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¿CONTRATO DE ARRAS?

Es muy habitual que antes a comprar una vivienda se formalice un contrato de arras. En una compraventa es posible pagar directamente, en las condiciones que se pacten entre comprador y vendedor, la cantidad correspondiente al inmueble que se transfiere, a la par que se entrega el inmueble en cuestión. Ahora bien, también podemos optar por “reservar” la compra de alguna manera mediante el abono de una cantidad de dinero que nos de derecho a adquirirlo posteriormente.

El contrato de arras es el instrumento más habitual. En este tipo de contrato nos comprometemos a comprar o vender, respectivamente, con una serie de condiciones y consecuencias en caso de incumplimiento.

Existen tres tipos de arras: las penitenciales, las confirmatorias y las penales.

Las penitenciales son las más utilizadas, y se deben de pactar de manera expresa. En este tipo, si la compra no se lleva a cabo por causas atribuibles al comprador, este pierde las arras consignadas. Si es el vendedor el que incumple la obligación, deberá devolverle el doble.

Las confirmatorias suponen un compromiso que se adquiere a no ser que las partes determinen otra cosa. Estas arras se pagan por el comprador como adelanto del precio total de la operación y se pueden utilizar para exigir a la otra, mediante la tutela judicial, su cumplimiento. Lo puede exigir cualquiera de las partes. El comprador para poderlo adquirir y el vendedor para poderlo transmitir.

Por último, las arras penales, que son las menos comunes, por las cuales las partes acuerdan la posibilidad de no llevar a cabo la compraventa sin necesidad de justificar ninguna causa, y se acuerda la pena a pagar según el caso. Las entrega de igual modo el comprador al vendedor, pero no tiene por qué pactarse que sean las arras en sí mismas, son solo una señal, y pueden coincidir, ser más o ser menos en el caso de desistimiento.

Si se encuentra en esta situación de estar en disposición de comprar o vender un inmueble y está valorando la posibilidad de formalizar un contrato de arras, en HDH Abogados podemos asesorarle para no “meter la pata” más adelante.

Texto elaborado por Carlos Velert y revisado por David J. López Ortega.

NOS HAN DENEGADO LA INSCRIPICIÓN DEL MATRIMONIO ¿QUÉ HACEMOS?

Los matrimonios, para que tengan efectos jurídicos, deben estar inscritos en el Registro civil; pudiéndose celebrarse en forma religiosa o civil.
En un caso muy reciente que hemos tenido en nuestro despacho, se deniega la inscripción de un matrimonio por poderes por vicio del consentimiento matrimonial. Este matrimonio fue autorizado en Perú por un funcionario acreditado y susceptible de inscripción en el Registro Civil central de Madrid por tener las formalidades precisas de todo fedatario público. El caso que nos ocupa, el juez encargado de velar por la legalidad registral denegó la solicitud de inscripción en el Registro Civil considerando que era de conveniencia.

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El procedimiento se inicia con alegaciones ante la Dirección General de Seguridad y Fe Pública discutiendo la negativa a la inscripción, y con el agotamiento de dicha vía queda expedita la vía judicial. Tras las pruebas aportadas pudimos demostrar que la cliente, a que llamaremos Aurora, de nacionalidad española, previamente divorciada de su exmarido en Perú, contrajo matrimonio por poderes con su actual marido, 40 años mayor que ella, el cual no podía desplazarse a Perú por una discapacidad del 65% para casarse con Aurora.
Tuvimos que celebrar el juicio con el Abogado del Estado y el Fiscal, representantes de la Administración pública, con testigos y numerosos documentos que, por fortuna, han demostrado que “Aurora” se casó por amor…
No debemos dar por perdidas inscripciones denegatorias de matrimonio ni de cualquier otro tipo: En ocasiones se le puede dar la vuelta a la tortilla de una decisión administrativa, aunque sea acudiendo al juzgado para ello.
Este texto ha sido elaborado por Olivia Gran Verdú y revisado por el socio David J. López.
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¿ME PUEDO EMANCIPAR?

