Los derechos de los socios en una sociedad limitada

A pesar de que este tipo de sociedades suelen regirse por un principio mayoritario en su organización y funcionamiento, determinado en sus estatutos, la ley otorga a los socios minoritarios una serie de derechos que, en cualquier caso, deben de ser respetados.

 

1. Derecho a favor de los socios que representen al menos un 5% del capital social

a) Derecho de obtención de documentación

Los socios, a partir de la convocatoria de la Junta General, podrán solicitar, de manera inmediata y gratuita, por escrito, con anterioridad a la fecha prevista para la celebración de la junta, o verbalmente, durante la misma, los informes o aclaraciones que consideren oportunos acerca de los asuntos que se comprendan en el orden del día: modificación de los Estatutos Sociales y las cuentas anuales, y, en su caso, el informe de gestión y el informe relativa a la junta general para la aprobación de cuentas.

Los administradores estarán obligados a proporcionar la información requerida, salvo en el caso que lo consideren innecesario para la tutela de los derechos del socio, existan razones objetivas para considerar que podría utilizarse para fines extra sociales, o que su publicidad perjudique a la sociedad o a las sociedades vinculadas (artículo 196 LSC).

Además, de conformidad con el artículo 272.3 de la LSC, los socios que representen al menos un 5 % del capital social, podrán examinar en el domicilio social, por sí o en unión de un experto contable, los documentos que sirvan de soporte y de antecedentes de las cuentas anuales, salvo disposición en contrario de los estatutos.

Por el contrario, nada impide ni limita el derecho de la minoría a que se nombre un auditor de cuentas con cargo a la sociedad, de conformidad con el artículo 272.3 de la LSC.

b) Solicitud de designación de un Auditor de Cuentas

De conformidad con lo establecido en el artículo 265.1 de la LSC, cualquier socio puede solicitar al registrador mercantil del domicilio social la designación de un Auditor de Cuentas, en los siguientes casos:

Cuando la Junta General no hubiera procedido a nombrarlo antes de que finalice el ejercicio de auditar

Cuando la persona nombrada para ello no acepte el cargo o no pueda cumplir con sus funciones.

 

En aquellas sociedades donde no haya obligación de someter las cuentas anuales a un auditor, los socios que representen al menos el 25 % del capital social podrán solicitar del registrador mercantil del domicilio social que, con cargo a la sociedad, nombre un auditor de cuentas para que efectúe la revisión de las cuentas anuales de un determinado ejercicio siempre que no hubieran transcurrido tres meses a contar desde la fecha de cierre de dicho ejercicio.

 

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c) Derecho de separación de la sociedad

En resumen, los socios que no voten a favor de un acuerdo, incluidos los socios sin voto, podrán ejercer el derecho a separarse, en los siguientes casos:

Sustitución o modificación sustancial del objeto social.

Prorroga de la sociedad

Reactivación de la sociedad

Creación o extinción anticipada de la obligación de realizar prestaciones accesorias, salvo disposición contraria de los estatutos,

En los casos de transformación de la sociedad y de traslado de domicilio al extranjero

En caso de falta de distribución de los dividendos,

Otros casos que se establezcan de manera estatutaria.

Además, los socios de una sociedad de responsabilidad limitada podrán ejercer su derecho a separarse en caso de que no hubieran votado a favor del acuerdo de modificación del régimen de transmisión de las participaciones sociales.

d) Derecho a impugnar los acuerdos sociales.

La impugnación de los acuerdos sociales podrá llevarse a cabo por los administradores, los terceros que acrediten un interés legítimo y los socios que hubieran adquirido tal condición antes de su adopción, siempre y cuando representen un 1% del capital social  (artículo 206 de la LSC).

De conformidad con el artículo 204 de la LSC, los acuerdos susceptibles de impugnación son aquellos que sean contrarios a la Ley, se opongan a los estatutos o al reglamento de la junta de la sociedad, o lesionen el interés social en beneficio de uno o varios socios o terceros.

