitirá verificar el día de la solicitud de baja y tener constancia de la misma. En caso de que la reclamación se presente por vía telefónica, lo más recomendable es que solicite un documento que acredite la presentación y contenido de la reclamación. Si en el plazo de un mes el usuario no hubiera recibido respuesta del operador o la respuesta no le satisface, tiene derecho a la contrarréplica: Mediante Juntas Arbitrales de Consumo: es un procedimiento rápido y sencillo, que posee una normativa reguladora propia (Real Decreto 231/2008 de 15 de febrero) mediante la que el Gobierno atenderá y resolverá todas las reclamaciones de los consumidores. En la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones: el plazo para presentar la contrarréplica es de tres meses (desde la respuesta del operador o desde la finalización del mes de plazo para respuesta). La Oficina tiene un plazo para resolver de seis meses, y la resolución agotará la vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso contencioso-administrativo. Nosotros animamos a denunciar cualquier abuso y, en caso de duda, consulte a un abogado de confianza.  

Cinco casos para evitar perdernos entre gestiones y plazos Cuando el contribuyente debe enfrentarse a cualquier situación en Hacienda, generalmente se encuentra en un estado de total desorientación. Actualmente la Agencia Tributaria está concediendo aplazamientos y fraccionamiento del pago de impuestos para importes inferiores a 18.000 € sin que se requiera aval, ante las dificultades de liquidez de las pequeñas y medianas empresas. Estas solicitudes se pueden realizar telemáticamente y las concesiones de aplazamiento y fraccionamiento son automáticas, generan las notificaciones también automáticamente y envían periódicamente los cargos a la cuenta domiciliada. Para autorizar a otra persona a realizar un trámite en nuestro nombre (esto suele suceder frecuentemente en el caso de autónomos y empresas) hay que cumplimentar el formulario adecuado para ello que puede descargarse desde agenciatributaria.es, firmando ambas personas (contribuyente y tercero en el que se delega). Si en algún momento se desea se puede revocar este apoderamiento o renunciar al mismo, enviando un burofax a la Agencia Tributaria. En cuanto a los autónomos, es obligatorio que presenten sus declaraciones de renta de forma telemática. Y no existe otra alternativa. Mediante el Pin 24 Horas se permite presentar declaraciones informativas y autoliquidaciones de forma telemática, pero para ello es necesario acudir en primer lugar a las oficinas de la Agencia Tributaria  para registrarse. No obstante, hay otros casos en los que para realizar los trámites en la Agencia Tributaria, agilizándolos y de este modo evitar retrasos y poder solventar problemas y dejar listo el papeleo cuanto antes, lo mejor es en lugar de personarse en la Delegación de Hacienda correspondiente directamente, acudir en primer lugar al departamento de Recaudación, ya que si existe algún aplazamiento de pago, deberán modificar el sistema y hacer que en el certificado conste que está todo al corriente de pago.A continuación habrá que acudir a la Delegación y presentar el impreso de solicitud de estar al corriente de pagos. En cualquier caso, nuestro consejo es que preparemos en primer lugar toda la documentación y datos que la Agencia Tributaria pueda solicitar y que nos informemos claramente de qué pasos debemos dar y dónde debemos acudir, para evitar una pérdida de tiempo y problemas sorpresa por una mala gestión.