Es frecuente recibir consultas en HDH ABOGADOS sobre la emancipación. Son muchos los casos de menores que quieren vivir de forma independiente con relación a sus padres, y nos saben cómo hacerlo. Hay que acudir al instituto conocido como “emancipación”. Esta figura de derecho civil está regulada en nuestro Código Civil (en adelante C.C), y permite que el menor (mayor de 16 años) pueda disponer de su persona y bienes como si fuera mayor de edad, si bien con algunas limitaciones respecto del patrimonio: se necesitará el consentimiento de padres o tutores para pedir préstamos, gravar o vender bienes inmuebles o establecimientos mercantiles o industriales y para disponer de bienes de extraordinario valor; también tendrá algunas limitaciones respecto a los derechos hereditarios (no podrá otorgar testamento ológrafo, aceptar una herencia sin beneficio de inventario o pedir la partición de una herencia).

El artículo 314 del C.C (recientemente modificado por la Ley de Jurisdicción Voluntaria) establece que la emancipación se puede obtener por:
Concesión de los que ejerzan la patria potestad (padres): la concesión podrá ser de hecho o de derecho.
De hecho (319 C.C): Mayor de 16 años que con el consentimiento de los padres viviere independientemente de estos. Los padres podrán revocar este consentimiento. Requiere una autonomía económica.
De derecho (317 y 318 C.C): Mayor de 16 años que consienta la emancipación. Se otorgará mediante Escritura Pública o por comparecencia ante el encargado del Registro (Juez).
Por concesión judicial: Lo inicia el interesado, mayor de 16 años, vía Jurisdicción Voluntaria, dándose audiencia a los padres. Los motivos para conceder judicialmente la emancipación son tasados y están recogidos en la ley:
Cuando quien ejerce la patria potestad contrajere nupcias o conviviere maritalmente con persona distinta del otro progenitor.
Cuando los padres vivieren separados. (Atendiendo a si existe o no un procedimiento de separación o divorcio y, a tal efecto, un convenio regulador que se pronuncie sobre la patria potestad).
Cuando concurra cualquier causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la patria potestad (incumplimiento de deberes de la patria potestad, por ejemplo)
La competencia para conocer del asunto se atribuye al Juez de Primera Instancia del domicilio del menor interesado, tramitándose vía Jurisdicción Voluntaria o vía Juicio Verbal.
La emancipación deberá inscribirse en el Registro Civil para que tenga efectos contra terceros. No obstante, una vez concedida no se puede revocar (salvo la concesión de hecho de los que ejerzan la patria potestad).

Abogados Valencia

SEGUIMOS EN 2023 ¡ÁNIMO!

Cuando empieza un nuevo año, no solo hay que apuntarse al gimnasio. No está suficientemente manido el argumento de la renovación, de la nueva era. De los nuevos tiempos. Termina un año bueno, y vendrá uno mejor. Hay que ir a por el 2023, no esperar a que nos venga, mes a mes, y que todo siga igual. En este 2023 hay que ser mejor persona, ayudar al próximo y respetar nuestro entorno -que, por definición, es un privilegio-. Las empresas que colaboran con los sectores más deprimidos, o con los más desfavorecidos, cumplen con lo que se denomina “responsabilidad social corporativa”, muy en boga hoy día. Ese es uno de los objetivos de HDH ABOGADOS, ayudar a los que nos rodean, con eficacia. Defenderemos los intereses de nuestros clientes con la firmeza y la honradez que nos caracteriza. “El hacer bien las cosas” es un signo distintivo de personas y empresas. Desde Gandhi hasta Lijphart todo pasa por hacer lo correcto, incluso contra legem. Más que un propósito para el 2023, os invitamos a que “el buen hacer” sea una actitud. Feliz y próspero año, vamos a por ello.

¿PUEDO RECLAMAR LA PLUSVALÍA?

El pasado 11 de mayo de 2017 el Tribunal Constitucional (en adelante, TC) anuló parcialmente el Impuesto Municipal sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IVTNU), también conocido como “Plusvalía municipal”, al entender que se trata de un impuesto que no mide una manifestación real de capacidad económica. Ello debido a que el impuesto se calcula en base a un coeficiente determinado por los años de titularidad del terreno (que siempre será positivo) aplicado sobre el valor catastral del suelo.

