El recurso de casación es un recurso extraordinario, esto quiere decir que solo se puede interponer en los casos en que la ley así lo permite (a esto se le llama motivos tasados), en otras palabras, solo podemos interponer recurso de casación por los motivos establecidos en la ley. Hoy examinamos los motivos de la casación civil, puesto que estos días hemos tenido la oportunidad en HDH ABOGADOS de formular recurso de casación por interés casacional, y queremos compartirlo con vosotros. Estos motivos son:
Por la tutela judicial civil de Derecho Fundamentales (excepto los reconocidos en el art. 24 de la Constitución Española – que se invocan vía recurso extraordinario por infracción procesal -).
En los casos en los que la cuantía del procedimiento supere los 600.000 euros.
Por interés casacional.
El interés casacional no requiere que la cuantía supere los 600.000 euros y, a su vez, se puede interponer por diversas razones como:
Infracción de la doctrina del propio Tribunal Supremo;
Existencia de jurisprudencia contradictoria en las Audiencias Provinciales;
Relativo a la aplicación de normas que lleven menos de 5 años en vigor, sin que exista jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre una norma anterior de contenido igual o semejante.

La particularidad que tiene este recurso es que únicamente debe tratar sobre cuestiones de fondo pues no se trata de una tercera instancia (cuestión esta reiterada hasta la saciedad por el propio Tribunal Supremo); por tanto, no procederá aducir en el recurso ninguna cuestión relativa a la valoración de la prueba, ni sobre los hechos.
La competencia para resolver corresponde a la Sala Primera del Tribunal Supremo y el plazo para interponerlo es de 20 días tras la notificación de la resolución que se pretende recurrir. Habrá que presentar el recurso frente al órgano “a quo”, es decir, frente al órgano que ha dictado la resolución que se va a recurrir; es decir, la Audiencia Provincial.
Al ser un recurso tan restrictivo, el mayor impedimento a la hora de interponerlo es de carácter procedimental, puesto que se requiere cumplir numerosos requisitos. Por ello, es importante valorar caso por caso la idoneidad de interponer el recurso, no siempre es recomendable.

Hemos sido noticia. Nuestro despacho llevaba la acusación particular en un caso de homicidio en grado de tentativa, en concurrencia con otros delitos. El fiscal, como relatan los rotativos, pedía once años de prisión, y se habría conformado con unos cinco. Nosotros interesábamos diecinueve años, como acusación particular. La calificación delictiva la establecimos de esa manera, considerando la posibilidad de que fuera un asesinato en grado de tentativa -doce años- y subsidiariamente homicidio en grado de tentativa -siete años-. El hecho de pedir más años de lo que probablemente habrían condenado al acusado era nuestra obligación.

El Ministerio Fiscal -es decir, el acusador público- no previó la petición de una medida de protección ambiciosa para nuestro cliente, la víctima del delito. Nosotros, la acusación particular, sí la contemplamos, puesto que era fundamental para la víctima que defendíamos que el agresor no anduviera cerca de ella, para su tranquilidad, por miedo a represalias. Conseguimos 27 años de prohibición de aproximación a 300 metros.

¿Que habríais hecho vosotros si os piden 19 años de cárcel? ¿Os habríais conformado con 7?Desde luego, nosotros siempre decimos tenéis que estar en manos de un abogado que tenga el conocimiento necesario para poder evaluar las probabilidades de que un Tribunal os condene a lo menos posible. De ahí el dicho: “es mejor un mal acuerdo que un buen pleito”.

A nosotros y a nuestra cliente nos queda claro que fue un buen acuerdo, por motivos que exceden al de estas reflexiones que hoy compartimos con vosotros. Lo que nunca sabremos es sí lo fue para el acusado.

Cuando presentamos una demanda contra alguien, la parte afectada puede estar de acuerdo o no con esta reclamación. Pues bien, en el caso de que no este de acuerdo, dicha parte puede formular nuevamente otra demanda contra ti siempre que los motivos de esa pretensión sean conexos a la demanda principal, es decir, que tengan relación entre ellos.
Esta práctica se suele realizar para evitarnos que hayan actuaciones innecesarias dentro de un mismo proceso ya que todo eso conlleva unas cargas económicas adicionales.
La reconvención se lleva a cabo en el escrito de contestación a la demanda.

Por ejemplo, imaginemos el caso de una demanda de divorcio en el que “Antonio” demanda a su mujer “Aurora” para dejar de pagarle la pensión compensatoria porque alega que en el patrimonio de “Aurora” están habiendo ingresos notables. En el momento en el que “Aurora” contesta a esa demanda y decide oponerse, también puede plantear una demanda de reconvención por la cual reclamará a su marido en el mismo proceso y al mismo tiempo que se contesta a la otra demanda, si bien estas reclamaciones que pide “Aurora” tendrán que estar relacionadas con el objeto principal de la demanda, es decir, con lo que pide “Antonio” en el divorcio, las cuales podrían ser alegar que en su patrimonio no solo no está entrando dinero sino que va disminuyendo y se encuentra en situación de desempleo.
“Antonio deberá contestar, dentro del plazo establecido legalmente, a esa demanda reconvenciones, sustanciándose toda la controversia en el mismo proceso.
OJO: EN EL DERECHO LABORAL PARA FORMULAR RECONVENCIÓN -NORMALMENTE LA EMPRESA AL TRABAJADOR- DEBERÁ ANUNCIARSE EN EL ACTO ANTE EL SMAC U ORGAMISMO SIMILAR.
Finalmente, el juez que conoce la demanda principal, la de “Antonio” es el mismo que conoce la demanda de reconvención de “Aurora”, lo que hace que haya de resolver en sentencia sobre ambas peticiones, de ahí que ésta deba contener pronunciamientos separados.