No obstante, en el supuesto de que el acuerdo sea contrario al orden público, se permite la posibilidad de que los socios que hayan adquirido tal condicen, con posterioridad al acuerdo que se pretende impugnar, puedan impugnarlo.

2) Derecho a favor de los socios que representen más de un 5% del capital social

a) Derecho a ejercitar la acción social de responsabilidad.

De conformidad con el artículo 238 de la LSC, la acción social de responsabilidad contra los administradores o auditores de cuentas podrá ser ejercitada por la sociedad o por el socio o los socios que posean, individual o conjuntamente, una participación que les permita solicitar la convocatoria de una Junta General, en los siguientes casos:

Cuando los administradores no convocasen la Junta General solicitada,

Cuando la sociedad no solicitara la acción de responsabilidad dentro del plazo de un mes desde la fecha de adopción del acuerdo,

Cuando el acuerdo infrinja el deber de lealtad. En estos casos la acción podrá ser ejercitada directamente por los socios, sin necesidad de someterse a la Junta General.

Es importante mencionar que, en caso de estimación total o parcial de la demanda, la sociedad estará obligada a reembolsar a la parte actora los gastos necesarios en que se hubieran incurrido, de conformidad con el artículo 239.2 de la LSC.

b) Derecho a solicitar la convocatoria de la Junta

La convocatoria de la Junta General deberá llevarse a cabo de conformidad con las previsiones legales y estatutarias.

Los administradores convocarán la Junta General siempre que lo consideren necesario o conveniente para los intereses de la sociedad, siendo obligatoria su convocatoria cuando lo soliciten uno o varios socios que representen al menos el 5% del capital social, debiendo expresar en dicha solicitud los asuntos a tratar.

En estos casos, y de conformidad con el artículo 168 de la LSC, la Junta General será convocada para su celebración dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se hubiera requerido notarialmente su celebración, debiendo incluirse en el orden del día los asuntos objeto de la solicitud.

3) Derecho a favor de los socios que representen al menos 25 % del capital social

a) Derecho de información en la Junta

La ley reconoce a los titulares de las participaciones, la facultad para solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta General, o verbalmente, durante la misma, los informes o aclaraciones que consideren necesarios acerca de los asuntos que constituyan el orden del día.

Los Administradores estarán obligados a proporcionar la información que se le requiera, salvo que, a juicio del órgano de administración, la publicidad de dicha información sea perjudicial para el interés social. Ahora bien, en caso de que la solicitud de información este apoyada por socios que representen al menos un 25 % del capital social, los administradores no pueden negarse a proporcionar la información requerida, de conformidad con el artículo 196.3 de la LSC.

Además, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá solicitar a la sociedad la documentación que allí se fuera a debatir para su aprobación, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, y salvo disposición en contrario, en ese mismo plazo, los socios que representen al menos el 5% del capital social podrán examinar en el domicilio social, por sí o en unión de un experto contable, los documentos que sirvan de soporte y de antecedentes a las cuentas anuales, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la LSC.

Acción individual de responsabilidad

  • Cabe la posibilidad, tal y como establece el artículo 241 de la LSC, de que los socios o los terceros ejerciten una acción individual de responsabilidad frente a los administradores por los intereses lesionados.

Artículo 241. Acción individual de responsabilidad.

Quedan a salvo las acciones de indemnización que puedan corresponder a los socios y a los terceros por actos de administradores que lesionen directamente los intereses de aquellos.

  • Este derecho habrá que entenderlo en relación con el artículo 196 de la LSC “Derecho de información en la sociedad de responsabilidad limitada” (“Derecho a favor de los socios que representen al menos un 25 % del capital social”).
  • Los socios que hayan transmitido su participación, o la nuda propiedad, a su vez transmiten la legitimación para impugnar acuerdos sociales como socios (artículo 127.1 de la LSC). Sin embargo, siguen estando legitimados para impugnar los acuerdos, pero deberá acreditar interés legítimo, al igual que el adquiriente de la participación puesto que no ostentaba tal condición al momento de la adopción del acuerdo.
  • Los socios que representen más del 1% del capital social y los administradores podrán impugnar los acuerdos adoptados, sin necesidad de acreditar interés legítimo.

