En ocasiones nos encontramos con cuestiones a tratar en cuanto a menores de edad, de las problemáticas que puedan surgir en cuanto a su situación en el entorno familiar, como pueden ser las de problemas de conducta, violencia intrafamiliar, desamparado, fallecimiento de progenitores que ejercen la patria potestad, adopciones, acogimientos familiares, y un largo etcétera.

Cabe destacar que sobre los menores de edad el ordenamiento jurídico español establece un nivel especial de protección y dispone que en todos los casos hay que velar por el interés superior del menor.

Al respecto de esto, resulta fundamental todo lo contemplado en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, que hace referencia a todo lo concerniente con los procedimientos penales de los que forman parte los menores de edad.

Dicho esto, cabe tener en cuenta que en las problemáticas que no entran en el derecho penal, por no tratarse de comportamientos delictivos, y en el caso de menores de 14 años (que resultan inimputables), e incluso cuando nos encontramos en situaciones de este tipo, debemos tener en cuenta que, en el ámbito de la Comunidad Valenciana, la Generalitat tiene competencia exclusiva en materia de Servicios Sociales, la cual atribuye a su departamento correspondiente y que realiza sus intervenciones con la colaboración de la entidades locales.

A la hora de contemplar medidas de protección en todo tipo de casos, nos debemos remitir, más allá de la Ley del Menor, a la Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat, de derechos y garantías de la Infancia y la adolescencia y al Decreto 28/2009, de 20 de febrero, del Consell, por el que se modifica el Reglamento de Medidas de Protección Jurídica del Menor en la Comunidad Valenciana, aprobado por el Decreto 93/2001, de 22 de mayo, del Consell.

En este sentido, la Generalitat Valenciana ha de velar por el interés de los menores, con preferencia de que exista colaboración por parte de la familia, y con la obligación de salvaguardar, como decimos, el interés superior del menor en cualquier situación y, particularmente, en situaciones de violencia y de desamparo, por lo que deberá actuar en situaciones en las que se requiera.

También hay que tener en cuenta que aunque la competencia sea autonómica, tenemos en el ámbito de aplicación de toda España, la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que establece un marco común para todo el territorio nacional, en el mismo sentido y con el objetivo de garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes a su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia, asegurando el libre desarrollo de su personalidad y estableciendo medidas de protección integral, que incluyan la sensibilización, la prevención, la detección precoz, la protección y la reparación del daño en todos los ámbitos en los que se desarrolla su vida.

Si es usted padre, tutor legal, o se encuentra en una situación de acogimiento familiar de un menor con el que mantiene vínculo de consanguinidad o quiere optar a la misma y necesita asesoramiento sobre cualquier problema a resolver, desde HDH Abogados podemos ayudarle.

Texto elaborado por el colaborador Carlos Velert.

En todos nosotros está en la retina la imagen de los independistas catalanes indultados, tras haber cometido varios delitos tipificados en el código penal. No nos traigamos a engaño: los indultados que no se han arrepentido de los delitos cometidos llevan bajo el brazo el agravio comparativo con una amplia mayoría de reclusos. No todos tienen esta suerte, ni mucho menos… Al margen de la política, que es una especie de carga que debemos sobrellevar con cierta dignidad el resto de los mortales, vamos al terreno jurídico:

¿Qué es el indulto y cómo solicitarlo?

A tenor del artículo 130. 1. 4º del Código Penal, el indulto es una de las formas contempladas para extinguir la responsabilidad criminal, una aplicación excepcional y restrictiva, siendo preciso que existan causas objetivas de carácter social o humanitario para concederlo. Suponiendo el perdón de la pena sin cancelar antecedentes penales a diferencia de la amnistía, que hace referencia al perdón del delito a una pluralidad de personas con cancelación de antecedentes penales.

Centrándonos en la figura del indulto, el Ministerio de Justicia determina que es una medida de gracia, de carácter excepcional, que otorga el Rey, a propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del Consejo de Ministros.
Cabe destacar la Ley de 18 de junio de 1870 estableciendo reglas para el ejercicio de la gracia de indulto. Dicha norma determina que podrán ser sujetos del indulto cualquier reo de toda clase de delitos siempre y cuando hayan sido condenados por una sentencia firme y no sean reincidentes en el mismo u otro tipo de delito.
Existen dos tipos de indultos: el total cuando suponga la remisión de todas las penas a las que le hubieran condenado; y el parcial cuando se remita únicamente a algunas de las penas impuestas. Ni el indulto total ni en el parcial comprende la responsabilidad civil derivada del delito.
Es importante tener en cuenta lo señalado en el artículo 15 de la mencionada Ley del Indulto, que enumera dos exigencias para que se pueda dar el indulto: que la estimación de dicha pretensión no cause perjuicios a terceros o lastime sus derechos y que previamente a obtener el indulto se haya obtenido el perdón del ofendido.

