¿Procedimiento Monitorio? Puedes oponerte

El procedimiento monitorio se encuentra regulado en los artículos 812 a 818 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Es un procedimiento judicial idóneo para reclamar las cantidades dinerarias impagadas por cualquier deudor.

Para poder iniciar un procedimiento monitorio deben concurrir ciertos requisitos, y es que, en primer lugar, la deuda debe de ser dineraria, líquida, determinada, vencida y exigible conforme al artículo 812.1 de la LEC. 

En segundo lugar, se exige que se acredite la existencia de tal deuda bien mediante documentos de cualquier clase firmados por el deudor o, a través de facturas, albaranes de entrega, certificaciones, telegramas, telefax o cualquier otro documento que exprese la deuda y relación entre el acreedor y el deudor.

Un pequeño esquema de lo que te puedes encontrar ante un procedimiento monitorio:

El mencionado procedimiento se inicia con una petición del acreedor, si cumple con los requisitos se admite y en caso contrario se inadmite. También se puede entender que la cantidad reclamada es incorrecta, ante ello se dicta un auto planteando una propuesta de requerimiento por cantidad inferior. Al aceptarse esta propuesta se admite. En caso de no aceptarse o no pronunciarse en el plazo de 10 días, se le entiende por desistido.

Al producirse la admisión, se da traslado a la parte deudora para que en el plazo de 20 días bien pague la deuda y lo acredite o bien presente escrito de oposición.

En el caso de que el deudor no pague voluntariamente ni se oponga dentro del plazo concedido, el procedimiento finaliza automáticamente mediante una resolución que permitirá al demandante acudir directamente a la ejecución forzosa, en la que se podrá acordar el embargo de los bienes del demandado suficientes para abonar el total de la deuda.

En relación a la oposición, la encontramos regulada en el artículo 818 LEC, lo primero que se determina es que si el deudor presenta escrito de oposición al procedimiento monitorio el asunto se resolverá en el juicio que corresponda según la cuantía de la deuda (bien ordinario, bien juicio verbal).

En el escrito de oposición se podrá hacer referencia tanto a las cuestiones procesales como a las de fondo, además de aportar toda la documentación acreditativa de la pretensión que estemos ejercitando; es decir, la base documental de nuestro argumento de defensa.

Podemos reconducir nuestra oposición alegando la existencia de cláusulas abusivas y, por lo tanto, nulas. Respecto a esto, tendremos en cuenta la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. Ésta entiende que todas aquellas cláusulas que favorezcan al desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes y que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas.

El artículo 3.2 de la mencionada Directiva determina que: “se considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido influir sobre su contenido”. Entendiendo que hace referencia a las condiciones generales no pactadas individualmente con el deudor.

Si el deudor no pagua voluntariamente, el procedimiento finaliza automáticamente mediante una resolución que permitirá al demandante acudir directamente a la ejecución forzosa

Las condiciones generales incorporadas en el contrato deben cumplir una serie de controles para que no sean consideradas por ningún juez o tribunal como abusivas. La Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación hace referencia a los siguientes:

  • Control de redacción: que exista una transparencia, claridad, concreción y sencillez para que las cláusulas puedan llegar a formar parte del contrato. Es decir, que no sean ilegibles, ambiguas o incomprensibles. Tal y como manifiesta la SAP de Zaragoza, Auto 17.10.17.
  • Control de transparencia: exige la existencia de buena fe.
  • Control de contenido: atendiendo a la legalidad de las cláusulas.

Para finalizar, hacemos referencia a algunas sentencias que reconocen cláusulas contractuales como abusivas y nulas, no aplicables.

Es el caso de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 16 de abril de 2018, EDJ 2018/528811, declara nula la cláusula de vencimiento anticipado por impago del deudor de una sola cuota, entendiendo que dicha cláusula supone un desequilibrio importante entre los derechos de las partes contratantes. Califica como poco grave el hecho de incumplir el pago de una sola cuota y, por lo tanto, desproporcionado el derecho al acreedor en este caso a exigir el cumplimiento de la totalidad de la deuda.

Por otra parte, el Tribunal Supremo en su sentencia del 22 de abril de 2015, recurso 2351/2012, entiende como abusivo el interés de demora que suponga un incremento de más de 2 puntos porcentuales respecto del interés remuneratorio pactado, supondría una indemnización desproporcionada conforme al artículo 85.6 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

Esta misma pronunciación la podemos encontrar en la sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén de 8 de junio de 2016, EDJ 2016/177722 y en la sentencia del Tribunal Supremo nº 671/2018, de 28 de noviembre de 2018.

Si te encuentras como la parte deudora y te notifican el inicio de un procedimiento monitorio, te aconsejamos acudir a tus abogados de confianza para recibir un asesoramiento completo y adecuado a tu caso particular.

Emma Kadayan