Actos de competencia por los socios: exclusión y otras medidas

Supuesto en el que un socio de una empresa lleva a cabo actuaciones paralelas en el mercado, de la misma identidad que las que constituyen el objeto social de aquella. La primera medida que la sociedad querrá tomar es poder apartarlo de la misma, por lo que vamos a examinar si esto es posible de forma automática en todos los supuestos y, si no es así, qué otras medidas podremos tomar para que no afecte a la actividad y resultados de nuestra empresa.

En consonancia con ello, el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital no contempla, a lo largo de su articulado, prohibición alguna que impida a los socios no administradores dedicarse a las actividades constitutivas del objeto social de la empresa y, por lo tanto, no se prevén las consecuencias de llevar a cabo actuaciones competenciales por estos.

Cuestión distinta se produce si se trata de socios administradores.

La previsión normativa expresa de exclusión de socios administradores en las de responsabilidad limitada se contempla en el  artículo 350 de la precitada Ley, que dispone lo siguiente:

“La sociedad de responsabilidad limitada podrá excluir al socio que incumpla voluntariamente la obligación de realizar prestaciones accesorias, así como al socio administrador que infrinja la prohibición de competencia  o hubiera sido condenado por sentencia firme a indemnizar a la sociedad los daños y perjuicios causados por actos contrarios a esta ley o a los estatutos o realizados sin la debida diligencia”.

La ley reguladora de las sociedades de capital solo prevé la exclusión de los socios administradores de las sociedades de responsabilidad limitada. Por lo que si el conflicto se plantea entre socios que no tienen la condición de administradores, sea de sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, hay que revisar el contenido de los Estatutos, para comprobar si se ha contemplado la causa de exclusión. Esta posibilidad se prevé en el  artículo 351, que dispone: 

“En las sociedades de capital, con el consentimiento de todos los socios, podrán incorporarse a los estatutos causas determinadas de exclusión o modificarse o suprimirse las que figurasen en ellos con anterioridad”.

Aunque tampoco exista previsión estatutaria en cada sociedad, no se han agotado las posibilidades de actuar contra los socios conflictivos, sino que todavía existen vías para hacer cesar sus conductas, pues los actos contrarios a una competencia ética gozan de la protección de la Ley  3/1991 de 10 de enero, de Competencia Desleal.

Esta Ley establece, como requisito previo y fundamental, que el acto llevado a cabo por el socio se realice en el mercado y con fines concurrenciales:

Artículo 2. Ámbito objetivo

      1. Los comportamientos previstos en esta Ley tendrán la consideración de actos de competencia desleal siempre que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales.”

La ley configura posteriormente estos actos como desleales de dos maneras. Por un lado tipifica determinadas conductas de forma específica en los artículos 5 a 18. Por otro, establece una cláusula general, aplicable en caso de que la conducta concreta no tenga encaje en los tipos de los citados artículos. A través de dicha cláusula, prevista en el artículo 4, podremos reputar desleal, y ejercitar en consecuencia las acciones correspondientes, todo comportamiento  que resulte “objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe”.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya de 19 de julio 2014  hace referencia a esta doble configuración legal de los actos de competencia desleal: “De este modo, cabe concluir que la cláusula general tipifica un acto de competencia desleal en sentido propio, dotado de sustantividad frente a los actos de competencia desleal que la Ley ha estimado tipificar en concreto. Esta cláusula ha de aplicarse de forma autónoma, especialmente para reprimir conductas o aspectos que no han podido ser subsumidos en supuestos contemplados en la tipificación particular.”