En relación a la solicitud, se podrá solicitar por escrito ya sea por el propio penado, sus familiares o cualquier otra persona en su nombre, sin necesidad de acreditar su representación. El escrito deberá ir acompañado de todos los documentos originales o fotocopias compulsadas.
A la hora de redactar las alegaciones en el escrito donde solicitemos el derecho de gracia es importante hacer especial mención a ciertos puntos:
Si el condenado carece de antecedentes penales y nunca antes había sido sometido a ningún procedimiento penal.
Si el condenado se encuentra actualmente en un proceso de reinserción social, familiar, laboral o en proceso de desintoxicación, siendo la condena inidónea para los fines perseguidos por estos procesos.
Acreditar, en su caso, que el condenado ha pedido perdón al ofendido del delito que se trate.
Es conveniente, añadir las razones de justicia, equidad o utilidad pública que justifican el indulto, tal y como menciona la sentencia del Tribunal Supremo Sala 3ª, sec. 5ª, S 05-03-2018, nº 338/2018, rec. 15/2017.
Por último, cabe destacar un pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Barcelona, sec. 9ª, A 20-10-2014, rec. 9/2014, sobre el derecho de gracia del indulto. Refiriéndose al indulto como tercera instancia suponiendo una injerencia en el poder judicial. Siendo únicamente justificado el indulto en situaciones consideradas de “injusticia notoria”. De manera que, tenemos que tener en cuenta el tipo de delito, su gravedad y repercusión social para plantear la solicitud de indulto y que ésta sea estimada.

Un contrato de arras, también conocido como contrato de señal o contrato de reserva, es un acuerdo legal que se establece en el contexto de una transacción inmobiliaria o de compraventa de bienes. Se utiliza para formalizar la intención de ambas partes de llevar a cabo la operación y asegurar el compromiso entre el comprador y el vendedor.

En esencia, el contrato de arras es un anticipo que el comprador entrega al vendedor como garantía de que cumplirá con el contrato de compraventa en una fecha posterior acordada. Generalmente, esto implica que el comprador entrega una suma de dinero (una señal o arras) al vendedor en el momento de la firma del contrato, como muestra de su interés en adquirir el bien o propiedad.

Existen dos tipos principales de contrato de arras:

1. Arras confirmatorias: En este tipo de contrato, si el comprador se retracta de la compra, pierde la cantidad entregada como arras. Si el vendedor no cumple con la venta, debe devolver el doble de la cantidad recibida como arras.
2. Arras penitenciales: En este caso, si el comprador se retira de la compra, perderá la cantidad entregada como arras. Si es el vendedor quien incumple, deberá devolver el doble de la cantidad recibida en concepto de arras.

El contrato de arras es una medida para proteger los intereses de ambas partes y asegurarse de que ambas estén comprometidas con la operación. Sin embargo, es esencial redactar adecuadamente el contrato y consultar con un profesional legal o notario para asegurarse de que los términos y condiciones sean justos y claros para ambas partes involucradas.

En todo caso, antes de firmar nada, asesórate correctamente, son muchos los procedimeintos judiciales que llevamos por un mal contrato.

En alguna ocasión escribí sobre la problemática de acudir al Tribunal Supremo tras una Sentencia de condena en primera instancia, cuando ésta es la Audiencia Provincial, que enjuicia delitos graves.

El recurso de casación es extraordinario y no permite la revisión de los hechos, sino del derecho. Por ello, en la práctica, no se revisaba con el rigor de un tribunal de apelación la prueba practicada ante la Audiencia Provincia. Lo cual generaba un distinto tratamiento a los penados por delitos menos graves frente a los condenados por delitos más graves: no tenían éstos últimos la posibilidad de revisar su juicio por una instancia superior.

Hoy las Sentencias dictadas, en el orden penal, por las Audiencias Provinciales, son recurribles en apelación, en diez días, ante la sala de lo civil y penal de los Tribunales Superiores de Justicia. Este cambio legislativo mejorará, sin duda, las garantías de los condenados por delitos más graves (de más de cinco años de prisión).

Texto elaborado por el socio Director David-Juan López Ortega.