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Al tratarse de un impuesto que siempre arrojará una cifra resultante positiva (es decir, una cifra “a pagar”), independientemente de si la transmisión ha supuesto o no un incremento patrimonial para el transmitente, el TC, en la sentencia mencionada, declara la inconstitucionalidad de los preceptos que regulan dicho impuesto en la Ley de Haciendas Locales; y, por tanto, su nulidad por no prever dichas situaciones en las que no existe un incremento del valor de los terrenos.
El problema, o “beneficio”, que supone dicha sentencia, es que mientras el legislador no regule el impuesto para adaptarlo a las exigencias del TC, se produce una situación en la que la regulación del impuesto es inconstitucional; es decir, no existe regulación al respecto, por ser nula, y los jueces y tribunales no podrán valorar si se ha producido o no un incremento del valor del terreno, por ello, TODO contribuyente puede exigir la devolución de su cuota mientras no se produzca esa regulación, como así se está plasmando en numerosas resoluciones de Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de diversas CC.AA.
¿Qué plazos tengo para reclamar?:
Los plazos dependerán de la forma en que se ha liquidado el impuesto: siendo de 4 años en caso de Autoliquidación, y de 1 mes en caso de Liquidación. En consecuencia, tanto si has vendido un inmueble como si planeas venderlo; tanto si has obtenido una ganancia patrimonial como si te ha supuesto una pérdida, en HDH Abogados Valencia podemos ayudarte a reclamar.

LEY SOBRE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA: UNA POSIBILIDAD INTERESANTE

En ocasiones nos encontramos ante cuestiones que debemos de reclamar y, ya sea por imperativo legal, como en el caso de las conciliaciones que se solicitan como trámite previo a una demanda o a una querella, o sin ser necesario pero por conveniencia en cualquier caso de llegar a un acuerdo para evitar un pleito, que resulta más costoso y tedioso, acudimos a la Jurisdicción Voluntaria.

La Ley de la Jurisdicción Voluntaria establece la regulación al respecto y nos indica los supuestos para los que se puede iniciar un procedimiento de esta naturaleza y cómo hacerlo.

En primer lugar, dispone que dichos expedientes se pueden iniciar de oficio, a instancia del Ministerio Fiscal en los casos que marca la ley y que también lo puede solicitar una persona legitimada para hacerlo (quienes tengan capacidad para ser parte interesada en la cuestión a tratar), consignando sus datos de identificación y su domicilio a efectos notificaciones.

En dicha solicitud se expondrá con claridad y precisión lo que se pida y se deberá acompañar de una exposición de los hechos y de los fundamentos jurídicos en los que se basa la pretensión, acompañándola con la documentación que el solicitante considere pertinente para acreditar lo que se pide.

Una vez presentada la solicitud, el Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) examinará de oficio si se cumplen las normas de competencia objetiva y territorial (es decir, si le corresponde al Juzgado al que se dirige la solicitud conocer de este asunto por su naturaleza y por lugar).

Cuando existan varios expedientes interrelacionados que puedan llevar a resoluciones contradictorias, el Juez o el LAJ (quien sea competente para conocer el expediente) acordará de oficio o a instancia del interesado o del Ministerio Fiscal la acumulación.

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Para que tengan en cuenta las situaciones que se pueden (o se deben por precepto legal) tramitar o al menos iniciar por esta vía, se las concretamos a continuación:

.Diversos tipos de expedientes relacionados con el derecho de la persona:

-La autorización o aprobación judicial de reconocimiento de la filiación no matrimonial (cuando queremos reconocer o que nos reconozcan a un hijo que hemos tenido fuera de un contexto matrimonial, en el cual los hijos sí se reconocen automáticamente).

-La habilitación para comparecer en juicio y el nombramiento de un defensor judicial, lo cual se ha adaptado por la nueva ordenación de la discapacidad.

-La adopción.

-Los expedientes de provisión de medidas judiciales de apoyo para personas con discapacidad.

-La tutela, curatela y guarda de hecho, también actualizada para las personas con discapacidad.

-La emancipación y el beneficio de la mayoría de edad.

-La protección del patrimonio de las personas con discapacidad.

-El derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen de los menores y de los discapacitados con medidas de apoyo (lo que se llamaba incapacidad con anteriores regulaciones) para ejercer su capacidad de obrar.

-La autorización para realizar actos de todo tipo sobre bienes y derechos de menores y personas con discapacidad con medidas de apoyo, también actualizada con la nueva regulación de la discapacidad.

-La declaración de ausencia y fallecimiento.

-Las donaciones de órganos por parte de donantes vivos.

-La dispensa de impedimento matrimonial.

-La intervención judicial relacionada con la patria potestad, también actualizada con el nuevo articulado de la discapacidad.

-La intervención en casos de desacuerdo matrimonial y en la administración de los bienes de las sociedades de gananciales.

.Los expedientes en materia de sucesiones: el albaceazgo, el contador partidor dativo y la aceptación y repudiación de las herencias.