En cuanto a la buena fe exigida a los que realicen en el mercado actos con fines concurrenciales, el Tribunal Supremo ha establecido, entre otras en la Sentencia de 19 de abril de 2002,  que debe entenderse como la exigencia ética significada por los valores de honradez, lealtad, el justo reparto de la propia responsabilidad y atenimiento a las consecuencias que todo acto consciente y libre puede provocar en el ámbito de la confianza ajena.

Así la jurisprudencia ha considerado en determinados casos constitutivo de un acto de competencia desleal, por vulnerar las exigencias de la buena fe, que un socio constituya otra sociedad con el mismo o similar  objeto que aquella en la que continúa ostentando tal condición. 

A título de ejemplo, cabe citar , entre otras, la  Sentencia de 14 de julio de 2003 del Tribunal Supremo , sobre concurrencia desleal en la comercialización y fabricación de productos químicos que establece: “no cabe dudar que las conductas imputadas a los demandados (entre ellas la de constituir una nueva empresa) ó, incluso, durante su gestación por personas como las demandadas que trabajaban o formaban parte de la actora, que se dedicaba a la misma actividad de fabricación de productos químicos… son bien expresivas, de que existe una conducta tipificada en la cláusula general del art. 5, esto es, se trata de un comportamiento que resulta objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe…».

Pero si se cumplen los requisitos y el acto que ha llevado a cabo el socio puede reputarse desleal, podremos plantearnos el ejercicio de las acciones previstas en  el artículo 32 de la Ley de Competencia Desleal:

“1. ª Acción declarativa de deslealtad.

2. ª Acción de cesación de la conducta desleal o de prohibición de su reiteración futura. Asimismo, podrá ejercerse la acción de prohibición, si la conducta todavía no se ha puesto en práctica.

3. ª Acción de remoción de los efectos producidos por la conducta desleal.

4. ª Acción de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas.

5. ª Acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta desleal, si ha intervenido dolo o culpa del agente.

6. ª Acción de enriquecimiento injusto, que sólo procederá cuando la conducta desleal lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico.”

También hay que hacer referencia a otra posibilidad de dirigirse contra los socios que atenten contra los intereses de una sociedad realizando actos concurrenciales, examinando si en el contrato laboral se ha estipulado un pacto de no concurrencia o  competencia, recogido en el artículo 21 del Estatuto de los Trabajadores y actuar contra los mismos por incumplimiento del contrato.

Hay distintas posibilidades para atacar los actos de los socios que atenten contra los intereses de una sociedad

En conclusión, hay distintas posibilidades para atacar los actos de los socios de una empresa que puedan ser contrarios al ejercicio leal de tal condición y contrariar los fines de nuestra sociedad, requiriendo cada caso un examen individual que permita analizar las medidas más idóneas que se puedan tomar.

Competencia desleal y prohibición de competencia de los administradores de sociedades de capital

El artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital establece una prohibición de competencia de los administradores de la sociedad. Según dicho precepto:

«1. Los administradores no podrán dedicarse, por cuenta propia o ajena, al mismo, análogo o complementario género de actividad que constituya el objeto social, salvo autorización expresa de la sociedad, mediante acuerdo de la Junta General, a cuyo efecto deberán realizar la comunicación prevista en el artículo anterior».


Se dispone, asimismo, que en la sociedad de responsabilidad limitada cualquier socio podrá solicitar del juez de lo mercantil del domicilio social el cese del administrador que haya infringido la prohibición anterior.

La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) ha dictado dos sentencias recientes en las que pone de manifiesto la relación entre esta prohibición y la comisión de actos de competencia desleal.