El pasado día 2 de diciembre se celebró un desfile de alta costura, de la diseñadora internacional Amparo Chordá en un marco incomparable: El salón Stolz del Ateneo Mercantil de Valencia, que así lo define su página web: “Los cinco grandes murales que el Ateneo encargó a Ramón Stolz en los cincuenta dan nombre a este salón, el más elegante de todo el edificio. En los frescos, se representan la imprenta, la industria de la seda, la industria cerámica, la artesanía del abanico y la orfebreríaa. Un guiño a los orígenes de la institución, fundada por comerciantes y empresarios valencianos…” El desfile mostró a los asistentes una colección de trajes de cóctel y fiesta en la que se potencia la feminidad de la mujer, un rasgo muy característico de Amparo Chordá, que siempre sorprende con su estilo y su espíritu libre e innovador. En la pasarela también pudimos disfrutar de las joyas espectaculares de Duran Joyeros y del atrevido y rompedor estilismo de Tono Sanmartin. Sorprendieron los vestidos de noche de la diseñadora, las telas de Julián López y los tocados de Vladomir, sobretodo uno espectacular de plumas negras que dejó boquiabiertos a los asistentes. El Rotary Club de Valencia, fundado en 1928, fue el organizador de este desfile benéfico a iniciativa de su presidenta, Elvira Ferrer, junto con todos los socios y la junta directiva. La recaudación fue posible gracias a los donativos de los más de trescientos espectadores, y se destinó a la Asociación de Familiares de Alzhéimer de Valencia, una entidad que bien precisa de éstos gestos para poder seguir atendiendo a las familias asoladas por ésta enfermedad. Con estas palabras queremos agradecer la respuesta que tuvo todo el público asistente aportando su granito de arena. También patrocinaron el evento Iceda, empresa dirigida por Celia Valiente, la Administración de Loterías nº 13 de Santa Catalina, Sausalito y nuestro despacho HDH Abogados. Estamos realmente orgullosos de haber contribuido a esta causa y a que algunas personas, en su día a día, puedan estar un poquito mejor que el día anterior y sobrellevar su enfermedad de la manera más digna posible. Nuestro eslogan es “Estamos para ayudarte” e intentamos ponerlo en práctica siempre que tenemos ocasión Gracias a todos por venir.

Legislación hereditaria en Ibiza y Valencia Por ley, las herencias no pueden repartirse como libremente se desee, sino que existe una parte, conocida como «la legítima», a la que solo determinadas personas pueden tener acceso. Esta parte legítima, sobre todo, pertenece a los hijos, que tienen derecho a dos terceras partes. De éstas, deberá repartirse al menos la mitad a partes iguales entre todos ellos.  En el caso de que no existiera descendencia ni cónyuge, pasará a los padres. A pesar de que esto, a priori, puede parecer muy sencillo, la realidad es que las herencias en muchos casos pueden conllevar muchos problemas, bien por discrepancias entre los diversos herederos, bien por falta de tiempo, bien por el aspecto económico, ya que la herencia está sujeta a un impuesto de sucesiones, que se calcula con una escala en relación al valor heredado y al parentesco entre testador y herederos. En el caso de discrepancia entre herederos, lo más frecuente es que un heredero obstaculice al resto de los herederos por su actitud pasiva, debido al deterioro de las relaciones familiares o porque le resulta más ventajosa la no aceptación de la herencia. En estos casos, se debe lograr la mediación entre los herederos, llegando a un consenso con el que se proceda a una determinación por acuerdo conjunto. Lo mejor es poner el caso en manos de un abogado, ya que conoce bien todos los trámites y valores, lo que puede ahorrar un enorme coste económico y de tiempo.

Los divorcios aumentan tras las vacaciones Los divorcios aumentan tras las vacaciones, ya que las parejas han estado juntas durante muchas horas al día, de manera que la posibilidad –y probabilidad- de discutir es mucho mayor. Dicho de otra manera: las actividades rutinarias, los hábitos diarios pueden estar ocultando un problema de pareja. Por ello, si la relación de pareja es buena, tras las vacaciones es mejor. Pero si no es armoniosa, tras éstas, el otoño pasa factura con la solicitud de divorcio. ¿Y cómo transcurre el procedimiento de divorcio? En el caso de que sea un divorcio consensual, de mutuo acuerdo, el procedimiento comenzará con la presentación de una demanda de divorcio por parte de cualquiera de los dos cónyuges, o por ambos si así lo desean, acompañada por una serie de documentación y mediante un abogado procurador. Al cabo de tres días, los cónyuges deberán ratificar por separado el deseo de divorciarse y el juez comprobará si el convenio regulador propuesto es ajustado a derecho (es decir, que no sea dañoso ni perjudicial). En caso de que se deniegue la separación o divorcio, se podrá recurrir dentro del plazo de cinco días, y el juez lo elevará a la Audiencia Provincial. En el caso de un divorcio contencioso, la demanda la presentará uno de los cónyuges junto a un proyecto de medidas y efectos y por supuesto, se celebrará juicio para el mismo. Déjate aconsejar y guiar durante la causa por un buen abogado procurador. En un momento tan difícil eso te simplificará el proceso.

