Es importante destacar en primer lugar que, el Código Civil (CC) distingue dos tipos de invalidez:
Nulidad: con la declaración en sentencia de la nulidad nos encontramos que el contrato no ha llegado a existir nunca al carecer de alguno de sus elementos esenciales, por lo que hay que retrotraer las prestaciones efectuadas por las partes al momento anterior de la firma del contrato (la sentencia es declarativa). Es importante en materia bancaria: pedimos la nulidad de cláusulas abusivas, pero no podremos ejecutar esa sentencia para reclamar una cantidad “X” derivada de dicha nulidad -salvo que acumulemos acciones-, sino que deberíamos abrir otro procedimiento en reclamación de cantidad sobre la base de la sentencia estimatoria.
Anulabilidad: el contrato produjo efectos, pero estos efectos son claudicantes, es decir, que se supeditan a que no recaiga una sentencia que lo anule y lo considere inválido desde su celebración (la sentencia es constitutiva): Además, el contrato sí despliega su validez hasta que no se declare la anulabilidad.
Dentro del régimen jurídico ambos tipos de invalidez tienen notables diferencias, aunque resulta complicado saber cuándo se puede aplicar una u otra.

La nulidad del contrato tiene las siguientes caracteristicas:
Tienen su origen en un defecto grave (estructural) del contrato (desde el momento de la celebración).
Produce la carencia absoluta de efectos desde el inicio (quod nullum est, nullum effectum producit, es decir, lo que es nulo no produce efecto alguno), aunque pueda producir algunas consecuencias jurídicas.
Opera “ipso iure” (si se da una resolución judicial tendrá carácter declarativo).
Tiene carácter definitivo, por lo que no es subsanable.
La acción para reclamar la nulidad no tiene plazo de caducidad.
La anulabilidad del contrato tiene las siguientes características:
Tiene su origen en defectos estructurales del contrato, de menor entidad, desde el punto de vista de los intereses generales.
Produce todos sus efectos hasta que se declara la anulación (el contrato tiene eficacia claudicante).
Se otorga la anulación para protección de algunos intereses particulares (los titulares de esos intereses son los facultados para ejercitar la acción).
El defecto o vicio puede ser sanado mediante la confirmación del afectado (el legitimado para reclamar la anulación).
La acción tiene plazo de caducidad.
En el art. 1300 CC se establece que “los contratos en que concurran los requisitos que expresa el artículo 1261 pueden ser anulados, aunque no haya lesión para los contratantes, siempre que adolezcan de alguno de los vicios que los invalidan con arreglo a la ley”. Concretamente podemos encontrar los siguientes vicios:
Existir vicios de la voluntad al contratar (error vicio, violencia, intimidación, dolo y el error en los motivos comunes).
Contratar sin tener plena capacidad para ello (siendo menor o incapaz).
Contratar sin el consentimiento del otro cónyuge cuando lo exige la ley.
Estos conceptos son fundamentales y muchas veces se confunden.

Texto elaborado por Ariadna Martínez Adell y revisado por David J. López Ortega.

Es muy frecuente que un fontanero, por ejemplo, subcontratista, reciba el encargo de un constructor, contratista, para realizar una obra. En éste caso se da el fenómeno de la subcontratación, que, en ocasiones, da lugar a situaciones en las que el fontanero, después de haber ejecutado la obra, no ve satisfecho su crédito frente al constructor. Pero el dueño de la vivienda, el comitente, tiene en su casa unas tuberías que funcionan perfectamente… ¿Cómo cobra su crédito el fontanero del dueño de la vivienda? ¿Acaso no se ha beneficiado de la obra?

¿Cuál es el plazo para ejercitar dicha acción?: Según el art. 1964 el plazo es de 5 años a contar desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación, es decir, desde que debiera de haber cumplido. ¿Tengo que reclamarle primero al contratista?: No es necesario, aunque sí aconsejable ya que lo ideal en caso de impago sería reclamar (judicialmente, en su caso) conjuntamente tanto al contratista como al comitente. Esto se articularía ejercitando una acción de reclamación de pago contra el contratista con, subsidiariamente, condena al deudor mediato o comitente; es decir, lo aconsajable en estos casos es acumular las acciones contra el contratista y contra el comitente.