Así, en la Sentencia 617/2018 de 26 de septiembre (ECLI: ES:APB:2018:8758), recordando lo afirmado en la anterior de 9 de diciembre de 2014 (ECLI: ES:APB:2014:11171) se declara que para la estimación de la acción de separación judicial del administrador, de conformidad con el artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital «no se requiere la acreditación de una conducta desleal de captación de clientela o de la comisión de actos desleales por desvío de las oportunidades de negocio a una empresa competidora, en definitiva de un perjuicio actual a la sociedad. Se trata de acreditar el supuesto de hecho que la norma tipifica y que se integra por las siguientes circunstancias de hecho: a) que el demandado sea administrador de una sociedad de responsabilidad limitada; b) que al mismo tiempo se «dedique» por cuenta propia o ajena (sin necesidad de ostentar el cargo de administrador) al «mismo, análogo o complementario género de actividad» que constituya el objeto social de la sociedad que administra; y c) que no haya sido autorizado a tales específicos efectos de forma expresa por la junta general».

Competencia y competencia desleal del administrador: consecuencias respecto de la legitimación activa

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 2 de febrero de 2018: Un socio demanda al administrador que ha constituido otra sociedad que hace competencia a la primera. Para pedir el cese como administrador, está legitimado. Pero para ejercer acciones de competencia desleal en nombre de la sociedad, no. Y, como no lo está, pretende que estaba ejerciendo la acción social de responsabilidad que, tras la reforma de 2014, permite su ejercicio directo por los socios minoritarios si se basa en una infracción del deber de lealtad – como sería el caso – y que, dada la ampliación de las pretensiones que pueden articularse contra los administradores (no solo la indemnizatoria) a través de la llamada “acción social” (v. art. 232 LSC), permitiría al demandante salvar su falta de legitimación para ejercer las acciones de competencia desleal (El socio de una sociedad limitada puede considerarse un perjudicado indirecto por el acto de competencia desleal).

Artículo 232.  Acciones derivadas de la infracción del deber de lealtad.

El ejercicio de la acción de responsabilidad prevista en los artículos 236 y siguientes no obsta al ejercicio de las acciones de impugnación, cesación, remoción de efectos y, en su caso, anulación de los actos y contratos celebrados por los administradores con violación de su deber de lealtad.

… puede darse el caso, al menos conceptualmente, de que el administrador que emprende por su cuenta actividades idénticas, análogas o complementarias a las que integran el objeto de la sociedad que administra lo haga con total pulcritud desde el punto de vista concurrencialesto es, sin valerse de medios que la Ley de Competencia Desleal reputa ilícitos, lo que no será obstáculo para apreciar la infracción de la prohibición de competencia. Cabe también que la actividad idéntica, análoga o complementaria se desarrolle mediante esa clase de medios, en cuyo caso a las consecuencias legales de la infracción de la prohibición de competencia habría que añadir las consecuencias propias de esa ilicitud adicional. Finalmente, puede suceder que el administrador incurra en ilicitud concurrencial con la sociedad que administra pero que lo haga en el desarrollo de actividades que no sean ni idénticas, ni análogas ni complementarias respecto de las que integran el objeto de la sociedad, pues no pertenece a la esencia de los ilícitos que contempla la Ley de Competencia Desleal la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo de los mismos, tal y como establece expresamente el artículo 3.2 de dicha ley.

Aclarado lo anterior, de la lectura de la demanda y del resto de la actuaciones cabe concluir que la petición declarativa contenida en el apartado primero del suplico de la demanda no es una acción de competencia desleal sino que se funda en el artículo 230 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital . En esencia, lo que se pretende es que se declare que el demandado don Primitivo ha infringido la prohibición de competencia al constituir la sociedad codemandada y dedicarse al mismo objeto social y, además, lo ha hecho deslealmente desde el punto de vista competenciallo que no es relevante para apreciar la infracción de la prohibición de competencia-. Para la acción que contemplaba en el artículo 230 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital sí estaba legitimada la actora en tanto que se atribuía a cualquier socio. El problema es que la acción que contemplaba el referido precepto era una acción de cese. La declaración de que el demandado ha infringido la prohibición de competencia es un mero presupuesto que permitía al socio solicitar y al juez acordar el cese del administrador que incumplía la prohibición pero carece de interés el ejercicio autónomo de una acción declarativa y con mayor razón cuando el demandado había cesado como administrador mancomunado el día 12 de septiembre de 2012, siendo nombrada la demandante como administradora única el día 19 de octubre siguiente, todo ello con anterioridad a la presentación de la demanda que tuvo lugar el día 12 de noviembre de 2012, por lo que debe mantenerse su desestimación aun cuando sea por otras razones. El resto de las peticiones contenidas en el suplico de la demanda son consecuencia de acciones de competencia desleal para las que la actora no goza de legitimación.