Una patera en las costas de Ibiza Este lunes pasado se encontró una patera en es Cubells, en la que viajaban cinco inmigrantes ilegales. El punto de origen era Argelia, y en ella viajaban cuatro hombres y una mujer. Es increíble los enormes riesgos que están dispuestos a correr los inmigrantes en busca de una vida mejor cuando no pueden hacerlo por la vía legal. En muchos casos son víctimas de abusos, o fallecen en el camino, ya que se embarcan en una aventura desprovistos de recursos, a la deriva. Éstos emigran por muchas razones, pero la principal, la básica, la más generalizada es la búsqueda de una vida mejor, bien para ellas mismas, o bien para su familia, puede que en busca de trabajo, para escapar de la pobreza o los desastres naturales, o para huir de la violencia o de la guerra. Las falsas expectativas de una vida mejor hacen que pongan en riesgo su vida, enrolándose en un viaje sin garantías de seguridad ni éxito, falsas expectativas causadas principalmente por la demanda de trabajadores indocumentados de bajo costo en los países de destino. ¿Una vida mejor, marcada por la miseria, por los abusos tras haberlo arriesgado todo?

Usurpación de identidad en la red Hace unos días la Policía Nacional hizo público un fraude masivo que ha tenido lugar en Facebook, nada más y nada menos que entre más de 100.000 usuarios: una empresa se hacía pasar por Costa Cruceros, lanzando una jugosa promo, en forma de sorteo, tan solo compartiendo la publicación y rellenando datos personales (apellidos, correo-e y teléfono). La oferta decía así: “¡Ven a celebrar con nosotros! ¡Estamos regalando 150 bolsas de regalo! Cada bolsa contiene cinco billetes de primera clase para un Costa Cruceros, mil euros y una camiseta de Costa Cruceros”. En este caso, todo lo más que puede suceder es que las víctimas reciban SPAM, no tienen porqué existir daños mayores, pero sí hay que tener cuidado con todas las suculentas gangas, porque existen numerosos fraudes de carácter económico, Otro tipo de fraude son los catfish. En este caso, no se trata de usurpación de identidad, sino más bien de una identidad falsa en la red, con un fin fraudulento, bien con fines como la extorsión económica o incluso la trata. Recuerda que todo lo que subes a la red deja de pertenecerte: datos personales, relaciones, hábitos, fotografías… Nuestro consejo es que ante cualquier tipo de fraude denuncies inmediatamente a la policía y consultes con tu abogado de confianza.

¿Por qué hay gente que trata de darnos una visión ideal en las redes sociales? Las redes sociales han supuesto una revolución tanto de comunicación como de relaciones humanas. No obstante, como dice el refrán, «no es oro todo lo que reluce». En las redes sociales se tiende a proyectar lo mejor de uno mismo, por autoafirmación o búsqueda de aprobación de los demás, entre otros motivos Las redes permiten dar rienda suelta a nuestro lado exhibicionista, más acentuado, y nos inclinamos a publicar cosas susceptibles de recibir likes, pero esa tendencia a proyectar lo mejor de uno mismo a veces roza el exhibicionismo. Esa constante ansiedad por gustar, de mostrar lo mejor de uno mismo, hace que nos alienemos, que representemos un papel en una obra que no nos corresponde, que poco tiene que ver con nuestra vida offline, nuestra vida personal, nuestra vida real. Las emociones se transfieren de unos usuarios a otros, es decir, que lo que se publica afecta a nuestro estado de ánimo, lo que está directamente relacionado con la envidia, pero tenemos que ser conscientes de que nuestra realidad nada tiene que ver con la que estamos comparando en determinada red social. Por otra parte, a la gente con baja autoestima, con déficit en habilidades sociales, la red les permite mostrar una proyección irreal de lo que ellos pretenden ser, haciendo un uso desmesurado de la tecnología, lo cual supone dos problemas: un aumento de su insociabilidad real y una adicción y dependencia. Recuerda: los perfiles de las redes sociales no dejan de ser fotografías de revistas de bellezas. Maquillados y retocados. Nuestro consejo: haz uso de tu inteligencia emocional en las redes de comunicación.