Por otro lado, si existen dudas acerca de la liquidez del contratista es aconsajable (aunque en la práctica poco frecuente) solicitar la anotación preventiva del crédito, pues se trata de un crédito refaccionario inmobiliario y de estar anotado, en caso de dificultades en el cobro, el crédito gozaría de preferencia para el cobro frente a otros acreedores, tal como establece el art.1923 C.C.

¿que características tiene esta acción?:

1. Se invierte la carga de la prueba: es decir, el dueño o comitente debe probar que no tiene que pagar, porque ya pagó al constructor, por ejemplo.
2. No se pueden oponer las mismas excepciones que frente al contratista al ser relaciones jurídicas distintas.
3. No requiere previa insolvencia del contratista o excusión de sus bienes.
4. El pago hecho por el comitente al contratista puede no ser liberatorio, siempre y cuando se haya realizado con anterioridad a su vencimiento.
5. no son válidas las letras de cambio que no se hayan hecho efectivas.
6. es acumulable junto con la acción frente al contratista.

En cuanto a los requisitos necesarios para ejercitar la acción, la jurisprudencia los ha ido perfilando a lo largo de los años, pero, en cualquier caso, recomendamos acudir a un Abogado especialista, puesto que “un paso en falso” en éste tipo de demandas puede suponer perder el pleito con costas procesales.

La subcontratación implica la presencia simultánea de dos relaciones contractuales, por una parte, la del subcontratista con el contratista y, por otra, la del contratista y el comitente. Bien, nuestro Código Civil nos otorga una vía directa para reclamar las cantidades impagadas por el contratista directamente al comitente: Es decir, por el fontanero al dueño de la casa: y lo hace a través del artículo 1597, que supone una excepción al art. 1257: «Los contratos solo producen efectos entre las partes que los otorgan”. Se trata de un mecanismo de protección del crédito que faculta al acreedor para dirigirse contra el deudor de su deudor, sin necesidad de perseguir patrimonialmente al deudor principal o contratista -recordemos, el constructor “cara dura” que no paga al fontanero-.

El administrador de una sociedad es el encargado de la gestión y representación de la misma. La responsabilidad de los administradores viene recogida en los artículos 236 a 241 bis LSC.
Tenemos que distinguir la acción de responsabilidad por las deudas sociales (art. 367 LSC) de la acción individual de responsabilidad (art. 241 LSC), ya que su régimen jurídico es distinto.
Con la acción de responsabilidad por deudas sociales se facilita la reclamación que interpone el acreedor social ya que se le libera de la carga de probar la relación de causalidad o la propia culpa de los administradores.
Además, con dicha acción lo que se pretende es la declaración de que los administradores tienen que responder frente a las deudas de la sociedad con su patrimonio personal. Normalmente esta acción se ejercita cuando los administradores no han solicitado la disolución o el concurso voluntario de la empresa, por las causas previstas en el art. 363 de la Ley de Sociedades de Capital.
Cabe aclarar que con dicha acción los administradores solo serán responsables por las deudas que se hayan contraído con posterioridad a la causa de disolución o solicitud de concurso, nunca por las deudas anteriores.

Por el contrario, en la acción individual de responsabilidad es el propio acreedor el que tiene que probar que la acción u omisión en las funciones de los administradores en el ejercicio de su cargo, le ha producido un daño. Es decir, lo que se tiene que probar es el nexo de imputación subjetiva entre la conducta del administrador y el daño que se ha producido.A través de dicha acción, lo que se busca es hacer responsables a los administradores de manera personal por los hechos realizados en interés y beneficio de la sociedad, que lo que han producido una lesión en el patrimonio de un tercero por un acto, culposo, doloso o negligente.

Dicha acción prescribe a los cuatro años a contar desde el día en que hubiera podido ejercitarse como así lo establece el artículo 241 bis LSC.

Cada caso hay que examinarlo “con lupa”, los jueces son reacios a derivar responsabilidades de la sociedad a los administradores con facilidad, a diferencia de lo que lleva haciendo la Agencia Tributaria en los últimos años. La derivación de responsabiliad tributaria está cada vez más generalizada y supone un problema para muchas familias, que deben atender a las obligaciones de sus sociedades o de algunos parientes, cuestión ésta que abordaremos en otro momento.

Este texto ha sido elaborado conjuntamente por la colaboradora Ariadna Martínez Adell y por el socio David J. López Ortega.