.Los de obligaciones: fijaciones de plazo para el cumplimiento de obligaciones y para las consignaciones.

.Los de derechos reales: la autorización judicial al usufructuario para reclamar y percibir créditos vencidos referentes a su usufructo y los deslindes de fincas que no se encuentren inscritas.

.Las subastas de carácter voluntario.

.Ciertos expedientes de carácter mercantil:

-La exhibición de los libros de las personas que ejercen la tarea de la contabilidad.

-La convocatoria de juntas generales.

-Los nombramientos y revocaciones de liquidadores, auditores o interventores de entidades.

-Las reducciones de capital social y de las amortizaciones o enajenaciones de participaciones o acciones.

-Las disoluciones judiciales de sociedades.

-Las convocatorias de asambleas generales de obligacionistas.

-Los casos de extravíos, destrucciones, hurtos y robos de títulos valor o de representación de partes de socio.

-Los nombramientos de peritos en los contratos de seguro.

Asimismo, la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que no se admitirá querella por injuria o calumnia inferidas a particulares si no se presenta certificación de haber celebrado el querellante acto de conciliación con el querellado, o de haberlo intentado sin efecto. Es decir, que para iniciar este tipo de procedimientos penales la ley establece el acto de conciliación como trámite previo, sin el cual no se admitirá la querella (que no denuncia, porque los delitos de injurias y calumnias son delitos privados, en los que el bien jurídico que se daña no es general, sino sobre una persona o un grupo de personas, por lo que no se persiguen de oficio y se hace necesario proceder mediante querella -a excepción de las injurias y calumnias hacia un funcionario público, autoridad o agente, que sí se persiguen de oficio-).

En cualquier caso, el demandante debe de comparecer en el acto citado a tal efecto y no existen costas procesales, pero los gastos derivados de dicho expediente deberán ser abonados por parte de éste. El demandado no tiene la obligación de comparecer.

En caso de incomparecencia, se hará constar. En el caso del demandante, dará lugar al archivo de las actuaciones. En el caso del demandado, simplemente se hará constar sin mayores consecuencias.

Las personas con discapacidad que participen en este tipo de procedimientos serán apoyadas con las adaptaciones y los ajustes que sean necesarios para garantizar su participación en condiciones de igualdad -este tipo de adaptaciones y ajustes tienen que ver con la comunicación, la comprensión y la interacción con el entorno-. Las personas con discapacidad, tal y como dispone la Ley, tienen derecho a entender y ser entendidas en cualquier actuación que deba llevarse a cabo, incluyéndose si resulta necesario la intervención de un tercero que le asista.

Si se resuelve por jurisdicción voluntaria, tendrá efecto de cosa juzgada y no se podrá iniciar ningún otro procedimiento por el mismo objeto y las mismas circunstancias, y en el caso de que las circunstancias sean diferentes, el subsecuente expediente estará condicionado por estará vinculado con lo anterior.

Ante las resoluciones que derivan de la interlocución, cabe recurso de reposición. Ante las resoluciones definitivas dictada por el Juez cabe recurso de apelación.

La ejecución de este tipo de resoluciones se llevará a cabo por lo que establece la Ley de Enjuiciamiento Civil, y se podrá instar de inmediato a la realización de los actos que resulten necesarios para que lo decidido sea eficaz (no hay que esperar a otros plazos legales).

Si se encuentra en una de las situaciones que hemos comentado y necesita asistencia al respecto, desde HDH Abogados podemos asesorarle y asistirle en lo que necesite, judicial y extrajudicialmente.

Texto elaborado por Carlos Velert Irles y revisado por David J. López Ortega.

ESTOY EN EL CIRBE. ¿QUÉ HAGO?

Este registro conocido como CIRBE, que no es un registro de morosos como el ASNEF, se actualiza cada mes y facilita a cada persona, confidencialmente, y a los bancos con los cuales pretendemos realizar una operación de riesgo (como un crédito personal o una hipoteca) la información de aquellos que tengan un riesgo superior a los 1.000 euros. 

Es decir, informan a la propia persona solicitante (de su propia información) y a las entidades financieras cuando les pedimos algún tipo de crédito de cuánto debemos en total en todos los préstamos que podamos tener, siempre y cuando el monto total supere los 1.000 euros.