10 años de matrimonio homosexual El pasado 26 de junio se legalizó el matrimonio gay en todo EEUU, y un mes antes en Irlanda. Con éstos son ya 22 países que reconocen este derecho. En España hace diez años que se legalizó: el 30 de junio de 2005 las Cortes del gobierno de Zapatero aprobaron la norma del matrimonio igualitario (Ley 13/2005), fue el cuarto país en aprobarlo, el primero fue Holanda en el año 2000. Desde el momento en que entró en vigor, el 3 de julio de 2005, se les reconocen todos los derechos del matrimonio, incluida la adopción. En el caso de los matrimonios homosexuales, esto representa una forma de activismo y un mayor reconocimiento social, contribuyendo a la transformación y diversificación de las formas y relaciones de pareja. Este catalizador de transformación social inédita supone la destrucción de muchos mitos y una nueva perspectiva en la opinión pública. De esta manera, cualquier ciudadano, independientemente de su orientación sexual tiene la misma dignidad ante la ley, basada en la libertad, tolerancia, respeto y diversidad.  

La fiebre del oro Ha llegado el verano, y con él la temporada laboral más intensa en la isla. En Ibiza se ha desatado la fiebre del oro en este sector: los arrendadores quieren sacar el máximo beneficio posible y hacer su agosto de mayo a septiembre. El problema es que estos beneficios son netos, ya que no se declaran a Hacienda, por un lado; y, por otra parte, el espacio en alquiler, además de indigno,  se oferta  a un precio abusivo. Podemos encontrar anuncios de habitaciones individuales “solo” a compartir con otra persona, por 400 euros (cada una), que si ya de por sí resulta vergonzoso, más lo resulta al descubrir que tal habitación en realidad es un colchón en una terraza cubierta por un toldo. Otros casos son colchones en el suelo de un salón, donde dormirán entre cuatro y ocho personas, dependiendo del tamaño de éste. Asimismo, hay habitaciones que se alquilan por horarios a varias personas: un inquilino tendrá derecho a ella en el turno de noche y otro, en el turno de día. También está el caso de inquilinos anuales a los que se les quiere subir el alquiler en los meses de temporada alta. Otro caso es el de inquilinos anuales a los que se les presiona para marcharse y así poder alquilarlo en la temporada alta a precios desorbitados. En cualquiera de los casos, lo mejor es denunciar y asesorarse por un abogado de confianza.

Qué hacer ante un propietario despreocupado en Valencia Una de las mayores causas de conflictos entre arrendadores y arrendatarios es quien debe hacerse cargo de la reparación. Cuando sucede algún desperfecto en la vivienda de alquiler en la que habitamos, en virtud del art. 21 LAU 1994 (Ley de Arrendamientos Urbanos del Código Civil), el arrendador está obligado a realizar los arreglos necesarios para su habitabilidad. No pagar el alquiler para cubrir los gastos que puede ocasionar la reparación de la que no se hace cargo el arrendatario no es aconsejable, ya que en un desahucio por falta de pago no podríamos invocar esas reparaciones por no haber seguido los pasos estipulados por ley. En caso de que el arrendatario ignore las demandas del inquilino, lo mejor es consultar a un abogado especializado en arrendamientos, que nos aconsejará qué determinaciones debemos tomar para hallar una solución que satisfaga a ambas partes –el punto de vista sobre la idoneidad del inmueble suele variar entre arrendador y arrendatario- o demandar al propietario ante los tribunales de justicia en caso de fuera necesario, tras un examen pericial que determinase el grado de habitabilidad de la vivienda.