Que se trata de acciones de competencia desleal queda corroborado por el hecho de que la demanda también se dirige contra la sociedad y por hechos posteriores al cese del codemandado lo que sólo puede encontrar fundamento en la Ley de Competencia Desleal. Para evitar las consecuencias de la apreciada -y no discutida- falta de legitimación activa para el ejercicio de acciones de competencia desleal, la actora sostiene en el recurso de apelación que, a la vista de los hechos alegados en la demandada, debía de haberse entendido que ejercitaba la acción social de responsabilidad. El planteamiento de la parte actora resulta por completo novedoso y no puede encontrar fundamento en los principios iura novit curia y da mihi factum dabo tibi ius, argumento que, además, sólo daría cobertura a las acciones indemnizatorias. En la demanda no se ejercitó la acción social de responsabilidad. No es sólo que no se indicara que se ejercitaba esta acción o que no se hiciera la menor alusión a los artículos 236 y siguientes del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, es que ni siquiera se mencionaron sus presupuestos, ni se fundamentó la legitimación subsidiaria de la demandante para el ejercicio de esa acción…

En definitiva, aunque el recurso de apelación permite al tribunal de segundo grado examinar en su integridad el proceso, no constituye un nuevo juicio, ni autoriza a resolver cuestiones distintas de las planteadas inicialmente ( artículo 456 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ), tanto en lo que se refiere a los hechos ( questio facti ) como en lo relativo a los problemas jurídicos oportunamente deducidos ( questio iuris ) dado que ello se opone al principio general pendente apellatione nihil innovetur . En todo caso, tampoco podría sostenerse la legitimación subsidiaria de la demandante para el ejercicio de la acción social de responsabilidad en la junta celebrada con fecha 19 de octubre de 2012, como ahora se alega en el recurso de apelación. El punto tercero del orden del día tenía la siguiente rúbrica: «Eventual expulsión del socio administrador don Primitivo de la compañía por asuntos presuntos de cooperación, participación o competencia desleal, sin autorización de la junta general durante periodo vigente su cargo. Adopción de acuerdos y ejercicio acciones legales.». Debatida la expulsión, no se aprobó el acuerdo sin mencionar la cuestión relativa al ejercicio de acciones legales. De la escueta referencia al ejercicio de acciones legales tampoco cabría entender sometida a la decisión de la junta la concreta acción social de responsabilidad que ahora se afirma ejercitada, respecto de la que, por otra parte, parece que ni se debatió en la junta de referencia. En consecuencia, tampoco podría reconocerse legitimación a la actora en su condición de socia de la entidad «MEDIA TO BARTER, S.L.» para ejercitar la acción social de responsabilidad que, además, sólo podría afectar al codemandado don Primitivo. Los razonamientos anteriores determinan la desestimación del recurso de apelación y la confirmación de la sentencia apelada.

LEY 3/1991, DE 10 DE ENERO, DE COMPETENCIA DESLEAL

Artículo 12. Explotación de la reputación ajena.

Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como «modelos», «sistema», «tipo», «clase» y similares.

Artículo 14. Inducción a la infracción contractual.

1. Se considera desleal la inducción a trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados, a infringir los deberes contractuales básicos que han contraído con los competidores.

2. La inducción a la terminación regular de un contrato o el aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero de una infracción contractual ajena sólo se reputará desleal cuando, siendo conocida, tenga por objeto la difusión o explotación de un secreto industrial o empresarial o vaya acompañada de circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor del mercado u otras análogas.