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Ahora bien, es preferible que cumplamos nuestras obligaciones en las condiciones estipuladas en los contratos porque, en el caso de no hacerlo, arrastraremos en el CIRBE operaciones de riesgo que nos harán imposible acceder a la financiación y, en la práctica, es muy complicado que la entidad de crédito deje prescribir ningún tipo de deuda, pues regularmente envían cartas y/o requerimientos notariales que interrumpen el plazo de prescripción, de modo que podemos arrastrar las deudas indefinidamente.

Como se actualizan mensualmente y no es un registro de morosos realmente, cumpliendo con nuestras obligaciones no es un asunto que generalmente no debería de preocuparnos, pero se puede dar el caso de que se incurra en algún error y aparezca algún tipo de obligación que no existe, o que ha prescrito, en este caso deberemos dirigirnos en primer lugar a la entidad bancaria correspondiente y, si no se rectifica o cancela a instancia de ésta, comunicarnos con el Banco de España para que tome cartas en el asunto.

Texto elaborado por el colaborador Carlos Velert Irles y revisado por David J. López Ortega.

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CONSURSAL: ¿CÓMO SE CLASIFICAN LAS INDEMNIZACIONES POR DESPIDO?

Hay que empezar diciendo que este problema se produce en el supuesto de que se ha producido un despido laboral con anterioridad a la declaración del concurso de acreedores, ha sido declarado como improcedente por el Juzgado de lo Social y no es posible la readmisión, por lo que en la sentencia se acuerda la extinción de la relación laboral.
En este supuesto se pueden plantear dos supuestos:

El primero de ellos, es cuando la extinción de la relación laboral se ha producido con el despido, lo que conlleva que el trabajador ya ha realizado su prestación con anterioridad a la declaración del concurso de acreedores. O bien que en sentencia el Juez haya establecido que el despido tiene efectos desde una fecha anterior a la propia declaración de concurso. Si nos encontramos en estas situaciones las indemnizaciones que se acuerden con posterioridad en sentencia tienen la calificación de créditos concursales.
El segundo de ellos, es cuando la extinción de la relación laboral se entiende que se ha producido con la sentencia, la cual se ha dictado con posterioridad a la declaración del concurso. Si nos encontramos en esta situación, la indemnización se califica como crédito contra la masa. Esto se viene recogiendo en bastante jurisprudencia de Tribunal Supremo.
Es decir, que podrán ser calificados como créditos contra la masa, aunque la extinción se hubiera producido con anterioridad a la fecha de declaración de concurso, siempre y cuando la elección entre la readmisión del trabajador o la extinción del contrato de trabajo se ha producido posteriormente y se ha optado por la indemnización.

Este post ha sido elaborado por la colaboradora Ariadna Martínez Adell y revisado por David J. López Ortega.

NULIDAD O ANULABILIDAD CONTRACTUAL

Es importante destacar en primer lugar que, el Código Civil (CC) distingue dos tipos de invalidez:
Nulidad: con la declaración en sentencia de la nulidad nos encontramos que el contrato no ha llegado a existir nunca al carecer de alguno de sus elementos esenciales, por lo que hay que retrotraer las prestaciones efectuadas por las partes al momento anterior de la firma del contrato (la sentencia es declarativa). Es importante en materia bancaria: pedimos la nulidad de cláusulas abusivas, pero no podremos ejecutar esa sentencia para reclamar una cantidad “X” derivada de dicha nulidad -salvo que acumulemos acciones-, sino que deberíamos abrir otro procedimiento en reclamación de cantidad sobre la base de la sentencia estimatoria.
Anulabilidad: el contrato produjo efectos, pero estos efectos son claudicantes, es decir, que se supeditan a que no recaiga una sentencia que lo anule y lo considere inválido desde su celebración (la sentencia es constitutiva): Además, el contrato sí despliega su validez hasta que no se declare la anulabilidad.
Dentro del régimen jurídico ambos tipos de invalidez tienen notables diferencias, aunque resulta complicado saber cuándo se puede aplicar una u otra.