No solo los padres tienen derechos, también los abuelos En España el número de divorcios va en aumento, y en más del 90% de los casos, los hijos se quedan bajo la custodia maternal.  No obstante, en Valencia existe la “Ley de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven ” para ayudar a alcanzar un acuerdo de custodia compartida, judicialmente aprobado, en las relaciones familiares respecto a los hijos, aunque evidentemente, el juez puede adjudicar la custodia individual si así lo considera, según las circunstancias del caso. Incluso en ese caso, los abuelos tienen derecho a mantener relaciones familiares con sus nietos, una relación muy beneficiosa para los niños, ya que impulsa positivamente el desarrollo de su personalidad y su ámbito afectivo, además de acoger una herencia positiva de cohesión y valores familiares, por lo que se considera una relación enormemente enriquecedora para el menor. Este derecho está recogido por el Código Civil (arts. 90.b y 160) como un legítimo derecho del menor a tener un estrecho contacto personal con quien le une una relación de parentesco tan próximo que supone un interés superior del mismo. Por esto, actualmente, los abuelos tienen derecho a reclamar ante los Tribunales el derecho de visitas, no solo los padres.  

El SEPBLAC, una organización que es mejor conocer Estos días hemos ido comentando con vosotros la importancia de mantener una buena relación con la Agencia Tributaria. No es para menos, la percepción sobre los delitos relacionados con el blanqueo de capitales se han incrementado sobremanera dado que estamos inmersos en un nuevo ciclo en el cual la sensibilidad social sobre los delitos vinculados a la corrupción está alcanzando cotas cada vez más altas, logrando un importante impacto mediático en las redes sociales. En la percepción de la corrupción en nuestra sociedad global tiene mucho que ver la capacidad que tiene el ciudadano de a pie de proyectar su pensamiento más allá de su restringido ámbito local y así llegamos a una situación en la que se mezcla lo lícito con lo ilícito. Por eso es muy importante contar con el debido asesoramiento para estar informado de qué es y qué no es delito. ¿Puedo viajar libremente con mi dinero? Os comentamos un caso real: a un cliente nuestro lo paró la guardia civil en el aeropuerto de Valencia con 36.000 € en efectivo. Venía de Londres. Al no haberlo declarado, le requisaron 35.000 € y le devolvieron 1.000 € para sus gastos. El SEPBLAC es el órgano encargado de vigilar que se cumplan las normas sobre prevención de blanqueo de capitales, y le pusieron a nuestro cliente una sanción administrativa bastante elevada. Nosotros, para defender sus intereses, tuvimos que demostrar que la procedencia del capital intervenido era lícita, como así hicimos, puesto que nuestro cliente es un empresario de reconocido prestigio que mantiene negocios de todo orden -legítimo- en la costa de levante y en Baleares. 17Es cierto que cuando la cantidad supera los 10.000 € en efectivo hay que declararla, si entramos en España desde el extranjero. En España podemos llevar hasta 100.000 € en efectivo y movernos libremente con ésta cantidad en el bolsillo “sin dar explicaciones». Al final conseguimos demostrar que nuestro cliente no se dedicaba a nada relacionado con el narcotráfico ni la prostitución ni nada parecido, y le devolvieron el capital intervenido en un plazo récord, puesto que, a diferencia de otros órganos administrativos, los vinculados al Banco de España, como el SEPBLAC, funcionan “como la seda”, por eso hay que ir con mucho cuidado cuando recibamos una “carta” de Hacienda que “no entendamos bien”. No cuesta nada consultarlo con vuestro abogado fiscalista de confianza.    