Este texto ha sido elaborado por la colaboradora Olivia Gran Verdú y revisado por el socio director David-Juan López Ortega.

Cuando se produce un despido, si el trabajador no está de acuerdo con este, puede impugnarlo ante los tribunales, y en la sentencia este puede ser clasificado de tres formas por el Juez de lo Social: procedente, improcedente y nulo. En este artículo nos vamos a centrar, por sus particularidades, en el despido nulo.

¿Que es un despido nulo? Para que un despido sea declarado como nulo tienen que darse alguna de las siguientes circunstancias, que se encuentran reguladas en el Estatuto de los Trabajadores:

-Cuando se produzca discriminación al trabajador por razón de su sexo, raza, nacionalidad, o ideología, entre otros.
-Cuando se vulneren derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador (libertad religiosa, ideológica, derecho de huelga, derecho al honor, libertad sindical, etc.)
-Cuando la persona despedida se encuentre en periodo de suspensión del contrato por adopción, nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o la lactancia, por enfermedades provocadas por el embarazo, pacto o lactancia.
-Cuando la trabajadora esté embarazada (el despido se produzca desde la fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del periodo de suspensión).
-Cuando los trabajadores se reintegren al trabajo tras finalizar los períodos de suspensión del contrato por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, siempre que no hayan transcurrido doce meses.
-Cuando la persona esté de permiso por cuidado de persona con discapacidad física, psíquica o sensorial.
-Cuando se produzca un despido colectivo sin respetar los procedimientos y los requisitos legales.
-Cuando se despide por enfermedad (enfermedad discapacitante, estigmatización o presión por parte de la empresa para la reincorporación del trabajador)
-Cuando se despide a una mujer víctima de violencia de género, que es despedida por el ejercicio de su derecho a la tutela judicial efectiva o a la asistencia social integral.

Es importante tener en cuenta que no siempre que la persona despedida se encuentre en alguna de las circunstancias mencionadas el despido va a ser considerado nulo, sino que tiene que probarse que el despido se produjo derivado de alguno de estos supuestos.

¿Qué consecuencias tiene la declaración de un despido nulo? A tenor del art. 113 de la Ley 36/2011 de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, si el despido es declarado improcedente, este tendrá dos derechos: el primero, a ser inmediatamente readmitido y el segundo, a cobrar los salarios de tramitación, es decir, los que no ha recibido desde que se le despidió hasta que ha sido readmitido.

Generalmente, la declaración de un despido improcedente no conlleva el derecho a cobrar una indemnización, excepto en determinados supuestos, pero no es automática. Estos supuestos serían la vulneración de derechos fundamentales (podría corresponder una indemnización por daños y perjuicios), o la negativa de la empresa a readmitir al trabajador).

Por último, cabe destacar que la nulidad de un despido solo puede ser decretado por el juez, ni por la empresa ni por el trabajador. Asesórate para conocer tus derechos.

Texto elaborado por la colaboradora Mireia Martínez Antelo y revisado por el socio David J. López Ortega.

Es muy habitual que en nuestro despacho nos pregunten los trabajadores con conflictos laborales por la figura del administrador judicial, en el orden social (derecho laboral). Esta figura está prevista en la Ley Reguladora de la Jurisdicción social (LRJS), para los supuestos en los que la empresa a la que “le ganamos el juicio” no cumpla voluntariamente con la condena en Sentencia.
De acreditarse que la empresa demandada (nuestro empleador) no tiene bienes suficientes para hacer frente a la condena por el despido, o por otros conceptos, como, por ejemplo, una condena dineraria por haber trabajado horas extras, y no haberlas cobrado; cabe la posibilidad de que se acuerde el nombramiento de un administrador judicial.
El procedimiento deriva en una citación a las partes (ejecutante/ejecutado) para que lleguen a un acuerdo sobre la designación del administrador judicial, así como los términos en que llevará a cabo dicha administración. En caso de no llegar a un acuerdo sobre el contenido de dicha administración, se convocará a las partes a presencia del Juez, tras cuyo incidente se dictará el oportuno Auto que resolverá sobre la designación del administrador judicial, exigencia o no de fianza, forma de actuación, rendición de cuentas y retribución procedente.

Hay que tener en cuenta que, en caso de que alguno de los llamados no compareciera a esa audiencia, se le tendrá por conforme con lo que en ella se acuerde.
Como regla general, el administrador judicial sustituirá la administración preexistente (por ejemplo, el administrador del bar donde trabajábamos). Recalcar que el administrador judicial necesitará autorización del Letrado de la Administración de Justicia para enajenar, o gravar, participaciones en la empresa, pero que, su función está dirigida a conseguir que cobremos lo que se nos reconoció en la Sentencia.
En cuanto a la retribución del administrador judicial, si ha sido designado judicialmente, su gestión tendrá carácter oficial, considerándose sus honorarios como gastos judiciales. En todo caso, la retribución habrá de ser acorde al caudal administrado, al trabajo a realizar y a la responsabilidad asumida, aunque no existe un criterio uniforme en torno a la cuantía de dicha retribución.En cualquier caso, el administrador judicial habrá de actuar en todo momento con independencia e imparcialidad, estando únicamente sometido al control del Juez. Sin embargo, las partes tendrán derecho a conocer de las actuaciones que lleva a cabo.