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La nulidad del contrato tiene las siguientes caracteristicas:
Tienen su origen en un defecto grave (estructural) del contrato (desde el momento de la celebración).
Produce la carencia absoluta de efectos desde el inicio (quod nullum est, nullum effectum producit, es decir, lo que es nulo no produce efecto alguno), aunque pueda producir algunas consecuencias jurídicas.
Opera “ipso iure” (si se da una resolución judicial tendrá carácter declarativo).
Tiene carácter definitivo, por lo que no es subsanable.
La acción para reclamar la nulidad no tiene plazo de caducidad.
La anulabilidad del contrato tiene las siguientes características:
Tiene su origen en defectos estructurales del contrato, de menor entidad, desde el punto de vista de los intereses generales.
Produce todos sus efectos hasta que se declara la anulación (el contrato tiene eficacia claudicante).
Se otorga la anulación para protección de algunos intereses particulares (los titulares de esos intereses son los facultados para ejercitar la acción).
El defecto o vicio puede ser sanado mediante la confirmación del afectado (el legitimado para reclamar la anulación).
La acción tiene plazo de caducidad.
En el art. 1300 CC se establece que “los contratos en que concurran los requisitos que expresa el artículo 1261 pueden ser anulados, aunque no haya lesión para los contratantes, siempre que adolezcan de alguno de los vicios que los invalidan con arreglo a la ley”. Concretamente podemos encontrar los siguientes vicios:
Existir vicios de la voluntad al contratar (error vicio, violencia, intimidación, dolo y el error en los motivos comunes).
Contratar sin tener plena capacidad para ello (siendo menor o incapaz).
Contratar sin el consentimiento del otro cónyuge cuando lo exige la ley.
Estos conceptos son fundamentales y muchas veces se confunden.

Texto elaborado por Ariadna Martínez Adell y revisado por David J. López Ortega.

Car Crash Accident On Street, Damaged Automobiles After Collision In City

ACCIDENTE DE TRÁFICO EN EL COCHE DE UN AMIGO. CONDUCÍA ÉL Y LA CULPA ES SUYA: ¿PUEDO RECLAMAR MIS LESIONES?

Un caso muy reciente que hemos llevado en el Despacho, que compartimos con vosotros, y que le puede pasar a cualquiera: Nuestro cliente va en el coche de un amigo, de copiloto. Entran en una rotonda, nuestro cliente va mirando por la ventanilla en cualquier avenida de la ciudad de Valencia. De repente, por distracción del conductor -su amigo- o por la del vehículo de color blanco “que se les echa encima” tienen un accidente. El amigo de nuestro cliente rellena el parte de accidente como puede, entre un sinfín de vehículos que pasan a su lado, mirando con curiosidad. En realidad todos están bien. No ha pasado nada. “Ya se encargarán las compañías de seguros”.

Tras rellenar el parte, el amigo de nuestro cliente avisa a su compañía de seguros, que parece hacerse cargo de los daños de su coche, que son poca cosa. Nuestro cliente, tras sufrir unos mareos al día siguiente, decide ir al médico de cabecera, quien le comunica que tiene “un latigazo cervical”; le duele el cuello, y hace sus sesiones de fisioterapia, que, además, le cuestan dinero. Se lo comunica a su amigo, y le dice que reclame. ¿A quién?

Ahí entramos nosotros: De entrada, pactamos unos honorarios comprensibles, puesto que el ocupante del vehículo -nuestro cliente- no tiene por qué sufrir unas lesiones mientras iba de copiloto en el coche de su amigo y gastarse un dineral en “abogados”. Esos honorarios trataremos que los recobre el cliente de la compañía de seguros del responsable del accidente, o, en su defecto, la del asegurado -y amigo-.

En éste caso ni la compañía del dueño del vehículo, ni la del “coche blanco”, se quisieron hacer cargo de las lesiones. Nuestro cliente tuvo que acudir a un médico de valoración del daño corporal, que nosotros le recomendamos, por ser “calidad-precio” muy asequible, tuvimos que presentar la demanda, hacer el juicio, y ganarlo. Eso sí, sin costas procesales. En este caso real, el culpable era su amigo, que hizo una maniobra, en la rotonda, imprudente, motivo por el cual, quien es responsable es la propia compañía de seguros de su amigo.

¿Cuánto cobró de indemnización?: Lo que marcó en su informe el médico de valoración del daño corporal.

¿Recobró los gastos de abogado y procurador? En este caso él adelantó la cantidad y luego la recuperó de la compañía de seguros de su amigo: No todas las pólizas recogen esta garantía, por lo que, en estos casos, cobramos un porcentaje de la indemnización que se obtenga.

¿Qué plazo tenía nuestro cliente para reclamar?: Un año desde el accidente.

IMPORTANTE: SIEMPRE HAY QUE REALIZAR UNA RECLAMACIÓN PREVIA A LA VÍA JUDICIAL EN ESTOS CASOS, ES OBLIGATORIO POR LEY.