Más vale prevenir que curar Comprar una vivienda es uno de los pasos más importantes en la vida de una persona. Es por ello que, para evitar problemas en general, gestiones, impuestos y quebraderos de cabeza, lo mejor es asesorarse y acompañarse de un abogado inmobiliario. De este modo, además de ahorrar costes, facilitará las operaciones jurídicas, una de las más importantes que se realizan en la vida, evitando: El contrato de arras (la reserva de compraventa puede realizarse mediante otro tipo de contrato más económico: el privado y el de señal) Pagos indebidos de tasación, registro y notaría Cargas y gravámenes, usufructos y arrendamientos sobre el piso, en el registro de la propiedad Deudas por tributos, tasas locales o impuestos municipales (IBI, alcantarillado, basuras, agua…), en el ayuntamiento, teniendo en cuenta que en el caso de un banco no sólo debemos tener en cuenta a este último, sino también al anterior propietario Datos descasados (que no coincidiesen los metros escriturados con los reales, por ejemplo), en el catastro Invalidación o incluso abolición de los suministros por no estar al corriente de pago, en las diferentes compañías de servicios Impago de cuotas y derramas, en la Comunidad de Vecinos Impactos fiscales de la compra (impuesto sobre el valor y coeficientes multiplicadores de las haciendas e impuesto de transmisiones patrimoniales) Asimismo, toda la documentación que se precisa debe estar en regla, para evitar disgustos, gastos posteriores y otras cargas, por lo que el asesoramiento y dirección de un abogado es altamente recomendable: Escritura de la propiedad Nota simple más reciente Documento de número de catastro Cédula de habitabilidad Estatutos de la Comunidad (si consta) Resumen de la última junta de propietarios Documentación en la que conste el precio total de la vivienda, formas de pago y condiciones generales Documentación con los datos de la hipoteca que haya de subrogarse (si es el caso) Último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles Certificado de dominio y carga (para asegurarse de que no hay impagados) Fotocopia de DNI del propietario y, en el caso de un banco, propietario anterior a éste. 00000 En próximos posts os contaremos algunos casos concretos de clientes, que han acudido a nosotros con problemas señalados, a causa de la documentación e impuestos en la adquisición de una vivienda.  

El peligro de las herencias Al aceptar una herencia el heredero manifiesta su consentimiento en convertirse en titular de los bienes del fallecido. La aceptación pura y simple implica que el heredero no sólo recibirá los bienes integrantes de la herencia, sino que también responderá personalmente, con sus propios bienes, de las deudas de la misma. Lo habitual es que por haber aceptado la herencia  sin un plan en los impuestos,  se acaban pagando grandes sumas a Hacienda de manera innecesaria. Aunque la aceptación también puede hacerse tácitamente en ciertos supuestos, habitualmente se realiza de forma expresa mediante el otorgamiento de una escritura pública ante notario. Lo que más caracteriza al heredero es que responde de las deudas del difunto, y de ahí la importancia que tiene saber qué es y cómo se produce la aceptación de una herencia, pues una vez aceptada, las consecuencias pueden ser muy perjudiciales para el heredero, por tanto siempre es conveniente dejarse aconsejar por un profesional (la función del notario es elevar a público actos y documentos privados,  no asesorar ni informar) de cuál es la mejor opción que brinda la legislación en cuanto a las implicaciones fiscales y patrimoniales. En HDH podemos asesorarle de cuál es el plan fiscal y de gestión más adecuado en su caso en materia de sucesiones y herencias.  

Luces y colores mediterráneos El diseño de Roberto Cavalli está pensado para una mujer exhuberante, llena de fantasía y sofisticación. Especialmente cuando sale de noche, arrebatadora. Desde la década de los años setenta, este diseñador italiano ha deslumbrado con sus apuestas atrevidas y elegantes para la mujer mediterránea. Destacamos la tienda que tiene abierta en Valencia, Carrer de Salvà 2. En Ibiza, en el Paseo Marítimo de Juan Carlos I, con unas vistas impresionantes del puerto, Roberto Cavalli ha abierto un restaurante al aire libre donde el lujo y la vanguardia se fusionan en la decoración y los detalles para recrear un atmósfera única, al que os invitamos a ir este verano. Para nosotros ha sido un lujo poder asesorarles, puesto que, salvaguardando nuestro más estricto secreto profesional, todas las actuaciones que hemos realizado en su interés han sido positivas.  