Acciones derivadas de la competencia desleal

Artículo 32. Acciones.

1. Contra los actos de competencia desleal, incluida la publicidad ilícita, podrán ejercitarse las siguientes acciones:

1.ª Acción declarativa de deslealtad.

2.ª Acción de cesación de la conducta desleal o de prohibición de su reiteración futura. Asimismo, podrá ejercerse la acción de prohibición, si la conducta todavía no se ha puesto en práctica.

3.ª Acción de remoción de los efectos producidos por la conducta desleal.

4.ª Acción de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas.

5.ª Acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta desleal, si ha intervenido dolo o culpa del agente.

6.ª Acción de enriquecimiento injusto, que sólo procederá cuando la conducta desleal lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico.

2. En las sentencias estimatorias de las acciones previstas en el apartado anterior, números 1.ª a 4.ª, el tribunal, si lo estima procedente, y con cargo al demandado, podrá acordar la publicación total o parcial de la sentencia o, cuando los efectos de la infracción puedan mantenerse a lo largo del tiempo, una declaración rectificadora.ç

LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL

Artículo 204. Acuerdos impugnables.

1. Son impugnables los acuerdos sociales que sean contrarios a la Ley, se opongan a los estatutos o al reglamento de la junta de la sociedad o lesionen el interés social en beneficio de uno o varios socios o de terceros.

La lesión del interés social se produce también cuando el acuerdo, aun no causando daño al patrimonio social, se impone de manera abusiva por la mayoría. Se entiende que el acuerdo se impone de forma abusiva cuando, sin responder a una necesidad razonable de la sociedad, se adopta por la mayoría en interés propio y en detrimento injustificado de los demás socios.

 

Artículo 206. Legitimación para impugnar.

1. Para la impugnación de los acuerdos sociales están legitimados cualquiera de los administradores, los terceros que acrediten un interés legítimo y los socios que hubieran adquirido tal condición antes de la adopción del acuerdo, siempre que representen, individual o conjuntamente, al menos el uno por ciento del capital.

Los estatutos podrán reducir los porcentajes de capital indicados y, en todo caso, los socios que no los alcancen tendrán derecho al resarcimiento del daño que les haya ocasionado el acuerdo impugnable.

2. Para la impugnación de los acuerdos que sean contrarios al orden público estará legitimado cualquier socio, aunque hubieran adquirido esa condición después del acuerdo, administrador o tercero.

3. Las acciones de impugnación deberán dirigirse contra la sociedad. Cuando el actor tuviese la representación exclusiva de la sociedad y la junta no tuviese designado a nadie a tal efecto, el juez que conozca de la impugnación nombrará la persona que ha de representarla en el proceso, entre los socios que hubieren votado a favor del acuerdo impugnado.

4. Los socios que hubieren votado a favor del acuerdo impugnado podrán intervenir a su costa en el proceso para mantener su validez.

5. No podrá alegar defectos de forma en el proceso de adopción del acuerdo quien habiendo tenido ocasión de denunciarlos en el momento oportuno, no lo hubiera hecho.

SINTESIS DEL CASO

Analizar que acciones se pueden interponer:

Según la LSC:

Artículo 241. Acción individual de responsabilidad.

Quedan a salvo las acciones de indemnización que puedan corresponder a los socios y a los terceros por actos de administradores que lesionen directamente los intereses de aquellos.

Artículo 232.  Acciones derivadas de la infracción del deber de lealtad.

El ejercicio de la acción de responsabilidad prevista en los artículos 236 y siguientes no obsta al ejercicio de las acciones de impugnación, cesación, remoción de efectos y, en su caso, anulación de los actos y contratos celebrados por los administradores con violación de su deber de lealtad.

Este texto ha sido redactado por la colaboradora  Dª. Guadalupe Montoto Canllo

y revisado por David-J. López Ortega