Más allá del engaño, diferencias entre un timo y una estafa Es sorprendentemente habitual que vengan clientes a nuestros despachos de Valencia y de Ibiza que se sienten estafados. Desde el caso reciente de un cliente que vio como su patrimonio se vio seriamente resentido por ser víctima de una estafa disfrazada por un sistema piramidal de ganancias, hasta el caso de otro cliente que utilizó un procedimiento civil como estrategia procesal para evitar el pago de una deuda y fue acusado del tipo agravado de la estafa: la estafa procesal. Siempre decimos que los abogados somos los termómetros de los problemas que afectan a la ciudadanía, puesto que escuchamos muchos problemas detrás de nuestra mesa. Tal vez por eso mantenemos en HDH Abogados el lema “estamos para ayudarte”, puesto que aquél que se sienta engañado y acuda a nosotros, tendrá, con toda honestidad -la primera H del nombre del despacho- todas las opciones posibles para defenderse con éxito de los procesos penales por estafa. La trascendencia del delito de estafa va más allá de un simple “engaño”. El tipo penal exige que el engaño “sea bastante”, y esto significa que no cualquier “timo” puede ser castigado como delito de estafa. La jurisprudencia es muy exigente al afirmar que una conducta que busque el engaño sea considerada, en el orden penal, como delito de estafa. Lo que sí es imprescindible es que, desde el primer momento en el que detecten que les han engañado, acudan inmediatamente a un abogado, porque en éste tipo delictivo, cuando “se descubre el engaño” es el momento de actuar con los elementos de prueba necesarios para poder iniciar el proceso de estafa. Si dejamos pasar el tiempo, perderemos verosimilitud ante un juez, y nos será más difícil probar que el delito de estafa fue cometido.  

El despliegue de redes de comunicación como base de la nueva economía Esta Ley tiene como propósito general colaborar con la generación de empleo a través del fomento de la denominada economía digital, basada en redes de comunicación que garanticen la cohesión social y territorial, a la vez que mejoran la interacción entre administraciones. Además los objetivos de esta Ley son preservar el derecho de los usuarios frente al abuso de las llamadas comerciales indiscriminadas, a la vez que favorecer a que las familias de todo el territorio español tengan acceso a una velocidad mínima de Internet de 10 Megas poniendo como fecha límite para esta concreción el año 2017 y en etapas siguientes se incremente a los 30 megabits y 100 Mbps. Cabe decir que estas cantidades de transmisión de datos son las actuales y que para aquellas fechas probablemente serán superiores, por tanto «el espíritu» de la Ley debe entenderse como un objetivo genérico de adecuar la velocidad a los estándares de cada época. Pero es en el apartado de implantación de redes públicas de comunicaciones electrónica donde encontramos a nuestro juicio los mayores beneficios que esta ley puede tener. Sin entrar en un análisis pormenorizado ni juzgar si es mejor o peor,  lo cierto es que era necesario reglar el despliegue del soporte físico de redes de comunicación, una infraestructura imprescindible en nuestra actual sociedad del conocimiento.  

Casos prácticos de cese laboral injustificado Una de las formas más convenientes de abordar el Despido Improcedente es ver algunos casos concretos en que la ley determina que nos hallamos frente a él y así entender si estamos frente a una situación similar. Para empezar y en términos generales, nos encontramos frente a un despido improcedente cuando no queda demostrado el incumplimiento grave del contrato laboral alegado por el empresario en la llamada «Carta de Despido«. Asimismo también será improcedente un despido laboral llevado a cabo a raíz de una prolongada enfermedad o en el caso en que hubiera una causa justificada que explicara una supuesta conducta infractora del trabajador. También será improcedente el despido cuando en los casos en que no se demuestre la necesidad de la medida, si bien es cierto que la existencia de diferencias entre el trabajador y la empresa no supone la existencia de un despido discriminatorio. En el plano formal será necesario el cumplimiento de los requisitos de forma en la comunicación escrita mediante la llamada «Carta de Despido» antes referida con todo el protocolo formal que conlleva. Finalmente, decir que en los contratos de duración determinada la extinción del contrato laboral será ilegal en el caso en que falte el supuesto que justifica la extinción, es decir, por mera lógica no puede terminarse un contrato basado en una determinada causa si esa causa no se lleva a cabo. Estas no son todas las situaciones en que un despido es improcedente, dado que las circunstancias pueden variar mucho; sin embargo nos sirven para ilustrar cuál es la lógica del asunto. Si estás pasando por una situación similar, lo más aconsejable es solicitar la asistencia de un profesional consultando algún despacho de abogados; por supuesto, si estás en Valencia o Ibiza, lo mejor es que vengas a vernos, pues como siempre decimos: «estamos para ayudarte«.